España, estado de desecho

El Grupo Parlamentario Socialista acaba de presentar en el Congreso de los Diputados, la proposición de ley orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas. Esta iniciativa es la continuación de otras ya aprobadas con el único objetivo de asegurar la permanencia en el poder del presidente del Gobierno. Poco les importa que para lograrlo hayan laminado el Estado de derecho mediante algo que, si no es un autogolpe, se le parece bastante.

Pedro Sánchez, decisión tras decisión, está aplicando el programa de gobierno con el que el PSOE contribuyó a que la España de la Segunda República terminara en guerra civil. Un modelo cainita y fracasado que, sin embargo, siguen considerando modelo de libertades. Más adelante citaré algunas medidas que se aplicaron entonces y que probablemente sean las que están por llegar para finiquitar el único poder que le queda por conquistar al completo, el Judicial. Primero fueron los indultos para los golpistas catalanes de octubre de 2017, siguió la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición y rebajar el de malversación, después vino la ley de amnistía para el resto de golpistas y se finalizó, de momento, con el asalto al Tribunal Constitucional.

Ahora el arreón totalitario nos llega con la reforma que limita la acusación popular, impide el inicio de procesos judiciales en base a informaciones periodísticas, despoja a los jueces de la fase de instrucción para encargárselo a la Fiscalía —que como Sánchez dejó bien claro depende del Gobierno— y lo remata eliminando el principio de irretroactividad de las leyes —artículo 9.3 de nuestra Constitución—. Por supuesto, el PSOE oculta en su exposición de motivos que estas medidas no tienen otra finalidad que convertir de facto en inviolables, a la familia del presidente y sus peones gubernativos, maniatar a la oposición en su acceso a la Justicia e impedir a los jueces «desafectos» aplicar la misma.

Recuerdo ahora algunas de las medidas aplicadas en la Segunda República que pueden acabar cualquier día publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Manuel Azaña, como ahora Sánchez, consideraba a los jueces un obstáculo para su República particular, así que, como hizo previamente con los militares, lo mejor era librarse de los que obstaculizaran su resentido proyecto. Comenzó el 21 de octubre de 1931 con la Ley de Defensa de la República, un cajón de sastre que, entre otros, consideraba en su artículo actos de agresión a la República «la falta de celo y la negligencia de los funcionarios públicos en el desempeño de sus servicios». Para los considerados díscolos a criterio del ministro de la Gobernación, reservaba el artículo dos la «suspensión, separación de su cargo o postergación en sus respectivos escalafones».

Por si no había quedado claro, el 11 de agosto de 1932 Azaña presenta su proyecto de separación de funcionarios, el texto de la ley concretaba que «podrán ser separados del servicio los funcionarios civiles o militares que realicen actos de hostilidad o de menosprecio a la República» la arbitrariedad convertida en ley. Sánchez se ha atrevido a seguir sus pasos planteando en su reforma como causa de abstención y recusación de un juez, el haber manifestado públicamente acuerdo o desacuerdo con actuaciones políticas.

Por último, ya sin rubor alguno y como colofón del asalto al Poder Judicial, aprobó Azaña la ley de 8 de septiembre de 1932 sobre «jubilaciones de funcionarios de las carreras judicial y fiscal». En ella el Gobierno se atribuía la potestad de jubilar de manera forzosa, llegada o no la edad, a todos aquellos jueces o fiscales que fueran un obstáculo para el avance de la República. Así lo hizo semanas después de su entrada en vigor con docenas de ellos.

Quizá veamos pronto en el BOE jubilaciones forzosas de jueces «hostiles» como Ángel Hurtado o Juan Carlos Peinado, pues Pedro Sánchez ha decidido convertir nuestro Estado de derecho en uno de desecho para campar a sus anchas. Mientras nuestra democracia se descompone, oposición y Gobierno compiten planteando medidas para facilitar el acceso a la vivienda, problema recurrente que el autócrata saca de su chistera para que la oposición olvide lo urgente, salvaguardar la democracia. Sigamos así y Sánchez, como Hugo Chávez en Caracas, saldrá a la calle rodeado de cámaras de televisión y acompañado del alcalde de turno le preguntará ¿Y este edificio? «es un edificio que tiene un negocio privado de joyería» y ordenará ¡Exprópiese señor Alcalde, Exprópiese! La democracia española ya no está al borde del precipicio, se ha despeñado, solo falta saber si el descalabro será reversible.

• Carlos de Urquijo fue delegado del Gobierno en el País Vasco