Kepa Aulestia-El Correo
La votación del miércoles en el Congreso para la convalidación de un decreto ómnibus que, entre otras muchas medidas, revalorizaba las pensiones, y de otro que prorrogaba el impuesto especial sobre las energéticas, presenta al Gobierno en muy serias dificultades tras una derrota de tal magnitud. Según todos los indicios, el Ejecutivo Sánchez era consciente de que iba a suceder así porque así se lo había trasladado Junts, y lo habían hecho público el PP y Vox. Sin embargo, la coalición PSOE-Sumar no reaccionó ante el desastre que se le avecinaba. Es más, tras el recuento de los votos acusó a «la derecha y a la extrema derecha» de haberse desentendido de la suerte de los pensionistas y de los hogares más desfavorecidos, evitando en todo momento mencionar siquiera a los de Puigdemont. Cuando fueron estos quienes ejercieron de fiel de la balanza para dejar al Gobierno en minoría; y su portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, se deshiciera en descalificaciones e insultos hacia un Ejecutivo al que recordó que no tiene mayoría aunque actúe como si tal.
Lo sorprendente –y lo que no debiera sorprender– es que Pedro Sánchez parece decidido a perseverar en la misma estrategia. No sería extraño que el Consejo de Ministros del próximo martes promulgase un nuevo decreto ómnibus, añadiendo más medidas a las que decayeron el miércoles. Un pulso por el que el presidente no sólo desatendería las indicaciones de Junts y el PP, que han insistido en que proponga las iniciativas legislativas una a una, sino que redoblaría la apuesta. Algo que hubiese parecido inconcebible en la anterior normalidad, pero que en la nueva normalidad tiende a naturalizarse ‘por simpatía’. Tanto la Constitución como el Reglamento del Congreso permiten que un presidente siga siéndolo en franca minoría, incluso en el caso de que no sea capaz de tramitar una sola norma. Lo importante ahora es que prevalezca su relato, cuando menos para que sus adversarios se desgasten tanto o más en la liza.
Sánchez respondió al desafío culpando a una «oposición destructiva» de causar «dolor social». Efectivamente, la postura de Junts y PP –que debieran aparecer en ese orden y con sus nombres en el señalamiento del presidente– puede considerarse destructiva. Constitución y Reglamento parlamentario obligan a que los oponentes se muestren constructivos sólo a efectos de la moción de censura. La pretensión ‘macroniana’ de que los demás faciliten la tarea al Gobierno en tanto que portador de bienes públicos se abre paso en la nueva normalidad porque la arbitrariedad se vuelve contagiosa.
La legalidad resulta más confusa, la legitimidad tiende a desvanecerse. Qué decir de las reglas no escritas que sostienen a las democracias, cuando empiezan a cambiar a diario. Visto lo que hacen Donald Trump o sus adeptos locales, cunde la tentación de replicarlo a la contra. Lo que conduce no ya a una mayor polarización política, sino a una espiral sin control que lo mismo que moviliza puede desmovilizar a las izquierdas en tanto que sus fines se crean superiores a la democracia