En diciembre de 2016, hace ahora ocho años, un conocido pistolero de ETA, Francisco Javier Balerdi, regresó a su casa tras pasar veinticuatro años en la cárcel de Herrera de La Mancha. Cinco asesinatos a sangre fría eran sus antecedentes. José Ángel Mota Iglesias era un funcionario de prisiones al que descerrajó a quemarropa un tiro en la cabeza cuando sostenía en brazos a su bebé de sólo cinco meses. Al salir de prisión, y a su llegada a San Sebastián, una comitiva de admiradores de su hazaña y familiares orgullosos lo recibió entre vítores. Acogían el regreso a casa de un héroe, de un ‘gudari’ de la causa vasca. A fin de cuentas, y para tranquilizar la conciencia de algunos, al bebé lo dejó vivo. No era tan desalmado en el fondo.

En el homenaje a Balerdi había niños que probablemente no podían tener ni idea de que agasajaban a un asesino, pero a los que habían dicho que debían exhibir orgullo de pertenencia. Que ser cachorros de semejante animalada formaba parte de un modo de ser, de una manera de sentir la patria vasca. Antes, en 1990, Balerdi había ofrecido datos sustanciales al comando etarra que asesinó a un capitán de Infantería, Ignacio Urrutia, y un año después ametralló al gobernador militar de Guipúzcoa, el coronel Luis García Lozano. El vídeo del homenaje se compartió más de 17.000 veces en un solo día y se celebró a pocos metros del portal donde residía una de sus víctimas. Demasiado miserable como para ocultar el dato.

En la entrevista que Víctor Lenore hizo en Vozpópuli el pasado 18 de noviembre a Alfonso J. Ussía, un valiente de pantalones en su sitio y cojones como pomelos, el autor de ‘Borroka’ (léanlo, por Dios) decía que “cualquier ambigüedad con ETA es despreciable. De un cinismo que juega con las víctimas. Parece que es el tiempo que nos toca. Un tiempo de canallas y traidores (…) Es muy difícil entender que reventar a un niño con una bomba de amonal pueda reivindicar nada. Es cosa de enfermos”. Al bueno de Alfonso no le falta ni sobra una sola palabra. Recordaba cómo en el atentado de Hipercor los terroristas pusieron escamas de jabón entre la metralla de tuercas y tornillos para que al rozar la piel de las víctimas, a esa temperatura, el jabón se derritiera dejando su piel abrasada. Sí. Cosa de enfermos.

Estos días, en coincidencia con el primero de los fastos antifranquistas organizados por el Gobierno de Pedro Sánchez, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, hizo público un informe en el que constata que en 2024 se han producido 421 actos de apoyo a ETA. Son 45 menos que en 2023, pero con que haya uno solo, la derrota de los demócratas, la ofensa a las víctimas, la humillación de sus familiares y la puñalada a su memoria duele tanto como el recuerdo perenne de quienes ya no podrán abrazar más a sus seres queridos.

Cualquier día de estos, Otegi exige a Sánchez apartar a todas las organizaciones que representan judicialmente a las víctimas en los 400 procesos penales de ETA que nuestra democracia sigue sin resolver

Esta pasada Navidad, los ayuntamientos de Villabona, Aduna, Alkiza, Asteasu, Zizurkil, Ondarroa y Gernika han promovido institucionalmente, con presupuesto público, comunicaciones para favorecer manifestaciones proetarras por Nochevieja. Son ayuntamientos de moral distraída que contravienen el principio de neutralidad política al que están obligados por la Ley 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo. Y nada ocurre. No hay fiscales contra esos alcaldes. No hay acusaciones, juzgados de guardia… Ya no es la lucha por la memoria de los demócratas la que queda herida. Es el principio de legalidad el que se vulnera con la normalidad con que alguien abre un botellín de cerveza. Es el olvido de tanta sangre, sin más.

En 2017, la Universidad de Deusto publicó un estudio en el que se concluía que el 47% de los encuestados, universitarios, no sabía quién era Miguel Ángel Blanco. Uno de cada dos jóvenes desconocía aquella tragedia. Hoy la proporción habrá aumentado, naturalmente, porque nadie, ninguna institución pública, quiere que se recuerde el grado de crueldad con el que ETA condicionó la vida pública durante más de 40 años. En octubre de 2020, otro estudio, esta vez de GAD3, concluyó que más de la mitad de los españoles cree que ETA seguía activa y el 20% todavía pensaba que el atentado del 11M fue perpetrado por la banda. El 95% de los españoles desconocía el número de víctimas de ETA y 7 de cada 10 menores de 35 años admitía no haber estudiado nada sobre ETA en el colegio o en la Universidad. Así, tiene lógica que 7 de cada 10 españoles digan no saber quién fue Ortega Lara, o ni siquiera reconocer la figura del socialista Ernest Lluch, un auténtico desconocido para el 80 por ciento de los menores de 30 años.

Enhorabuena a los agraciados. ETA y su memoria destructiva están en el punto máximo de blanqueo institucional en España. Arnaldo Otegi ha pasado inadvertido esta semana. Pero ha afirmado que los vascos necesitan la soberanía para evitar el riesgo de ser gobernados por un Ejecutivo conformado por PP y Vox, “fuerzas favorables al franquismo”. El mimetismo del discurso entre Pedro Sánchez y Otegi ya no ofrece diferencias. Esto lo dijo Otegi el miércoles, una vez que Sánchez sostuvo el lunes sin sonrojo que en España se ha reavivado el miedo a una dictadura de ultraderecha.

Corina Machado ha establecido en Venezuela la frontera que divide la valentía contra un dictador vivo frente al postureo de Sánchez contra un dictador muerto. ¿No sería más ‘democrático’ reivindicar a los muertos por la democracia que a los espectros de una dictadura?

Ahora que está tan en boga esto de los delitos en el entorno de Moncloa, lo de Sánchez no es más que la apropiación indebida de una tromboflebitis en beneficio propio. Una ‘memoria democrática’ virtual, alentando miedos atávicos y alertas ridículas ante un supuesto riesgo para la pervivencia de las libertades en España,… mientras desde La Moncloa el Gobierno se encarga de conculcar esas mismas libertades con una ley que fulmina, en su único provecho, los procesos penales por corrupción. Sánchez promueve leyes de impunidad con nombres y apellidos, la ‘ley Begoña’, mientras nos inocula el miedo a un fascismo que sólo existe en sus cálculos electorales. Desguazadas las acusaciones particulares, cualquier día de estos Otegi exige a Sánchez apartar a todas las organizaciones que representan judicialmente a las víctimas de ETA en los 400 procesos penales que nuestra democracia sigue sin resolver. Y si esos procesos están aún vivos, es sólo gracias a la perseverancia de quienes conservan la auténtica memoria de los demócratas ante la irritante dejación de funciones del Estado.

En Venezuela, Corina Machado ha establecido con coraje la frontera que separa la valentía de un líder contra un dictador vivo del postureo de otro contra un dictador muerto. En 1975. Lo ‘democrático’ es reivindicar a los muertos por la democracia, no endulzar el pasado de asesinos o resucitar espectros de una dictadura. Lo valiente es gritar que Miguel Ángel, o Ernest, o José Ángel, o Luis, y así hasta 800, sí merecen una ‘memoria democrática’ que se les ha robado pervirtiendo su historia. Su vida. Y su sacrificio.