Tonia Etxarri-El Correo
No hay día sin descanso para el gobierno de La Moncloa, que ve que el cerco de la corrupción se va estrechando en el entorno del presidente y no se le ocurre una reacción más apropiada que la de blindarse arremetiendo contra los jueces que cumplen con su trabajo, a pesar de la campaña feroz que están soportando mientras siguen con sus instrucciones. Seguramente los ciudadanos perplejos necesitarán una guía para no perderse ante el desfile de nombres relacionados con el Gobierno y el PSOE investigados desde la época del covid, por haber cobrado mordidas, presuntamente, en tiempos en los que la gente moría por el virus. Desde Ábalos hasta el ministro Torres o Santos Cerdán. Por esa extraña relación con la vicepresidenta del Gobierno venezolano. O la investigación sobre su señora por delitos de apropiación indebida y tráfico de influencias. O la de su hermano.
Será por el empacho de datos que a veces parecen extraídos de un sórdido guion de serie televisiva. O porque tampoco les convence los mensajes de la oposición. El caso es que los ciudadanos apenas están reaccionando. Como si se estuvieran acomodando a vivir observando la cadena de escándalos, por mucho que García Page alerte , desde las entrañas del PSOE, que el comisionista Aldama es «una bomba de racimo».
El Gobierno sentencia, desde su tribunal paralelo: «No hay caso». Pero no hay reflejos en una ciudadanía desconcertada. No hubo respuestas cuando el Constitucional, erigiéndose en Tribunal de casación, desmontó la sentencia del Supremo sobre la trama de los ERE anulando las condenas de los expresidentes de la Junta de Andalucía Chaves y Griñán. Ese fraude de 680 millones de euros del que, a pesar de contar con dos sentencias, la enciclopedia virtual Wikipedia se permite el lujo de decir que no existió, que fue «un invento». Tampoco se produjo un cataclismo cuando se oficializó la influencia de Puigdemont sobre la gobernabilidad de España. Y ahí seguimos. Sobre la tabla, esperando la ola. Está cayendo un aguacero de impudicias con el abuso de poder de un Gobierno que cambia una ley al publicarla en el BOE, sin pasar por el filtro del Parlamento pero la lluvia no cala en buena parte de los ciudadanos. La corrupción se ignora y socios como el PNV, que fue capaz de cambiar de bando cuando Sánchez presentó su moción de censura contra Rajoy, ahora está mirando hacia otro lado.
El hartazgo ciudadano existe, es cierto, pero se manifiesta de diversas formas. La más notoria es la del desentendimiento, que es una patología que les debería preocupar a los políticos. No es de extrañar que el mismo seleccionador de fútbol masculino, Luis De la Fuente, que hace menos de tres años tenía a gala decir que era un ferviente consumidor de los medios de comunicación, ahora, en pleno juicio por el beso de Jenny, se le ha bajado el punto. Ya no lee, ni escucha, ni ve. No vaya a ser que la actualidad le salpique. Ya se sabe. Ojos que no ven, responsabilidad que no se asume. Y punto. Del hartazgo al desentendimiento media una línea tan fina que se transparenta. De ahí a la abstención, un paso.