- El comisionado y comisionista Víctor de Aldama va aportando indicios de cómo el régimen de Maduro financió la carrera de Sánchez para presidir la Internacional Socialista a través de la petrolera venezolana PDVSA
En política, las «casualidades» no existen, sino las «causalidades». Para diferenciar las unas de las otras, el gran escritor británico de novelas de espionaje en la Guerra Fría, John Le Carré establecía este banco de pruebas: una coincidencia puede ser casual, dos mueven a la sospecha y tres la certifican. Por eso, conviene examinar bajo ese prisma la renuncia aparentemente voluntaria del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, imputado por malversación, tráfico de influencias, prevaricación y fraude a Hacienda y a la Seguridad Social, como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. Todo ello tras evidenciar ante la juez Biezma que ignoraba el emplazamiento y a qué se dedicaba un organismo creado «ad hoc» por ser quiera era y del que cobraba un salario que tributaba en Portugal para esquivar la política fiscal de su consanguíneo.
Así, su dimisión de este miércoles no se puede desligar de dos resoluciones judiciales que, previamente, habían puesto sello al Palacio de la Moncloa. De un lado, la requisitoria de la juez Biedma a Presidencia de Gobierno interesándose por un adjunto del artista David Azagra que antes trabajó en esas dependencias, Luis María Carrero Pérez, quien se refería como «hermanito» para llamar al hermanísimo. De otro, la imputación por el juez Peinado de Cristina Álvarez, ayudante de Begoña Gómez para su agenda oficial como mujer del presidente, por recabar pagos para los negocios privados que su asistida habría hecho desde estancias e instancias oficiales.
Si, con respecto a quien se incorporó a la Diputación pacense en noviembre de 2023, pero del que todo el mundo sabe que es íntimo del director de orquesta, la juez Biezma ha pedido que Presidencia del Gobierno le informe sobre los puestos que haya ocupado, así como de los contratos laborales firmados por el susodicho, el magistrado Peinado ha instado las comunicaciones telefónicas de Cristina Álvarez, bien desde su teléfono personal, bien desde el que tuviera asignado por Moncloa, con cualquier patrocinador de los másteres o cátedras de Begoña Gómez. Ambas providencias abocan a una situación comprometida al presidente del Gobierno, quien tiene a su ex mano derecha en el PSOE y en el Gobierno, José Luis Ábalos, defensor de su moción de censura contra Rajoy con la regeneración política por bandera, rumbo al banquillo, al igual que a su fiscal general, a la par que el comisionado y comisionista Víctor de Aldama va aportando indicios de cómo el régimen de Maduro financió la carrera de Sánchez para presidir la Internacional Socialista a través de la petrolera venezolana PDVSA. Para más inri, coincidiendo con el enésimo choque diplomático entre ambos gobiernos –ahora por mor del plan Trump para los refugiados gazatíes–, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama cursa una nueva comisión rogatoria a las autoridades israelíes para averiguar quién espió el móvil de Sánchez, cuyos secretos desbordan a los de García Ortiz.
Demasiados caminos, sin duda, conducen a La Moncloa mientras su inquilino trata de modificar las leyes a velocidad de la liebre para ganarle la carrera a la tortuga de la Justicia. A fin de granjearse por anticipado una indulgencia plena tanto para él como para su familia y allegados del partido, actúa con la premura del conejo con chaleco de «Alicia en el País de las Maravillas»: «¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Voy a llegar tarde!». … Y, con tanta prisa, el desbarajuste tragicómico de la Fiscalía General del Estado en el que Álvaro García Ortiz no sólo ha perdido el relato que pretendía construir para servirle a Sánchez la cabeza de Ayuso en bandeja de plata mediante la revelación de secretos de las diligencias sobre el novio de la presidenta madrileña que le tiene encausado, sino que puede perder el pleito, mientras indecorosamente se sostiene al mando de un Ministerio Público que, según los testimonios de sus subalternos ante el juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, pareciera que la jaranera casa de Tócame Roque se hubiera mudado de la calle Barquillo, donde radicó, a la de Fortuny, donde mora la Fiscalía General.
Así, al conocerse la textualidad de la deposición de García Ortiz, escandaliza no sólo su negativa a colaborar con la Justicia al no contestar las preguntas del juez instructor, como es el deber de un responsable del ministerio público en ejercicio al rehusar dimitir tras ser encausado, sino que rechace su legitimidad al acusarle de proceder casi con premeditación y alevosía al alegar que le mueve la «predeterminación» y «una certeza que no lleva al descubrimiento de la verdad». A algunos juristas les rememora la estrategia de defensa de los etarras persiguiendo que Cándido Conde-Pumpido se agarre a ello para anular al frente del Tribunal Constitucional una condena que ya debe maliciarse García Ortiz. Claro que no precisa verbalizar lo que el jefe bilduetarra Otegui inquirió al ser detenido en el curso de la negociación de la banda terrorista con Zapatero: «¿…y esto lo sabe el fiscal general del Estado?», cuyo desempeño entonces corría a cargo de Conde-Pumpido.
Junto a ello, justifica su borrado de mensajes y cambio de teléfono siete días antes de que la Guardia Civil registrara su despacho porque elimina «todo [los mensajes y el contenido de sus dispositivos] de manera regular», pues los datos que contienen «son ultrasensibles». La cuestión es para qué y para quienes teniendo en cuenta su trayectoria y de cómo respiró aliviado el presidente Sánchez y su edecán Bolaños. Ello redunda en el aserto de que las supuestas razones de Estado no dejan de ser inventos de la política para favorecer lo que se hace sin más razones que la protección propia.
Si Thomas de Quincey escribió en «Del asesinato como una de las bellas artes», con sarcástica ironía, que «uno empieza por permitirse un asesinato, pronto no le dará importancia a robar, del robo pasa a la bebida y a la inobservancia del día del Señor, y se acaba por faltar a la buena educación y por dejar las cosas para el día siguiente», otro tanto cabe colegir con la Fiscalía General transitando de la tragedia a la comedia sin dilación si se atiende a su vez a las declaraciones de la guardia de corps de García Ortiz ante el juez del Tribunal Supremo. Además de poner distancia procesal con relación a su jefe al apelar a una falaz obediencia debida que les ponga a cubierto, estos han llegado al punto extravagante de trasladar una imagen de opereta del Ministerio Público sin necesidad de retransmitirlo por televisión como Petro en Colombia con una sesión de su Consejo de ministros que parecía un filme de los hermanos Marx.
Cuanto más lo explican, peor lo ponen. Más cuando la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, «Lady Cianuro», asevera ante el juez Escribano que allí no había secreto que preservar sobre la denuncia de Alberto González Amador, investigado por fraude fiscal, o sobre el correo electrónico de su letrado a la Fiscalía para buscar un pacto que le librara de la cárcel, porque al expediente tenía acceso «hasta la señora de la limpieza». A lo que se ve, los fiscales imputados quieren hacer creer que, como en la popular canción de desamor de Gabinete Caligari, todo fue cosa «del cha-cha-cha que me volvió un caradura por la más pura casualidad». En realidad, por la más pura causalidad.