La Unidad Central Operativa (UCO) ha confirmado al instructor de la Sala Segunda del Supremo que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ejecutó dos borrados de los mensajes de su móvil el mismo día en que conoció la decisión del Alto Tribunal de asumir la investigación iniciada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Además, los investigadores de la Guardia Civil informaron al juez Ángel Hurtado de que García Ortiz eliminó «recientemente» una cuenta personal de Gmail, la utilizada para recibir los correos cruzados entre la Fiscalía de Madrid y el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

En su informe, que responde a una petición del magistrado Hurtado, la UCO destaca el intenso cruce de llamadas que mantuvo Álvaro García Ortiz previamente a la difusión del correo electrónico de González Amador. Una llamada, no atendida desde el móvil investigado, fue realizada por el periodista de una cadena de radio que, poco después de esta comunicación, dio a conocer párrafos literales del correo remitido por el abogado de González Amador a la Fiscalía madrileña. No solo queda pendiente recuperar los contenidos de la cuenta de Gmail eliminada por Álvaro García Ortiz, sino conocer quién era el insistente interlocutor del fiscal general del Estado que utilizaba un número de teléfono móvil asignado a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, órgano directivo del Ministerio de Hacienda adscrito a su subsecretaría.

La cuenta de Gmail era privada, así que con ella no funciona el argumento de que contenía información sensible que afectaba al interés del Estado; salvo que el fiscal general fuera tan irresponsable como para guardar en una cuenta particular ese tipo de información, hecho que, por sí solo, justificaría que fuera investigado judicialmente y que fuera destituido por el Consejo de Ministros, por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, según dispone el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Cada avance de la instrucción penal contra García Ortiz aporta un indicio, nuevo y más sólido que el anterior, sobre la irregularidad de su comportamiento, primero como presunto filtrador de secretos profesionales; luego como obstructor de la acción de la Justicia, aunque no pueda ser imputado por este delito. En todo caso, no hay fiscal en España que no utilizara la destrucción de pruebas por parte el acusado como un dato de incriminación contra él, como un comportamiento que corroborara las pruebas de cargo. Lo que hizo García Ortiz con los contenidos de sus teléfonos móviles y con la cuenta de correo electrónico en Gmail es lo que suele hacer un culpable que borra su rastro en el camino delictivo. Sin embargo, las prisas no son muy eficaces cuando las fuentes de prueba son telemáticas y telefónicas, porque intervienen terceros, ya sean los interlocutores, ya sean las empresas operadoras, que pueden facilitar la recuperación de mensajes y llenar los huecos en el puzle.

En todo caso, para García Ortiz se ha hecho imposible rebatir los testimonios de dos de sus fiscales subordinados, Almudena Lastra y Julián Salto, y la secuencia temporal de los acontecimientos, que unen su acceso al correo electrónico del abogado de González Amador con su inmediata difusión en determinados medios. A este escenario incriminatorio se une la perversión de las funciones que corresponden a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, teóricamente defensoras de la legalidad, desde una posición imparcial, pero prácticamente absorbidas por un conflicto de intereses privados que trasciende del fiscal general y llega directamente a los intereses políticos de Pedro Sánchez.