Cabe esperar que la dimisión del hermano de Pedro Sánchez de su alto cargo en la Diputación de Badajoz, sellada este miércoles, va a ser interpretada por el Gobierno como una confirmación de su narrativa sobre una cacería judicial contra el entorno familiar del presidente.
Pero lo cierto es que ha sido David Sánchez (alias David Azagra) quien ha cavado la zanja en la que ha terminado cayendo.
Porque si bien es cierto que, desde el principio, su contratación por la Administración extremeña como coordinador de los conservatorios pacenses emanaba el aroma del trato de favor, hasta muy recientemente el caso Azagra resultaba, al menos, dudoso.
Podía alegarse que, cuando fue contratado en 2017, Pedro Sánchez no era presidente del Gobierno, sino sólo candidato a la Secretaría General del PSOE. O que el responsable de su fichaje, el líder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo, se ha significado siempre como un notorio antisanchista.
Las sospechas de un tráfico de influencias estaban por tanto algo atenuadas. Hasta que, con su rocambolesca declaración del pasado enero ante la magistrada Beatriz Biedma, David Sánchez se encargó de ratificar los indicios resaltados por la juez de instrucción de que «se le ha dado un trato de favor tanto en la creación de la plaza y su adjudicación como, sobre todo, en que ese puesto se ha ido adaptando […] a sus propias necesidades personales».
El hermano de Sánchez, en una comparecencia errática y balbuciente, no supo localizar la ubicación física de su oficina, ni identificar quién trabajaba con él, ni cuáles eran exactamente sus atribuciones. A la pregunta de «¿qué es la Oficina de Artes Escénicas?», respondió: «Entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas».
Fue el propio David Sánchez quien suscitó el escándalo que se lo ha llevado por delante, con respuestas tan estraflarias como que tuvo conocimiento de la plaza en la Diputación de Badajoz «a través de un buscador de Internet».
Y, a mayores, en el curso de la instrucción se han ido corroborando los indicios de criminalidad, quedando Azagra a un paso del procesamiento. Indicios que no le han dejado otra opción a la juez que concluir, como en su resolución del pasado miércoles, que «todo parece indicar que el puesto se creó para ser asignado al señor Sánchez, haciéndose patente la innecesaridad de sus funciones muy pronto».
Y, en la resolución fechada este martes, la magistrada se reafirmó en que «no solamente se le habría creado el puesto a su medida […], sino que, además, se habría contratado a personas de su confianza para auxiliarle en el desempeño [de sus funciones]».
De modo que, lejos de poder contemplársele como una víctima de una persecución surgida de motivaciones espurias, es David Azagra el mayor responsable de haber dilapidado su crédito y trasladado la imagen de un enchufismo palmario según avanzaba la investigación.
Corresponde al tribunal dirimir si hubo irregularidades en su contratación, y si Sánchez incurrió o no en delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos. Pero lo que resulta sin duda escandaloso es la manera en la que ha ejercido ese cargo, sin ni siquiera haber simulado una mínima apariencia de que la plaza no fue creada ad hoc.
Es natural que tal sea la conclusión de la juez si, de forma incomprensible, Azagra no se ha cuidado en siete años de construir una narrativa verosímil sobre la idoneidad de su puesto. Como resulta sencillamente misterioso que el músico tampoco se preparase (quién sabe si por sensación de impunidad o por pura desidia) una partitura coherente para interpretar ante la instructora, en lugar de tocar de oídas y desafinar estrepitosamente en sede judicial.
Su renuncia a un cargo que ni él supo justificar, aunque no supone un reconocimiento de culpa penal, sí equivale a admitir que su contratatación en un puesto de alta dirección era efectivamente innecesaria. Renuncia que, dicho sea de paso, no se refiere en realidad a un cargo que nunca existió como tal, sino al sueldo público real que sí ha venido percibiendo.