Antonio Rivera-El Correo
Sigue vivo el problema de la memoria y de las víctimas de nuestras violencias políticas. La reacción de la presidenta madrileña lo evidencia, como lo hace la reclamación recurrente de las víctimas que se tienen por olvidadas. Además de las víctimas del franquismo tenemos las llamadas «otras víctimas», las producidas durante la Transición que no entran en el marco del terrorismo.
El esfuerzo que los poderes públicos y la sociedad han hecho finalmente por las víctimas del terrorismo y por su memoria ha empezado a colmar el vaso de su justa y durante años olvidada demanda. No se ha resuelto todo, ni mucho menos, pero se está en el buen camino, más allá de lo que instrumente alguna facción asociativa politizada (en el mal sentido del término).
No es el caso de esas otras víctimas, ni de la memoria de quienes sufrieron en el «contexto de violencia» del tardofranquismo y la Transición. La Ley de Memoria Democrática de 2022, precisamente, se aplica a ello y de ahí el recordatorio próximo de cómo cambiaron las cosas de un régimen de dictadura a otro de libertades.
Algún gobernante de la derecha, como el andaluz Moreno Bonilla, ha respaldado la oportunidad de hacerlo. ¿Con qué argumento loable los conservadores no pueden felicitarse también de ese tránsito? ¿Por qué va a ser menos víctima el joven García Caparrós, muerto un 4 de diciembre de 1977 en Málaga por disparos de la policía mientras participaba en una manifestación pro autonomía, que cualquier víctima del terrorismo? ¿No representaba vicariamente como víctima un valor democrático, igual que lo hicieron las de ETA?
La nueva ‘boutade’ de la Ayuso no se queda en este caso en su rifirrafe matutino contra La Sanchosfera. Representa bien una perniciosa inclinación de la derecha por identificarse solo con la memoria de las víctimas de ETA, haciendo abstracción de las otras. Un intento de apropiación falaz que se equilibra con el que hace el izquierdismo con esas «otras víctimas» y esa otra memoria de represión policial o de mal ejercicio del monopolio de la violencia legítima que detenta el Estado.
El riesgo en este instante ya no es una mezcla indiferenciada de víctimas que nos impida entender el carácter y sentido de cada victimización. El riesgo hoy es la atribución sectaria a izquierda y a derecha de unas víctimas y de una memoria del pasado. El riesgo es el de un recuerdo común imposible. Para ello hace falta corregir el desequilibrio existente en el tratamiento de unas y otras víctimas y también de sus memorias. A partir de ahí, desde una verdad, justicia y reparación similares, estaremos en disposición de incorporar a todas como memoria cultural, sin que a nadie le altere en demasía su recuerdo.