En un régimen parlamentario, la legitimidad del Gobierno procede de su investidura por el Parlamento. En la investidura, el Congreso de los Diputados otorga su confianza a un candidato a presidente del Ejecutivo. Esa confianza debe renovarse anualmente en la votación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado. El rechazo de dicho proyecto implica la retirada de esa confianza y, según la lógica democrático-parlamentaria, debería conducir a la dimisión del Gobierno y la convocatoria de nuevas elecciones. Así ocurrió en España, por ejemplo, en 1995, cuando tras ver rechazadas las Cuentas, Felipe González convocó comicios anticipados para 1996.

El principal problema que sufre nuestro sistema es que el Gobierno actual no asume esa lógica democrática y se enroca en el poder. Las consecuencias de esto son gravísimas. Se trata de un ataque al Parlamento sin precedentes. Y ello porque, en el momento actual, el Ejecutivo ni siquiera ha cumplido con su obligación constitucional básica (artículo 134 de la Constitución) de presentar el proyecto. Al no hacerlo, neutraliza al Parlamento y a la oposición y les impide cumplir su función constitucional básica de control al Ejecutivo. El Congreso no puede retirar la confianza al Gobierno porque se priva al Legislativo de la posibilidad de votar en contra de un proyecto de Presupuestos que, en incumplimiento flagrante de la Constitución, no se ha presentado. Se trata de un hecho gravísimo que si la oposición no denuncia con la necesaria contundencia puede deberse a que eso mismo ocurra en algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.

Esa quiebra del parlamentarismo explica -pero no justifica- que la oposición se plantee el uso fraudulento de la moción de censura y de la cuestión de confianza, como instrumentos para hacer caer al Gobierno. La moción de censura constructiva que contempla la Constitución no es un mecanismo previsto para destituir a un Gobierno y celebrar elecciones anticipadas. Se llama constructiva porque su objetivo no es solo cesar, sino reemplazar a un presidente por otro y, de este modo, evitar precisamente tener que recurrir a unas nuevas elecciones. Pretender destituir a Sánchez mediante una eventual moción apoyada por PP, Vox y Junts, o los partidos que sean, con la única intención de celebrar después comicios es un fraude constitucional y como tal debe ser denunciado. Implicaría desnaturalizar la moción de censura constructiva y convertirla en destructiva. El problema es que, en 2018, ese fraude fue el que permitió a Sánchez reemplazar en la presidencia a Rajoy. Y si el PSOE pudo derribar al Gobierno con un fraude, carece de legitimidad para criticar al PP por el hecho de que pretenda hacer lo mismo.

Respecto a la cuestión de confianza, la Constitución es clara al establecer que es un instrumento cuya utilización depende de la exclusiva voluntad del presidente del Gobierno. Ningún otro sujeto puede instarle o exigirle su presentación. Esto la diferencia de la moción de censura, que puede ser presentada por 35 diputados (con un candidato alternativo). Desde esta óptica, la proposición de ley planteada por Junts supone desconocer completamente el diseño constitucional de la figura.

En todo caso, ante el comprensible rechazo del PSOE a tramitar la proposición de Junts, este grupo ha reaccionado anunciando la ruptura de las negociaciones presupuestarias con los socialistas. Si se consolida esta ruptura, ello implica que el Gobierno ya no cuenta con la confianza de la mayoría que respaldó su investidura. Aunque es posible que se trate de otra maniobra de Puigdemont para encarecer el precio de su apoyo a la supervivencia del Ejecutivo. Sea de ello lo que fuere, el incumplimiento generalizado de las reglas básicas de la democracia parlamentaria resulta muy preocupante. La utilización fraudulenta de sus instrumentos (moción de censura y cuestión de confianza) y el persistente rechazo del Gobierno a asumir que no puede gobernar legítimamente sin el respaldo de la mayoría parlamentaria están erosionando gravemente nuestra democracia.