Es una máxima del buen periodismo que no se puede informar de las querellas o demandas hasta que no sean admitidas, o inadmitidas, a trámite. Se trata de una prevención deontológica para evitar que un ciudadano anónimo se invente una acusación y, antes aun de que un juez decida si tiene o no sentido, los medios de comunicación le demos recorrido en la opinión pública. Como todo en la vida, hay excepciones, pero esta una norma básica que busca evitar penas gratuitas de telediario. Podría pasarle a cualquiera.

Hete aquí que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha inadmitido una querella por prevaricación contra el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y los otros seis magistrados que conforman la llamada mayoría progresista. Los acusaban de estar extralimitándose en sus funciones e invadiendo las competencias de los tribunales penales. Dicho de otro modo: que el TC de Pumpido se pasó de la raya corrigiendo la sentencia de los ERE dictada por la Sala II del Supremo.

No obstante, inadmitida la querella, salta a la vista una frase que introduce el ponente, el magistrado Andrés Palomo, en los fundamentos jurídicos y que está siendo muy comentada en el TC, por lo que supone de advertencia a los magistrados: «Ello no supone el otorgamiento de carta blanca al TC». Carta blanca, se entiende, para prevaricar. En cierto sector del TC, incluso, anida ya la preocupación, hasta el punto de que alguien ha propuesto por escrito a todos los magistrados, aunque de manera informal, que se adoptase alguna iniciativa «en defensa de nuestra jurisdicción».

Hacer semejante cosa sería una torpeza mayúscula porque delataría la intensidad de la preocupación, una especie de antesala de la culpabilidad: la mala conciencia. Y ya podemos afirmar que este no es el último varapalo del Alto Tribunal al Constitucional.

Aún hay más. Se produce otro hecho coincidente: la mayoría progresista del TC decidió hace unos días recusar al magistrado conservador José María Macías como ponente de uno de los recursos a la amnistía. No sólo eso: decidió ‘extender’ esa recusación a todos los recursos vinculados al borrado legal del ‘procés’, aunque nadie lo hubiera recusado. Me consta que algunos de los letrados que asesoran a los que perpetraron el auto les recomendaron que no hicieran eso porque era muchísimo más que altamente discutible y que no podía sostenerse en ninguna interpretación de la ley.

Se avecina un gran choque institucional. Salta a la vista que la defensa del fiscal general del Estado no está tanto en demostrar su inocencia como en victimizarse de cara al día en el que el Constitucional revise su caso. Llegado el momento los magistrados del TC deberán tentarse la ropa, no vaya a ser que sea verdad eso que dijo el magistrado Palomo: que no tienen carta blanca para prevaricar.