- Así quien hizo votos de que pondría a recaudo de la Justicia al prófugo Puigdemont porque una democracia ejemplar no podía permitirse tamaña burla ahora deberá acudir en peregrinación a «Casa Puigdemont», viajando bien a Bruselas, bien a Suiza
«Quien se quema con leche llora cuando ve a la vaca», suele decirse en América, y quizá por ello la Mesa del Congreso aplazó ayer por segunda vez en un mes la admisión a trámite de la proposición no de ley de Junts instando a Pedro Sánchez a que se someta a una cuestión de confianza, luego de que Puigdemont amenazara con romper las hostilidades si el PSOE vetaba esta iniciativa no vinculante dentro del tira y afloja que mantienen ambos socios. En este brete, la gobernanta que Sánchez colocó como presidenta de la Cámara volvió a refrendar el papel subalterno del Poder Legislativo reducido a mera escribanía del Ejecutivo. Francina Armengol, bajo la espada del «caso mascarillas», ralentiza su actividad para tratar de escamotear la situación de minoría de un Sánchez al que solo libra la imposibilidad manifiesta de construir una mayoría alternativa que le desaloje de la Moncloa.
A la par que el PSOE se desdecía de su rentoy y envainaba su espada de madera, los dos principales cabecillas del golpe del 1-O de 2017, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, se citaban en Bruselas para restablecer relaciones tras la guerra fría que siguió a la huida del primero de España debajo del capó de un coche y de que el segundo ingresara en prisión tras su fallida proclamación de una independencia cuya declaración no sumó esos quince minutos de la fama a los que todo el mundo tiene derecho, según Andy Warhol. Sánchez acredita, poniendo del revés el poema lorquiano, blando con las espuelas y duro con las espigas.
De hecho, como escribió el poeta francés Gérard de Nerval al pie de un retrato suyo, Sánchez ya es el otro tras alcanzar y sostenerse en el Gobierno obrando lo contrario que prometió. Así quien hizo votos de que pondría a recaudo de la Justicia al prófugo Puigdemont porque una democracia ejemplar no podía permitirse tamaña burla ahora deberá acudir en peregrinación a «Casa Puigdemont», viajando bien a Bruselas, bien a Suiza. No le queda otra si desea prolongar la investidura que adquirió con su amnistía inconstitucional a Puigdemont, pero que aguarda turno en el dique seco del Tribunal Supremo a que Cándido Conde-Pumpido la desatranque como aquel juez de «Los intereses creados» al que Crispín persuadió de que, cambiando de orden las comas, exonerara a su amo del fallo que lo condenaba.
Sin embargo, no conviene despistarse en este juego de trileros que parece tener confundido al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, con una hipotética moción de censura apoyada por Junts y que nunca acaecerá dado que el gran negocio de Puigdemont es la debilidad de Sánchez. Con la lógica desazón de parte de su electorado, diera la impresión de que Feijóo vive instalado en el mundo de ayer de una política que hace tiempo que saltó por los aires y para la que ya no sirven las reglas de antaño al haber sido reemplazadas por la conveniencia del instante.
Así la paralizada proposición no de ley de Junts para que Sánchez afronte una cuestión de confianza —asunto que la Constitución reserva al presidente— no deja de ser un trampantojo por el que Puigdemont pone en aprietos a Sánchez, pero sin dejarle caer, como sí operaría avalando una moción de censura. Pero, aunque la cúpula de Junts anunciara este viernes un auténtico Waterloo de Sánchez, Puigdemont se limitará, en medio de su presumible ruido y furia jupiterinas, a complicarle la existencia e impedirle gozar de unos Presupuestos Generales que, con velas infladas, le encaminarían rumbo a unas elecciones de su gusto. El plan de Junts evidencia, eso sí, que la legislatura está más muerta que viva, si bien sin enterrar a un presidente de cuerpo presente. Como corresponde a la política necrófila de un Sáncheztein acorde con la trama de la novela sobre el monstruo enjaretado en la sala de autopsias por un doctor demenciado.
En puridad democrática, sin estabilidad parlamentaria ni Presupuestos, Sánchez tendría dos opciones: registrar una moción de confianza como las de Suárez en 1980 y González en 1990, o urnas para que los españoles resuelvan. La Carta Magna es diáfana al respecto. Así, según su artículo 134.3, como Sánchez invocó con Rajoy, el Gobierno debe presentar las cuentas al Congreso tres meses antes de expirar los vigentes. A la sazón, el Parlamento cifra su existencia en aprobar el Presupuesto y en certificar que el Gobierno conserva la venia de la Cámara.
Empero, Sánchez percibe el Estado de Derecho como un camino que hay que «ir desempedrando», como aseveró en sus días de gloria quien fue su edecán y defensor de su moción de censura contra Rajoy, el hoy imputado por corrupción José Luis Ábalos, para complacer a sus sosias y allanar el cambio de régimen que hoy sanciona metódicamente un Conde-Pumpido capitaneando un Tribunal Constitucional que ha dejado de ser Corte de Garantías. Sánchez puede presumir como si fuera el mismísimo Federico II de Prusia de disponer de un servil escriba que justifica en Derecho sus tropelías para perpetuarse «con o sin el Poder Legislativo».