Diecinueve estados de la UE, y entre ellos España, han firmado este viernes una carta en la que piden al Banco Europeo de Inversiones (BEI), presidido por la española Nadia Calviño, cambiar sus estatutos para suprimir las restricciones que le impiden hoy financiar proyectos de Defensa, como la fabricación de armamento y municiones.
La carta llega un año después de una primera misiva, a la que no se sumó España, en la que catorce de esos Estados pedían al BEI aumentar sus préstamos a la industria bélica.
La carta de este viernes, promovida por el primer ministro finlandés Petteri Orpo, no puede desligarse de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y de su exigencia de que los miembros de la OTAN aumenten su gasto en Defensa hasta el 5% del PIB.
Trump quiere evitar que Estados Unidos cargue con la mayor parte de una inversión bélica de la que se benefician todos los socios de la OTAN, pero donde casi todo el esfuerzo lo realiza el gobierno americano.
Y de ahí que Trump incluyera a España, con más intención de la que se le atribuyó en un primer momento, en el grupo de los BRICS.
Es decir, en el de las economías emergentes explícita o tácitamente antiliberales.
En el caso español, la carta llega pocos días después de la reunión que mantuvo Pedro Sánchez en la Moncloa con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, y en la que este le pidió aumentar el gasto en Defensa en cumplimiento de nuestros compromisos con la Alianza.
España es el país aliado que menos gasta en Defensa, apenas un 1,28% de su PIB. La cifra se sitúa muy por debajo de ese 2% mínimo al que se comprometieron los aliados en la Cumbre de la OTAN de 2014. Estados Unidos aporta el 3,38% de su PIB, sólo por debajo de Polonia (4,12%) y Estonia (3,43%).
Desde el punto de vista interno, el gesto de Sánchez parece un intento de obedecer de forma indirecta la exigencia de Donald Trump sin provocar la protesta de sus socios parlamentarios por la vía de derivar ese incremento del gasto al BEI.
La estratagema de Sánchez no deja de ser un trampantojo, puesto que España deberá ejecutar ese gasto en un momento u otro a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.
Pero el hecho de canalizar la inversión militar a través del BEI le permite a Sánchez esquivar la acusación, al menos a corto plazo, de que el Gobierno ha aumentado el gasto en Defensa a causa de las exigencias de Trump.
Pero el trampantojo de Sánchez no debería ni siquiera ser necesario. Porque la petición de Trump, al que en tantas ocasiones ha criticado este diario en sus editoriales, no sólo es legítima y justa, sino también conveniente y necesaria.
La inversión en Defensa que exige el presidente estadounidense no es el antojo (el ‘Trump-antojo’) de un mandatario belicista o de un halcón de la geopolítica. Es una necesidad vital estratégica en un escenario internacional cada vez más complejo y en el que actores autocráticos como China, Rusia, Irán e incluso Brasil refuerzan día a día su alianza contra las democracias liberales.
Y entre esas democracias liberales, España, por mucho que algunas figuras del PSOE, como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, trabajen hoy en favor de los intereses chinos en la UE y en contra de los americanos. Es decir, en favor de una dictadura comunista y en contra de las democracias liberales.
Sánchez no debería por tanto esforzarse en el arte del contorsionismo político para ocultar o maquillar ese futuro incremento del gasto en Defensa frente a sus socios parlamentarios presuntamente ‘antimilitaristas’.
En primer lugar, porque ese antimilitarismo es sólo el barniz de la estrategia que más les conviene hoy a Vladímir Putin y Xi Jinping: la de una UE desmilitarizada, desarmada, desmotivada, desconectada y sin capacidad de disuasión.
Es decir, indefensa.
En segundo lugar, porque gastar en Defensa es gastar en democracia, en seguridad, en soberanía, en independencia y, en definitiva, en la paz.