Ahora que se ha puesto tan de moda cierto revival de lo que fue la dictadura, todavía recuerdo nuestros superhéroes de andar por casa que fueron El Guerrero del antifaz o El Capitán Trueno, y cómo en aquellas sesiones matinée los sábados el tardofranquismo se nos metía a los escolares entre peli y peli de vaqueros una de viejo cine español de los años cuarenta; obras que relataban siempre gestas con sabor a derrota a lo largo de nuestra historia, tal que Los últimos de Filipinas, donde se cuenta cómo en 1898, en la última colonia española, Filipinas, un destacamento de militares fue sitiado por los rebeldes en el pueblo de Baler (isla de Luzón) durante 337 días.

Pues bien, cuando veo al hoy Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, tan sitiado con sus argumentos de defensa frente a la opinión pública por la imputación que le hace el Tribunal Supremo tras haber revelado correos del abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso –imputado a su vez por un presunto delito de fraude fiscal estimado en 350.000 euros-, no puedo por menos que recordar a los llamados héroes de Baler en Filipinas; gente que, a decenas de miles de kilómetros de sus casas, lo tenía todo perdido pero no estaba dispuesta a volver o a irse al otro mundo sin honra.

En el caso de García Ortiz, solo su muy particular sentido de la honra le impide a estas alturas de la película dimitir: él y quienes le defienden sostienen que su único delito como fiscal general fue ordenar que se desmintiera un «bulo» del asesor de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez (MAR); saber, que el famoso acuerdo de conformidad para no ir a la cárcel no lo proponía el Ministerio Público a González Amador sino al revés. Todo con tal de que Díaz Ayuso no le ganara «el relato» a La Moncloa… Como lo leen. Y ustedes se preguntarían: pero ¿a la Fiscalía la pagamos para desmentir relatos fake, aunque conlleve delinquir, o para perseguir el delito?

Álvaro García Ortiz, no lo olvidemos, es el responsable de la política anti criminal y si ya resulta chusco verse sentado en el banquillo por malas prácticas, tal que revelar datos secretos del sumario contra el novio de a Ayuso, ni les cuento un posible delito sobrevenido de obstrucción a la justicia presuntamente cometido al borrar los whasapp de su móvil y cambiar de terminal en cuanto supo que el magistrado instructor del Supremo había enviado a la Guardia Civil a requisar sus móviles y sus ordenadores… Es que no tiene un pase

A estas alturas, el número uno de la Fiscalía ya tiene la respuesta a esa pregunta, aunque disimule. Sabe que lo suyo fue un calentón en una mala noche del 13 de marzo y que esto no va de «desmentir bulos a secas», va de «desmentir bulos con respeto al derecho procesal o no», como sostienen abogados, fiscales y algún juez con los que he podido hablar. Por eso, su futuro penal y profesional «pinta mal», color hormiga si es condenado por el Tribunal Supremo.

No es que vaya a ir a la cárcel, no, pero si le inhabilitan para seguir ejerciendo como fiscal a secas -de Fiscal General ni hablamos- podríamos estar ante otro caso Baltasar Garzón, el afamado magistrado de la Audiencia Nacional, expulsado de la carrera judicial hace una década por extralimitarse en sus funciones. Con la diferencia, no menor, de que el asunto Garzón se agotaba en sí mismo más allá del morbo que generó la caída en desgracia de quien fue superjuez en aquellos años 90 y principios de este siglo.

¿Por qué borró Whasapp?

Álvaro García Ortiz, no lo olvidemos, es el responsable de la política anti criminal del Estado y, si ya resulta chusco ver a un fiscal cualquiera sentado en el banquillo por malas prácticas procesales, excusó decirles en un caso tal que revelar datos secretos del sumario contra el novio de Ayuso y otro posible delito sobrevenido de obstrucción a la justicia, presuntamente cometido a conciencia por García Ortiz al borrar los whasapp de su móvil y cambiar de terminal en cuanto supo que el magistrado instructor del Supremo, Ángel Hurtado, había enviado a la Unidad Central Opetativa (UCO) de la Guardia Civil a requisar sus móviles y sus ordenadores. Vamos, que no tiene un pase.

Y, si me apuran, menos pase tiene aún la defensa numantina del Fiscal General del Estado en que se ha metido de hoz y coz el Gobierno; la cual solo se explica ante la posibilidad cierta de que entre esos whasapp borrados haya algunos altamente comprometedores para la Presidencia del Gobierno, al hilo de la estrategia contra el novio de Ayuso, como sostiene el magistrado instructor en el auto donde explica por qué llama a declarar al fiscal el 29 de enero.

No sé si La Moncloa es consciente del callejón sin salida en el que se está metiendo por no marcar distancias respectó al número uno de la Fiscalía. Va a sentarse en el banquillo del Supremo para defenderse de la acusación de, nada menos, ignorar el derecho procesal del ciudadano González Amador y veremos si, también, por borrar pruebas y por obstrucción a la Justicia. La sola imagen de García Ortiz procesado resulta demoledora para los equilibrios institucionales de una España que no anda sobrada de ellos.

No sé si La Moncloa es consciente del callejón sin salida en el que se está metiendo por no marcar distancias de forma paulatina respectó al número uno de la Fiscalía. Al margen de que vaya a sentarse en el banquillo del Tribunal Supremo para defenderse de la acusación de, nada menos, ignorar el derecho procesal del ciudadano González Amador -haya cometido éste el delito que sea- y veremos si, también, por borrar pruebas y por obstrucción a la Justicia. La sola imagen de García Ortiz procesado, aunque finalmente no sea condenado, resulta demoledora para los equilibrios institucionales de una España que no anda sobrada de ellos.

Acostumbrarnos a la anormalidad que preside la vida de éste paìs terminará siendo nefasto para todos. Al tiempo. No es normal esa defensa cerrada de Pedro Sánchez y los suyos, como tampoco lo es, en el terreno político, la facilidad con que nos hemos acostumbrado a la falta de presupuesto y a que, cuando un gobierno -el de Sánchez y también muchos otros autonómicos, del PP- la respuesta sea tirar para adelante como sí nada. No es razonable porque socava la legitimidad de las instituciones y del Estado de Derecho.