El acuerdo alcanzado este lunes en el seno de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE), más que un armisticio entre el Ministerio de Trabajo y los ministerios económicos del PSOE, es una claudicación de Carlos Cuerpo ante Yolanda Díaz.
La ministra de Trabajo y el responsable de Economía habían venido mantenido un agrio contencioso a propósito de la reducción de la jornada laboral, hasta el punto de que Díaz llegó acusar a su compañero de coalición de «mala persona» por «frenar» la iniciativa.
La cuota socialista del Ejecutivo insistía en que el proyecto de ley para la reducción de jornada se tramitase con el procedimiento ordinario, y que así tanto los ministerios económicos como las fuerzas políticas pudieran hacer sus aportaciones. Pero finalmente se ha impuesto el criterio de Sumar, y el anteproyecto se tramitará por la vía de urgencia.
Y no es la única victoria que Díaz le ha arrancado a Cuerpo: en el CDGAE se ha pactado también que la versión del texto que será aprobada en el Consejo de Ministros (previsiblemente, la próxima semana) respetará íntegramente el acordado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CCOO.
Un acuerdo del que, cabe recordar, quedó excluida la CEOE, que se opone a la medida.
Yolanda Díaz ha aprovechado así el momento de debilidad que atraviesa Pedro Sánchez para cobrarse una pieza de gran importancia para el programa político de Sumar, que además da lustre al perfil de adalid de los derechos laborales que la vicepresidenta se ha esforzado por cultivar.
Es el precio a pagar por el modelo sanchista de perduración en el Gobierno, cuyo horizonte más lejano es el de salvar cada semana. Ya antes que Sumar, Podemos recurrió a este juego de explotar las necesidades coyunturales de Sánchez para decantar la acción ejecutiva a su favor.
Pero también puede verse, desde el otro lado, como un trofeo que el presidente entrega a Sumar por razones estratégicas.
En primer lugar, porque los sondeos vaticinan un desplome de Sumar que haría muy difícil a Sánchez reeditar su Gobierno de coalición. La última encuesta de SocioMétrica le otorgó a Sumar 7 escaños. Y el CIS, expurgado de la cocina de Tezanos, arroja que caería de los 31 diputados actuales a los 6.
La necesidad de un Sumar fuerte que tiene Sánchez para revalidar su mayoría de investidura se vuelve aún más perentoria en un contexto en el que, ante el bloqueo parlamentario certificado por el fiasco del decreto ómnibus, el adelanto electoral comienza a antojarse una posibilidad real.
Máxime cuando la propia Díaz ha alentado este lunes a Sánchez a que persevere en su propósito de llevar al Consejo de Ministros el mismo decreto que fue rechazado por el Congreso la semana pasada. Un órdago electoral a Junts mediante el cual el presidente va a replantear el ómnibus como el sucedáneo de la cuestión de confianza que le exige Puigdemont.
Es de hecho la última derrota parlamentaria del Ejecutivo la razón fundamental de fondo por la que Sánchez le ha regalado a Díaz la victoria de la reducción de jornada. Se trata de cambiar el foco mediático, situado ahora sobre la incapacidad del Gobierno para sacar adelante su «escudo social», y trasladar una imagen de unidad y de eficacia en materia económica.
El problema es que, como suele ocurrir en los cambalaches oportunistas de Sánchez, serán los ciudadanos los que paguen el precio de esta transacción política. Porque, según los cálculos de Foment del Treball, la reducción de jornada acarreará un incremento del 7% en los costes salariales.
Y las más afectadas no serán las grandes empresas, cuyos trabajadores, en su mayoría, ya disfrutan por convenio de una jornada laboral de 37,5 horas semanales como la que busca el Gobierno. Serán las pymes (que representan el 95% del tejido productivo) las que asumirán el 50% del impacto de la subida de costes.
Sánchez habrá podido resolver su último enredo político, pero no así la cuestión que sigue cerniéndose sobre la cuestión de la reducción de jornada: en un país con una productividad tan baja, ¿es realmente posible trabajar menos y ganar más?