En su comparecencia tras el Consejo de Ministros de este martes, Pedro Sánchez ha asumido tácitamente la inestabilidad crónica que lastra la presente legislatura. Al reconocer a las claras que su Gobierno está en «minoría parlamentaria», ha venido igualmente a admitir que no tiene un pacto de legislatura con Junts capaz de darle relativas garantías.
Pero recurriendo a la prestidigitación acostumbrada, Sánchez ha presentado su nuevo bandazo a cuenta del decreto ómnibus como una victoria que permite sacar adelante su «escudo social». Es el arte del presidente de hacer de cada derrota una victoria, y de cada rectificación un acuerdo.
Fiel a su máxima de «hacer de la necesidad virtud», Sánchez ha presumido de que en su Ejecutivo «no damos un partido por perdido, sudamos la camiseta hasta el final». Como si fuera algo bueno que un Gobierno esté condenado a negociaciones agónicas e imprevisibles hasta el último minuto para salvar cada votación.
En este sentido, es muy ilustrativa la imagen, que relata hoy EL ESPAÑOL, del retraso de la reunión del gabinete, con los ministros reunidos en una sala de Moncloa aguardando a que, en otra, los negociadores con Junts supiesen si Puigdemont movía el dedo hacia arriba o hacia abajo.
Y es que por mucho que quiera vender sus derrotas frente al prófugo como triunfos de todos los españoles, es un hecho que Sánchez cedió ayer por partida doble ante Junts.
En primer lugar, aviniéndose a trocear el decreto ómnibus, pese a que en los últimos días y hasta el último momento el Gobierno no ha dejado de repetir que volvería a llevar al Consejo de Ministros el mismo texto que fue rechazado el pasado miércoles en el Congreso.
Un nuevo «cambio de opinión» forzado por las circunstancias en apenas 12 horas, que ha escalado la volatilidad de la palabra del presidente hasta cotas tales que empieza a ser razonable para los españoles, como principio prudencial, esperar en adelante que el Ejecutivo hará por sistema justamente lo contrario de lo que dice.
La segunda cesión es la de aceptar que la Mesa del Congreso tramite la proposición no de ley exigida por Junts sobre la cuestión de confianza, algo a lo que el Gobierno también se resistía.
Y aquí vuelve a hacerse patente el absurdo tras los trucos de Sánchez para intentar que un acuerdo signifique dos cosas contradictorias al mismo tiempo: se presta a que la iniciativa de la moción se debata en el Congreso, pero con independencia del resultado de la votación no se someterá a ella.
El único rédito de esta cuestión de confianza mediopensionista es ganar tiempo, aunque nos lo hagan perder a todos los demás. Porque tanto a Sánchez como a Puigdemont les interesa estirar la legislatura. La tramitación de la iniciativa, una nueva patada hacia delante en esta filosofía del «partido a partido» de la que se ufana Sánchez, hará que Junts levante la suspensión de «las negociaciones sectoriales» con el PSOE, y así poder reanudar las conversaciones sobre la cesión de las competencias de inmigración, la oficialización del catalán en la UE y, eventualmente, los Presupuestos.
Por lo demás, la cuestión de fondo sigue siendo en realidad la misma. Porque aunque las más de 60 medidas se han quedado en menos de la mitad, manteniéndose el paquete social y excluyéndose el económico, lo único que ha hecho Sánchez ha sido convertir su ómnibus en un microbús, en el que siguen figurando incluidas medidas tan disímiles como la cesión del palacete parisino al PNV o la suspensión de los desahucios.
Y, aun con ello, Sánchez ha instado nuevamente al PP a retratarse con su voto, con la intención de que, si vuelve a votar en contra, tenga que cargar con el oprobio de haber rechazado dos veces medidas como la revalorización de las pensiones, la prórroga de la bonificación al transporte o las ayudas por la dana. Algo que no es cierto, como ha demostrado el PP tanto con su moción en el Senado para instar al Gobierno a que presentase el decreto troceado como con las proposiciones de ley que registró para aprobar cada una de estas ayudas sociales.
Puesto que la oferta sigue siendo un totum revolutum, solo que algo más pequeño y homogéneo, en lugar de permitir que se voten cada una de las medidas por separado, el PP no debe sentirse obligado a apoyarlo tampoco ahora.
Ante el compromiso en el que vuelve a situarle el Gobierno, la salida más razonable para el PP es permitir que salga adelante el escudo social pero sin validar la fórmula elegida para ello. Es decir, la abstención en el Congreso.