Iñaki Ezkerra-El Correo
- La nueva extravagancia del sanchismo es saltarse todos los controles democráticos
Es la nueva, aunque no será la última, extravagancia del sanchismo: cargarse la acusación popular que contempla el artículo 125 de nuestra Constitución con esa proposición de ley orgánica del PSOE que es un artefacto leguleyo-explosivo diseñado para saltarse todos los controles democráticos -el del Consejo General del Poder Judicial, el del Consejo de Estado, el del Consejo Fiscal…- y para hacer efectivo el bodrio populista del ‘lawfare’ que figuraba en el acuerdo firmado por el PSOE y Junts en Bruselas el 9 de noviembre de 2023, para eliminar las trabas a la investidura de Pedro Sánchez tras las elecciones generales del 23-J. En aquellas fechas, Santos Cerdán circunscribió de manera bien explícita el uso de ese instrumento antidemocrático a los casos relacionados directamente con el procés, lo cual ya era por sí mismo escandaloso.
Pero el hecho de que ahora se pretenda extender su aplicación a las instrucciones judiciales abiertas contra los miembros investigados de la familia del presidente del Gobierno y contra su círculo más cercano de colaboradores demuestra hasta qué punto una grieta que se abre en el sistema por frívola y pura irresponsabilidad, por creatividad ignorante y temeraria, o por infame interés en beneficiar a unos encausados concretos, puede tener unas consecuencias imprevisibles, dar lugar a una multiplicación logarítmica de la impunidad y convertirse en un coladero de beneficiarios. El ‘lawfarear’ y el rascar todo es empezar.
Pasó con ‘la ley del solo sí es sí’ de Irene Montero, que amparó a cientos de abusadores sexuales, y ha pasado ahora con el irregular informe que ha emitido la Agencia Tributaria, sin firma ni sellos oficiales, para justificar todos los desmanes fiscales de David Sánchez y al que ya se están agarrando un buen número de asesores fiscales con el objetivo legítimo de proteger de las inspecciones de Hacienda a los clientes que tienen en unas situaciones similares. Y es que, en la teoría y en la praxis de la Justicia, no se legisla para una sola persona, ni se aplican las leyes a una sola familia. Lo que vale para uno, debe valer para todos.
El PP ha bautizado como ‘Ley Begoña’ a esa iniciativa legislativa que anula las acusaciones populares. Los estudiantes del año 2050 pensarán que Begoña Gómez era una prestigiosa catedrática de Derecho Penal o Constitucional. Uno prefiere trascender lo anecdótico, la letra negrita, para ir al concepto y llamar a esa ley dictada por la parte encausada ‘Ley Boñiga’, porque estamos, en efecto, ante un excremento jurídico-vacuno o legislativo-caballar. Uno prefiere tratar ese asunto desde la abstracción, y recordar la definición que hacía Albert Camus del crimen que se justifica: «Juzgado ayer, hoy dicta leyes».