- Starmer le ha enseñado la puerta de salida a su secretaria de Estado del Tesoro por un caso que aquí para el PSOE no pasaría de chascarrillo irrelevante
Les voy a contar una historia increíble. Una chaladura inglesa. El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, ha forzado la dimisión de su secretaria de Estado del Tesoro, Tulip Siddiq, de 42 años, por posibles sombras de corrupción. Y lo ha hecho a pesar de que es amiga personal suya y de que el consejero independiente del Número 10 para asuntos éticos concluyó en un informe que Siddiq «no infringió en nada el código de conducta ministerial».
Starmer demuestra así que es un pánfilo y un pésimo «progresista». Con lo fácil que era mantenerla en su puesto explicando a los británicos que todo son «bulos» de la prensa y una conjura contra el providencial Gobierno de izquierdas por parte de «la derecha y la ultraderecha».
Tulip Siddiq, una londinense que se afilió a los 16 años al Partido Laborista, tenía entre sus competencias en el Gobierno británico el control de los servicios financieros y la lucha contra la corrupción. Siddiq es sobrina carnal de Sheikh Hasida, que fue primera ministra de Bangladesh hasta agosto del año pasado, cuando fuertes protestas provocaron su marcha al exilio. Tras su caída, los nuevos gobernantes acusan a su partido, llamado Awami, de haberse llevado carros de dinero de contratos de infraestructuras.
El pasado diciembre, en el contexto de ese caso, la Comisión contra la Corrupción de Bangladesh citó de pasada en un informe a la secretaria del Tesoro Británica como posible beneficiaria de la trama.
A comienzos de este mes, la prensa —que como sabemos gracias a Sánchez y Bolaños vive instalada en el bulo— aportó novedades. Financial Times publicó que el piso londinense en el que vivía la secretaria de Estado del Tesoro era un regalo que le había hecho hace 20 años un hombre de negocios de Bangladesh, y no sus padres, como había declarado ella en un primer momento.
Ante esa información, Tulip Siddiq solicitó un informe sobre su comportamiento al consejero independiente del primer ministro para asuntos de ética ministerial, un empresario de la City de 69 años, llamado sir Laurie Magnus (en la democracia inglesa están tan locos que este señor fue nombrado por los conservadores para tan delicado cargo y sigue ahí con el Gobierno laborista). Por su parte, Starmer declaró la semana pasada que mantenía su plena confianza en su secretaria de Estado del Tesoro.
Sir Laurie Magnus, un patricio de la cuadra de Eton y Oxford, estudió el caso y este lunes envió su informe a Starmer. Allí concluía que Tulip Siddiq «no infringió el código ético ministerial» y que no había nada concreto en su contra («no ha surgido un conflicto, ni se ven indicios razonables de que pueda haberlo»).
Sin embargo, sir Laurie dejaba caer algo más al final de su dictamen: «Es lamentable —escribió a modo de coda— que dado su cargo no estuviese más alerta sobre los riesgos reputacionales para ella y para su Gobierno que podrían surgir de su asociación familiar con Bangladesh».
Con esa simple coletilla, sir Laurie estaba enseñándole la puerta a la secretaria de Estado del Tesoro. Y así ha sido. Al día siguiente, Tulip Siddiq le presentaba a Starmer su carta de dimisión, en la que reiteraba su inocencia y limpieza, pero donde explicaba que no podía continuar en su cargo porque «supondría una distracción en el trabajo del Gobierno». Y para casa. Asunto cerrado.
Starmer es amigo personal de ella y las familias de ambos comparten a veces fines de semana de asueto. Pero con «profunda tristeza» la ha obligado a dimitir, porque así funcionan los mecanismos de limpieza de la democracia británica. El público, los medios y la oposición no tolerarían otra cosa. Boris Johnson tuvo que irse por mentir sobre un vino en el Número 10 con sus colaboradores durante el confinamiento de la pandemia. Armengol fue pillada de copas de madrugada mientras los españoles estábamos confinados y ha sido premiada por Sánchez elevándola a tercera autoridad del Estado.
En la pujante democracia de Sanchistán, un fiscal general imputado por guerra sucia política se aferra al cargo de la manera más impúdica. El ministro de Justicia carga a degüello contra el juez que lo investiga, fumándose la separación de poderes. El partido que gobierna anuncia una ley a la carta, con carácter retroactivo, para intentar paralizar los procesos por sendos casos de corrupción de la mujer y el hermano del presidente. Y el gobernante, en vez de dimitir ante la acumulación de escándalos que lo desacreditan, señala a jueces y periodistas con epítetos, se querella utilizando a la Abogacía del Estado contra el juez que investiga a su mujer e incluso miente al público sobre la petición de ayuda a la UE ante a la mayor catástrofe del siglo en España.
El supremo visir de Sanchistán intenta flotar sobre una montaña de mugre, donde está pringado por mordidas en contratos públicos hasta el hombre fuerte que lo ayudó a tomar el poder con ayuda de golpistas antiespañoles y enarbolando una bandera de la regeneración que hoy sabemos falsa.
Pregunta: ¿sigue siendo España una democracia?