Pero la SEPI administra los intereses del Estado; es decir, de todos los españoles. Y aunque el Gobierno considere que haciéndose notar directamente en una operación así se refuerza tanto ante la opinión pública como ante los mercados, en una democracia parlamentaria han de respetarse los procedimientos tasados y las reglas no escritas en la toma de decisiones y en su ejecución. Algo especialmente importante cuando los usos y costumbres de las democracias liberales se encuentran sometidos a tensiones de una arbitrariedad desconocida en décadas.

Porque es ahora cuando más necesario resulta cuidar las apariencias y evitar sobre todo enfrentar las corrientes desreguladoras con gestos de intervención prescindibles. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y como tal responsable de la SEPI, no encontró escenario mejor para rubricar las decisiones adoptadas por el Gobierno que su primer acto de partido como candidata del PSOE a la presidencia de Andalucía. En Sevilla presentó el relevo en la presidencia de Telefónica como un intento de contar con «una empresa tecnológica que tenga capacidad de competir a nivel europeo e internacional». La declaración de Montero apunta a la eventualidad de convergencias y fusiones de compañías o divisiones participadas por la SEPI. En un evento sobre Inteligencia Artificial, Sánchez recordó el día de la investidura de Trump que «la democracia no es un euro un voto, un tuit un voto; es una persona un voto». Solo que, en una economía de libre mercado, los gobiernos resultantes del sufragio universal no pueden erigirse en actores ventajistas en nombre de lo que declaran estratégico para la soberanía nacional.