El gravamen a las energéticas, como a las entidades bancarias, es un icono sobre el que el partido de Pedro Sánchez trata de mantener alguna sintonía con Sumar, Podemos, ERC y EH Bildu que dé visos de progresismo sin concesiones. Presto el Gobierno a promulgar un decreto-ley que mantenga tal figura impositiva a pesar de que decayera ayer en el Congreso. Es la reducción de la democracia parlamentaria a pura simbología. Nadie parece obligado a explicar las razones de una imposición fiscal a partir de los efectos previsibles de su aplicación. Con lo que nadie se ve emplazado a rebatirlas. Es la metáfora de la legislatura. La de una confrontación permanente por la que todo cuanto se ve obligado a promover el Gobierno para mantenerse a falta de una alternativa viable es necesariamente bueno para el país. Y todo ello, sin distinción, resulta nocivo para España según sus opositores.

El impuesto especial sobre las energéticas es el icono del momento, y la medida de la intransigencia a la que se dirige la política de la polarización. Lo de menos es que la votación de ayer haga tambalear el actual mandato de Pedro Sánchez. Lo de más es que se adopten o revoquen decisiones a impulsos partidistas que no merecen siquiera la calificación de tácticos. El Gobierno ha de atender el sentido del voto del Congreso, renunciando a someter a la consideración contraria de la Cámara baja un nuevo intento de contentar a los justicieros fiscales. Aunque le suponga admitir que se sostiene sobre una mayoría parlamentaria de circunstancias.