EL ESPAÑOL ha podido conocer que algunos ministros socialistas están contrariados por la manera en la que María Jesús Montero ha gestionado la controversia mantenida con Yolanda Díaz a cuenta del Salario Mínimo Interprofesional, que se ha resuelto con la negativa de Hacienda a dejar al SMI exento de IRPF. Hablan de una «torpeza comunicativa y política».
Torpeza comunicativa porque la confirmación de que el SMI tributará el impuesto sobre la renta (que no estaba prevista para hoy), en la misma rueda de prensa en la que se comunicaba la subida del SMI, ha chafado lo que debería haber sido para el Gobierno el festejo de un «día histórico».
Es inevitable que el mensaje que reciban los ciudadanos sea que, de los pírricos 50 euros brutos al mes que supondrá el incremento del 4,4%, Hacienda se quedará con la mitad, por resistirse a elevar el mínimo exento de IRPF en la misma medida que se subirá el SMI este 2025.
Cuando el Gobierno pretendía sacar pecho, se pega un tiro en el pie trasladando la imagen de que quien se beneficiará realmente del incremento no serán los que menos ganan, sino Hacienda.
El gatillazo se ha visto agravado por las formas en las que se ha dado a conocer la decisión unilateral de Montero, con la insólita escena de dos ministras aireando en público y en vivo sus discrepancias. Yolanda Díaz ha asegurado este martes que se ha enterado por los medios de comunicación de que Hacienda obligará a los trabajadores que cobren el SMI a pagar el IRPF.
Díaz desvelaba así, al menos, lo que no se había tratado en un Consejo de Ministros cuyas deliberaciones están sometidas a secreto, al aclarar que ni siquiera se debatió ni se comunicó a Sumar la cuestión de la tributación del SMI. La portavoz Pilar Alegría redoblaba la incomodidad de la escena al corregir a la ministra de Trabajo, susurrando «eso no es así».
La torpeza es también política porque la decisión pone al PSOE en contra de los sindicatos, de su socio de coalición, y de casi todo el arco parlamentario.
El PSOE se queda solo y se mete en un embrollo parlamentario de primer orden, que ya ha empezado con el registro por el PP de una proposición de ley para que ningún perceptor del SMI tenga que pagar el impuesto de la renta. Sumar también presentará una iniciativa en el Congreso en la misma línea. Y desde Podemos y Bildu hasta Vox apoyarán igualmente un ajuste del IRPF.
El Ministerio de Hacienda invoca la necesidad de hacer «pedagogía fiscal». Y no le faltan motivos para aducir que resulta insostenible dejar una franja cada vez mayor de ciudadanos exentos de pagar el IRPF, que sólo recibirían sin aportar a las arcas públicas.
Pero ha sido el propio Gobierno, al haber seguido la línea marcada por la cuota de Sumar, quien se ha metido en este lío.
Moncloa pareció haber olvidado que el SMI supone una manipulación artificial del mercado laboral. Y ahora la fantasía de la subida indefinida del salario mínimo se choca con la realidad: que, ante tantos incrementos, en algún momento debe establecerse el corte a partir del cual tributar.
El Gobierno ha decretado una subida total del SMI del 61% desde el 2018, sin discriminar por sectores y dejando a la patronal fuera del diálogo social. Y ahora se topa con el desagradable compromiso de decirle a los ciudadanos más desfavorecidos que estarán sometidos a fiscalidad por primera vez.
Porque tampoco está dispuesto a renunciar a una fuente de ingresos necesaria para sostener, en ausencia de Presupuestos, el gasto público superfluo que se niega a reducir. Lo cual contribuirá a la imagen que ya cunde en la prensa extranjera de España como un infierno fiscal, que soporta, después de las 82 medidas recaudatorias aprobadas desde que gobierna Sánchez, el esfuerzo fiscal más alto de todas las economías avanzadas.