La Ley del Gobierno 50/1997, de 27 de noviembre, en su artículo 14 (“Del régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno”), establece que 1): “Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna”. 2): “Será de aplicación, asimismo, a los miembros del Gobierno el régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración General del Estado”.

Este régimen, actualizado por la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, precisa a su vez que “los altos cargos servirán con objetividad los intereses generales, debiendo evitar que sus intereses personales puedan influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades” (Título II, artículo 11).

Todas las normas son interpretables. Incluso, en no pocas ocasiones, es conveniente aplicarlas con la máxima elasticidad. No es este el caso. No puede haber manga ancha cuando son la imparcialidad y el buen uso de los recursos públicos, así como el crédito de las instituciones, los valores que están en juego; cuando es el derecho de los ciudadanos a ser tratados por igual lo que se pone en entredicho.

Ministros por la mañana y líderes regionales de la oposición por la tarde. Si esto no es un fraude de ley se le parece mucho. Estamos en presencia de una adulteración de los principios más básicos que deben respetarse en una democracia

¿La secretaría general del PSOE de Andalucía (o de cualquier otro territorio) encaja o no en la definición de “función representativa”? ¿Puede garantizar María Jesús Montero que, en su condición de ministra de Hacienda, va a poder servir “con objetividad los intereses generales” de Andalucía y del conjunto de España tras asumir el liderazgo del socialismo andaluz? La misma duda razonable cabe plantearse con Diana Morant (Comunidad Valenciana), Pilar Alegría (Aragón) y Óscar López (Madrid).

¿Cuál va a ser su prioridad a partir de ahora: preservar el interés general o expulsar al PP del poder autonómico? ¿Cómo van a repartir su tiempo: ministros por la mañana y líderes regionales de la oposición por la tarde? Si esto no es un fraude de ley, se le parece mucho. Pero de lo que no hay duda es de que estamos en presencia de una turbia doblez del rol de ministro, ante una adulteración de los principios básicos que deben respetarse en una democracia. Una más.

Dinero público para uso partidario

He repasado la composición de todos los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero y no he encontrado ningún caso en el que un ministro haya compatibilizado su cargo en el Ejecutivo con el liderazgo de su partido en una comunidad autónoma. Y si lo hubo, y se me ha pasado, estaríamos ante la excepción que confirma la regla, y no ante un plan premeditado de recuperación del poder en el que se utiliza como principal instrumento, allá donde es posible, un descarado ventajismo político, aun a costa del crédito de una institución que es parte fundamental del vértice constitucional: el Consejo de Ministros.

Ya casi nada nos sorprende. O la sorpresa nos dura poco. De este modo, asumimos con normalidad una colonización institucional sin precedentes, convivimos, sin excesivos problemas, con el uso normalizado de dinero procedente de los presupuestos generales del Estado para cubrir los gastos de eventos que son de estricto interés partidario. Hemos asimilado sin demasiado esfuerzo la práctica consistente en que altos cargos cuyo sueldo pagamos todos dediquen parte de su jornada laboral a trabajar para las siglas a las que deben su puesto. Y lo más probable es que también demos por buena esta última arbitrariedad.

Estamos ante la decisión despótica, una más, de un tipo que entiende la política como una fría y cruenta batalla por el poder, y no como noble actividad cuyo fin primordial es mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos

Y, sin embargo, la decisión de situar como candidatos territoriales del partido a ministros en pleno ejercicio de su cargo, y en uso regular de su firma en el Boletín Oficial del Estado, es un hecho de manifiesta gravedad. Miembros del Gobierno de la nación, en flagrante incompatibilidad según las leyes, utilizando recursos públicos y aprovechando la proyección mediática aneja a su cargo para combatir al adversario. Estamos ante la decisión despótica, sí, una más, de un tipo que entiende la política como una fría y cruenta batalla por el poder, y no como noble actividad cuyo fin primordial es mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

Al imponer a algunos de sus ministros como líderes regionales, Sánchez, de entrada, da la puntilla a unas primarias que desde que él es el líder del PSOE han perdido toda validez. Pero lo más grave es la consolidación de una forma de hacer política que desprecia sistemáticamente las normas básicas que deben regir en una democracia madura, empezando por la nítida separación entre partido e instituciones, incluida la institución del Consejo de Ministros.

Y con este penúltimo episodio, del inacabable serial de atropellos contabilizados (ayer se anunció el que puede ser el siguiente), a lo que asistimos, con sorprendente naturalidad, es a la aplicación de una decisión anómala del presidente del Gobierno que choca con la letra y el espíritu de la ley. Si no es abiertamente ilegal.