El PSOE ha registrado este viernes en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que supone un paso más en la involución democrática de España y profundiza en el conflicto que viene sosteniendo el Gobierno con la Justicia y los medios de comunicación.
El texto, que contempla modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Código Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial, tres normas claves de la estructura del Estado de Derecho, pretende restringir la acción popular en las causas penales y prohibir aquellos procesos «basados en recortes de prensa».
Es elocuente el repudio de la reforma por todas las asociaciones judiciales, incluida la progresista Juezas y Jueces por la Democracia. Señalan, cargadas de razones, que la propuesta parece diseñada a la medida de determinados casos de corrupción que afectan en estos momentos al Gobierno, para determinados nombres y apellidos, lo que contradice el carácter de generalidad e igualdad legal que toda norma debería cumplir no sólo formalmente, sino en la práctica.
Si a esto se le añade la introducción por el PSOE de una disposición transitoria que establece que la reforma «será aplicable» a los procesos que se encuentren en curso cuando entre en vigor, algo excepcional cuando se trata de modificaciones procesales, se hace aún más evidente que el texto está concebido ad hoc para beneficiar a Begoña Gómez y al hermano de Pedro Sánchez.
Porque ambos están siendo investigados en procedimientos judiciales que se originaron a partir de «informaciones periodísticas» que el texto considera insuficientes para incoar el proceso penal. Y en las causas de ambos están personados partidos políticos o asociaciones como las que el PSOE quiere excluir del ejercicio de la acción popular. Y se investigan delitos que el Gobierno pretende expulsar del ámbito de ejercicio de la acusación popular, por lo que decaerían si el fiscal no acusa.
Esta «modulación» se justifica en la exposición de motivos por la necesidad de «neutralizar los mecanismos de acoso» que «pervirtiendo las herramientas del Estado de Derecho, utilizan las acciones judiciales como vehículo de sus objetivos».
Y es razonable compartir el anhelo del PSOE por «restaurar los fines para los que fueron concebidas la legislación penal y procesal».
Porque es una realidad que la acción popular está siendo bastardeada por la instrumentalización de los partidos políticos (incluido el PSOE, personado recientemente en el caso Koldo) que al personarse en procedimientos penales contribuyen inevitablemente a la politización de la Justicia. Y por eso esta figura debe ser embridada.
Pero media una gran distancia entre limitar el ejercicio de la acusación popular y neutralizarla, que es lo que provocaría la proposición de ser aprobada. Excluir «la participación plena de la acusación popular durante la fase procesal de instrucción», circunscribiéndola a la fase de juicio oral y a la formulación inicial de la querella o la denuncia, implica desvirtuarla completamente como herramienta de participación ciudadana en la administración de justicia.
Aun con el uso abusivo y espurio que algunas organizaciones hacen de la acción popular (que podría corregirse mediante medidas distintas a las propuestas por el PSOE), esta figura tiene un valor imponderable. Tanto es así que la Constitución Española la reconoce en su artículo 125 como el mecanismo mediante el que los ciudadanos pueden «participar en la actividad de los tribunales» incluso si no son los ofendidos o perjudicados directos por el delito.
Contrariamente a lo que alega el PSOE, la restricción no es «conforme al mandato constitucional». Al no permitirle participar en la fase de instrucción, impidiéndole tener acceso a la fase de investigación hasta que concluya, la acción popular queda desnaturalizada en el sentido en el que la contempla la Constitución: como una vía que habilita a cualquier ciudadano que crea poseer elementos indiciarios de que se ha cometido un delito a impulsar las pesquisas de los tribunales.
La acción popular se fundamenta en un principio básico de la democracia, hasta el punto de que incluso Sumar se ha desmarcado de la pretensión de vaciarla de contenido. Basta recordar que sin un ejercicio pleno de esta figura nunca se habrían podido perseguir los crímenes de los GAL.
Se verá igualmente comprometida su función de contrapeso del Ministerio Fiscal, cuya actuación tiene tantas veces la apariencia de control político en los procesos más delicados. Algo que resulta más inquietante aún en el actual contexto en el que Sánchez considera al fiscal general como suyo.
Además, a quien indudablemente favorecería esta ley sería a Carles Puigdemont, pues la presencia de Vox como acusación popular en la causa del procés es la que permite mantener la orden nacional de prisión. De aprobarse la norma antes de que el Tribunal Constitucional resuelva sobre la Ley de Amnistía, el expresidente catalán prófugo de la Justicia podría ser arrestado si vuelve a España, pero no podría ser encarcelado ya que ni el fiscal ni la Abogacía del Estado instarían esta medida cautelar.
La reforma permitiría por tanto, de tapadillo revenderle la amnistía a Puigdemont en sus efectos prácticos. Una nueva zanahoria que podría servir para desencallar la negociación de los Presupuestos Generales del Estado que Junts mantiene bloqueados, y encarrilar así el resto de la legislatura.
El único principio que gobierna la producción legislativa del Ejecutivo y el partido de Sánchez es zafarse de cada uno de los escollos susceptibles de obstaculizar su ejercicio arbitrario del poder.
¿Cómo se explica si no la intención de obligar a los jueces a inadmitir las denuncias o querellas basadas en informaciones periodísticas?
El Gobierno aspira a que el hecho de que un proceso penal se origine en una denuncia informativa sea motivo automático de recelo, como si la prensa no fuera precisamente una condición necesaria para el funcionamiento de la democracia. Lo cual señala nuevamente la fobia de Sánchez contra la función fiscalizadora del poder de los medios críticos.
La proposición del PSOE es coherente con el modus operandi de este Gobierno, ya ensayado con las medidas presentadas para «reforzar la pluralidad informativa»: a base de cambios discrecionales en las reglas del juego, empeorar la calidad de la democracia con la excusa de mejorarla.