A Pedro Sánchez no le hace falta que Puigdemont le apruebe los Presupuestos. Puede seguir en el poder sin ellos y tirar mal que bien a base de decretos. Cuando se atascó el ya famoso ‘ómnibus’, en Moncloa habían pensado en un truco filibustero: promulgar cada mes uno nuevo a medida que el anterior lo fuera tumbando el Congreso. Al final Waterloo dio vía libre y ahora los enviados presidenciales trabajan en un acuerdo, pero si no sale dará igual porque el fugado no parece dispuesto a darle una patada definitiva al tablero. El objetivo gubernamental sigue consistiendo en ganar tiempo. Aunque 2027 queda muy lejos es posible estirar la legislatura con una pelea a cara de perro. Al menos hasta que mejoren las expectativas de los sondeos… con la colaboración de un PP especializado en picar señuelos, como ha quedado de manifiesto la semana pasada, y hacerse un lío con sus propios planteamientos. Por mucho que desgaste el poder, más desgasta no tenerlo.

El problema de ese proyecto de resistencia es que, pese a la torpeza de la oposición, los vientos políticos están girando hacia la derecha. Las victorias de Milei y Trump, el desplome socialdemócrata alemán y las experiencias italiana y francesa anuncian corrimientos de tierras que en España también han empezado a reflejar las encuestas. Los datos demoscópicos detectan transferencias de intención de voto entre bloques que sugieren la existencia de una brecha en el muro tras el que Sánchez se parapeta. Para cerrarla necesita dos cosas: corregir la tendencia descendente del PSOE y reconfigurar por enésima vez la correlación de fuerzas en el espacio a su izquierda, donde el crédito de Yolanda Díaz está en plena quiebra. La estrategia en ciernes pasa por ofrecer a Sumar puestos de salida en las candidaturas sanchistas para que IU y Podemos vuelvan a acudir a las urnas en una misma papeleta y entre todos alcancen a rebañar escaños en circunscripciones medianas y pequeñas.

El frente judicial es más complicado. La ‘ley Begoña’, insólito apaño de despenalización a medida que beneficia de rebote a Puigdemont, es requisito imprescindible para despejarlo. Con Ábalos hay un pacto de no agresión pero en todo caso se le da por amortizado. El Gobierno cree que a Aldama no le quedan ya bazas con las que hacer daño más allá del revuelo mediático, y confía en que el Constitucional ampare al fiscal general en el recurso sobre el registro en su despacho. Si eso ocurre, Pumpido mediante, los mensajes eventualmente comprometedores que busca el Supremo quedarían a salvo. La consigna es ir con todo, explotar a fondo el control del aparato del Estado, aprovechar sin reparos cualquier resquicio político o legal que permita apartar obstáculos por el método que sea necesario. Si aun así se acaba produciendo el relevo va a costar años la reconstrucción de los estragos en un tejido institucional devastado.