En este oficio del periodismo que tanto hemos amado y, a pesar de los pesares, seguimos amando, siempre ha habido colegas, por llamarlos de algún modo, dispuestos a hacer el trabajo sucio. ¿A quién? A quien en cada momento aconsejaran las circunstancias. Las financieras o las políticas, que solían, suelen, ir casi siempre de la mano.

Si de lo que se trataba era de hacer una faena de aliño en defensa de los intereses del propietario, de alegrarle a tal fin el día a un político, empresario o banquero, siempre había alguien que levantaba la mano. También existía el elogiador profesional. Incluso hubo un tiempo, allá por las postrimerías del franquismo, y hasta bien entrada la Transición, en el que descollaba una figura en las redacciones que se distinguía por sus exquisitos modales y su buen vestir (y yantar): el “sobrecogedor”. Literal.

A lo que no habíamos asistido nunca es a la proliferación de la práctica pseudo periodística consistente en arrogarse, sin ninguna justificación argumental, el conocimiento suficiente para discutir las decisiones de profesionales mucho más cualificados y con acreditada experiencia en sus áreas respectivas. Y hacerlo sin tener la información necesaria para sostener la osadía.

Para Sánchez la continuidad de García Ortiz es esencial para llevar a cabo el plan trazado, cuya finalidad es conseguir lo que Luis Rodríguez Ramos ha llamado ‘absolución sin juicio’

En concreto, abundan en estos días de aguda polarización los que desde tribunas y micrófonos, y con insólito énfasis, cuestionan decisiones judiciales, dudan de la neutralidad de los jueces que las toman, acusan a los tribunales de perseguir “sin fundamento” a familiares del presidente del Gobierno y hasta se atreven a señalar a los firmantes de ciertos autos, cuyo contenido no comparten, como potenciales prevaricadores.

Han dejado de ejercer como periodistas para convertirse en abogados de parte, y poco importa si el criticado es un juez de primera instancia o un magistrado del Supremo. Incluso han llegado a afirmar que un escrito de este tribunal, el que explica las razones por las que se llama a declarar como investigado al fiscal general del Estado, “está lleno de afirmaciones e interpretaciones sin base”. Lo dicho, a solo un paso de la prevaricación.

No conocen la información que maneja el instructor de la causa. O solo la conocen parcialmente. Nada o muy poco saben de los datos que, procedentes de la Guardia Civil, de las operadoras de telefonía o de otras fuentes, ha incorporado el magistrado al expediente, pero no ha considerado oportuno compartir, en este momento procesal, con las partes personadas en el procedimiento. Pero sentencian. Preventivamente. Maltratan a quien no les obedece y premian con profusión de titulares a aquellos que respaldan sus coacciones.

Por ejemplo, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) hacía pública esta semana una nota en la que acusaba al Supremo de “caza de brujas”, y calificaba de “ataque directo” y “sin precedentes” la imputación del fiscal general y dos de sus colaboradores. Aplausos. No se aclara en la información que esta asociación es minoritaria, que sólo supone el 8% de la carrera. Tampoco que desde que gobierna Pedro Sánchez la UPF ha pasado de tener hace unos años en la Junta de Fiscales de Sala 4 representantes, sobre un total de 39, a escalar hasta los 14 (más García Ortiz) sobre los 36 de ahora. Un incremento del 76% de los fiscales afines, “¿de quién depende el fiscal?”, en la cúpula de la carrera. Trabajo fino el de Dolores Delgado, primero, y de Álvaro García Ortiz después.

Una minoría de fiscales, que no llega ni al diez por ciento del gremio, y que gracias a Dolores Delgado y García Ortiz está sobrerrepresentada en la cúpula de la institución, le está poniendo la tapa al ataúd de la Fiscalía

Obviamente, ni el plumilla del régimen ni sus superiores consideraron noticia destacada el que, en junio de 2023, cinco veteranos fiscales se dieran de baja de la UPF al conocer que García Ortiz había elegido a su cuate Delgado como fiscal de Memoria Democrática. A saber: la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, el fiscal jefe de Salamanca, Juan José Pereña, el fiscal del Supremo, Javier Zaragoza, el fiscal del Tribunal de Cuentas, Carlos Castresana, y la fiscal de Madrid Lorena Álvarez.

