No me preguntes si habrá elecciones este año. Ni a mí ni a nadie porque nadie, ni siquiera el único que las puede convocar, está en condiciones de adivinarlo. Lo que sí sabemos es que no está en sus planes por el momento. Incluso en el caso hipotético de que el presidente se viera obligado a dimitir sin remedio –que no será, desde luego, por imperativo ético–, podría suceder que prefiriese buscar un sucesor al que ceder el relevo negociando con sus socios la investidura de un nuevo gobierno. Podemos especular por especular, como mero entretenimiento, pero en un escenario político tan volátil no existe modo objetivo de formular un pronóstico aproximadamente cierto. Y en general suele resultar desaconsejable confundir la realidad con el deseo.

Esta legislatura es desde el principio inviable… para cualquiera que no se llame Pedro Sánchez. Es decir, para alguien acostumbrado a respetar las reglas de juego convencionales. Pero ese alguien no habría basado su reelección en la cesión a un chantaje, ni estaría dispuesto a prolongar el mandato a base de seguir pagando sucesivos rescates. Sánchez sí. Más aún: pretende resistir a cara de perro aunque su equipo y sus familiares sean procesados, y eventualmente condenados, por los tribunales. Y si él mismo acabara imputado, cosa por ahora improbable, le quedaría el recurso de usar el aforamiento para enrocarse convirtiendo el suplicatorio en objeto de un salvaje choque de legitimidades.

O no, que diría Rajoy con su cachaza. O tal vez se atreviese, si el juez que investiga a Begoña Gómez siguiera adelante con la causa o si alguno de los aliados decidiera retirarle definitivamente la confianza, a jugarse el todo por el todo apelando a la voluntad ciudadana. Ya lo hizo una vez, cuando perdió el poder territorial, y le salió bien gracias a la inepcia de la oposición y a un aparato propagandístico de contrastada eficacia. Esa sería la salida normal de un Ejecutivo cercado por sospechas fundadas de corrupción y en situación de flagrante precariedad parlamentaria. Sin embargo, no parece la más verosímil en una etapa caracterizada por la consagración de la anomalía democrática.

En los mentideros –apropiada palabra– de la capital viene en las últimas semanas circulando la especie rumorosa de un superescándalo, una revelación de trascendencia insoslayable, un ‘bombazo’ cuya onda expansiva reventaría al Gobierno de arriba abajo. Puede tratarse de pensamiento desiderativo de círculos antisanchistas, de la tradición intrigante propia de ambientes políticos y sociales muy crispados o de alguna filtración envuelta en el halo misterioso de quienes presumen de estar al tanto de los secretos áulicos. Te diré algo: lo que pueda ocurrir a corto plazo escapa de nuestras manos. Y de cualquier modo, conviene recordar que la derecha española se ha especializado en reclamar penaltis para acabar fallándolos.