Desde el comienzo de la presente legislatura, es evidente que no conduce a ningún sitio. Día tras día, las noticias que se producen en España lo evidencian.

Tomemos esta última semana: el viernes pasado el PSOE presentó una proposición de ley para reformar la acción popular consagrada en el art. 125 de la Constitución, que permite a los ciudadanos el ejercicio de la acción popular, y está directamente relacionada con el derecho a la tutela judicial efectiva que la Carta Magna proclama. Esa proposición de ley que lleva por título pasmoso el de “Proposición de ley orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas” es todo un canto al lawfare, una descalificación de los tribunales de justicia. Por supuesto, se trata de una proposición de ley para eludir los controles del Consejo General del Poder Judicial, o del Consejo de Estado.

Tiene todo el aire de que es una proposición de ley que busca la impunidad: desde medios periodísticos se la ha calificado como “ley Begoña”. Y por contener, en su Disposición Transitoria Única, señala que una vez aprobada, será de aplicación “a los procesos en curso”, es decir, se aplicaría inmediatamente a los encausados.

Ni se gobierna, ni se legisla, ni realmente se hace nada de nada. Salvo que los problemas de España se agranden, como es la crisis de la vivienda o el de una juventud que se va quedando atrás

Si a ello añadimos el auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, en que se acuerdo citar como investigado al Fiscal General del Estado para el próximo 29 de enero por un presunto delito de revelación de secretos, al día siguiente a Pilar Rodríguez –Jefa de la Fiscalía madrileña– y para el 5 de febrero a Diego Villafañe –Jefe de la Secretaría Técnica del Fiscal General del Estado–, amén de apuntar ese auto a la conexión entre Fiscalía y Moncloa.

Así las cosas, incluido el suplicatorio pedido al Congreso de los Diputados en cuanto a José Luis Ábalos, ofrecen, por días, un hedor insufrible.

El hedor propio de una legislatura que no va a ningún sitio desde que nació. Ni se gobierna, ni se legisla, ni realmente se hace nada de nada. Salvo que los problemas de España se agranden, como es la crisis de la vivienda o el de una juventud que se va quedando atrás. Todo tiene su origen en el empecinamiento del presidente Sánchez en formar gobierno con los peores de cada casa: la deplorable amnistía valía los siete votos que Junts le entregó a Sánchez para su investidura. Véase el resultado: una amnistía que no se ha puesto en funcionamiento desde su aprobación y que ocasiona que Puigdemont continúe en Waterloo.

Es una evidencia que así no se puede gobernar, de hecho no se gobierna. Como es una evidencia que España no se puede permitir estar a cada día al pairo de una nueva resolución judicial en materia de corrupción. Pues, de seguir así, es el estado de derecho que define la Constitución de 1978 el que se encuentra seriamente torpedeado. Si esa Constitución establece, art. 97, que “El Gobierno dirige la política interior y exterior …”, aquí se está ignorando ese precepto constitucional.

Esta es la consecuencia de una pésima lectura de las elecciones generales de 23 de julio de 2023. Sin mayoría parlamentaria es imposible caminar hacia ningún sitio

Con un Gobierno en minoría parlamentaria, siempre azorado por sus socios, es manifiesto que no hay manera de dirigir ninguna política ni interior, ni exterior. Si se añade el auto judicial casi diario en materia de corrupción, tendremos el resto.

Esta es la consecuencia de una pésima lectura de las elecciones generales de 23 de julio de 2023. Sin mayoría parlamentaria es imposible caminar hacia ningún sitio, hacia un proyecto nacional debidamente organizado y explicitado. Nada de eso existe.

Podrá el Gobierno proseguir la legislatura, aún a costa de carecer de presupuestos generales del Estado –carencia que también se dio en 2024–. Podrá el Gobierno pretender seguir en minoría parlamentaria, hecho desde luego insólito en una democracia. Podrá proponer leyes que brindan impunidad, como la citada que destruye la acción popular. Será todo inservible y al final reflejará un país –España– que se queda atrás.

Una pérdida de tiempo

Podrá ser todo eso si el único objetivo es preservar a Sánchez como presidente del Gobierno. Triste destino que no va a ningún lado distinto de una polarización –un muro entre españoles– directamente insoportable.

Cuando las cosas llegan a ese extremo de degradación, de decadencia, es mejor salir por la única opción legítima: la convocatoria de unas elecciones generales en que el pueblo español decida cuál es la opción mayoritaria de Gobierno.

Cualquier cosa distinta será, simplemente, una pérdida de tiempo y encontrarnos con un país en creciente decadencia que el espíritu de la Transición y de nuestra Constitución no preveían para nada.