Decía Lastra en la misiva que dirigió en aquellos días a la entonces presidenta de la asociación, Inés Herreros: «El, a mi juicio, lamentable espectáculo que nos ha brindado el Consejo Fiscal celebrado ayer -no por esperado menos doloroso-, precedido de un clamoroso silencio cómplice del Secretariado que diriges durante los días previos, ante una situación que para mí no tiene encaje posible en esos principios democráticos que creía comunes, ha rebasado todas las líneas rojas».

‘¿De verdad era necesario llegar a esta situación?’

A una dolorida Almudena Lastra, que acaba de desmontar en el Supremo la línea de defensa de su superior jerárquico, le salía del alma en aquel entonces este otro lamento: «No puedo dejar de imaginarme a muy queridos compañeros como Serafín Zarandieta, Juanjo Martínez Zato, Jesús Vicente Chamorro, Miguel Miravet, Miguel Gutiérrez Carbonell o Pepe Jiménez Villarejo revolverse en sus tumbas. ¿De verdad era necesario llegar a esta situación?». No sabía doña Almudena hasta dónde iban a ser capaces de llegar meses después.

Pregunta nada retórica: ¿Era necesario arrastrar por el fango el crédito de la Fiscalía? Lamentablemente, me temo que, tras las imputaciones de esposa y hermano, la única respuesta realista es sí. ¿Por qué regla de tres iba Sánchez a dejar fuera de su política de asalto institucional precisamente a la Fiscalía? Todo lo contrario: el control de la Fiscalía ha sido siempre -y hoy aún lo es en mayor medida- un peón esencial de su estrategia de ocupación del poder.

Para Pedro Sánchez, la continuidad de García Ortiz, cuya obediencia al presidente está más que acreditada, es esencial para llevar a cabo el plan trazado, cuya finalidad es conseguir, mediante la supresión en la práctica de la acusación popular, lo que Luis Rodríguez Ramos ha llamado “absolución sin juicio”, al dejar en las únicas manos del fiscal la decisión de “pedir el sobreseimiento de los querellados”.

Un sector de la prensa, que parece haber dejado de considerar prioritario el control de quien gobierna, colabora en el descrédito del Supremo a cambio de conservar su menguante cuota de poder

La “proposición de ley orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas” es un descarado intento, diseñado por Félix (Andreotti) Bolaños, de neutralizar las causas judiciales que investigan a los familiares del presidente del Gobierno, muy especialmente la que involucra a su esposa Begoña Gómez, y de paso dejar sin efecto la orden de busca y captura que pende sobre Carles Puigdemont. Dos pájaros, o tres, de un tiro. Y para ello, no se duda en perpetrar de nuevo una reforma constitucional por la puerta de atrás. Siempre con la aquiescencia y el apoyo de los fiscales “progresistas”.

De la carta de Lastra a Herreros: “Día a día me he ido sintiendo más ajena a la derivada que ha ido tomando esta asociación, cada vez más centrada en la ‘lucha funcionarial’ que siempre caracterizó a las otras asociaciones de fiscales y en la búsqueda del ‘progreso personal’ de algunos, despreocupados por el diseño de una verdadera carrera profesional».

Una minoría de fiscales que no llega ni al diez por ciento del gremio le está poniendo la tapa al ataúd de la Fiscalía. Y una prensa que ha dejado de considerar prioritario el control de quien gobierna -no así de los que aspiran a hacerlo-, se ha propuesto, por motivos espurios, y ajenos por completo al ejercicio de una objetividad que debiera ser al menos aspiracional, colaborar en la operación descrédito del Tribunal Supremo a cambio de conservar su menguante cuota de poder.