La muerte de un narcotraficante ayer viernes en el Estrecho de Gibraltar, un año después del asesinato de dos guardias civiles en Barbate tras ser embestidos con una narcolancha, demuestra que el Gobierno sigue siendo incapaz de acabar, o siquiera reducir, el tráfico de drogas en la zona, la más azotada por el paro de todo el país.
La muerte de ayer se suma a la de otro narcotraficante el pasado mes de noviembre, cuando la persecución de la Guardia Civil a una lancha que traficaba con hachís y que pretendía descargar su alijo en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) acabó con el fallecimiento del delincuente y dos agentes de la Benemérita heridos.
La impunidad con la que operan los narcotraficantes en la costa de Cádiz se ha incrementado desde el muy polémico desmantelamiento, en septiembre de 2022, del dispositivo OCON sur, que durante sus cuatro años de vida permitió acabar con la mayoría de los clanes narcotraficantes del Estrecho de Gibraltar.
Prueba de dicha impunidad es que los compañeros del clan del narco fallecido, lejos de adoptar un perfil bajo por la presión de la Guardia Civil, han anunciado ya su intención de vengar su muerte con el asesinato de algún agente. «No habrá piedad con los perros», han anunciado en referencia a la Benemérita.
Tras el desmantelamiento del OCON sur, y a pesar de las repetidas peticiones de refuerzos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los clanes narcotraficantes volvieron a ocupar poco a poco el vacío dejado por el Estado. En la actualidad, no es extraño ver a los delincuentes burlarse de la Guardia Civil mientras recorren el Guadalquivir o descargar sus fardos allí donde les es más conveniente.
El narcotráfico en Gibraltar y el resto de la costa de Cádiz ha sido una constante desde hace décadas, frente a la que el Estado ha actuado con flexibilidad: incrementando la presión cuando dicho tráfico amenazaba con escalar o incrementaba su violencia, y relajándola cuando este se limitaba a un trapicheo residual y de escasa gravedad.
Pero los años de Fernando Grande-Marlaska al frente del Ministerio del Interior, y muy especialmente tras el desmantelamiento del cuerpo que con más eficacia había luchado contra el narcotráfico en la zona y que mejor conocía el modus operandi de sus clanes, han permitido que un problema relativamente marginal se convirtiera en un problema de Estado.
Hoy, los clanes, varios de ellos marroquíes, actúan con la tranquilidad que les da saber que los escasos efectivos destinados a la zona son muy insuficientes para atajar su actividad.
El fracaso de Marlaska en el Estrecho de Gibraltar es una evidencia imposible de ocultar. Como ministro del Interior, Marlaska ha permitido que la costa de Cádiz sea hoy un territorio en el que el Estado es prácticamente residual, tras haber desarmado y desguazado las herramientas de aquellos que debían luchar contra el delito.
La responsabilidad de Marlaska en el agravamiento de la situación es flagrante. Los motivos de su dejadez y del abandono de la zona en manos de los narcotraficantes por parte del Gobierno escapan al objetivo de este editorial. Pero lo que es evidente es que en el terreno de la delincuencia no existen espacios vacíos: allí donde el Estado se ausenta, las mafias y el narco hacen acto de presencia hasta crear un pequeño Estado delincuencial paralelo donde la ley la dictan y la ejecutan los criminales.