La decisión del gobierno autonómico de Carlos Mazón de celebrar una consulta en la Comunidad Valenciana para que los padres decidan cuál debe ser la lengua vehicular de la educación de sus hijos no es sólo un admirable ejercicio de democracia directa, habitual por ejemplo en la Confederación Suiza, aunque inédito en España.
También rompe un arraigado tabú que ha permitido que la lengua española, la única oficial en todo el país y la que todo español tiene el deber de conocer y el derecho a usar según el artículo 3.1 de la Constitución, haya sido erradicada de las aulas vascas y catalanas, y relegada a una posición secundaria en otras regiones por una decisión de las autoridades políticas y educativas contraria a la voluntad de las familias afectadas.
La posición de EL ESPAÑOL, en sintonía con su línea editorial liberal, ha sido siempre la de que los padres escojan libremente la lengua vehicular de la educación de sus hijos, y la de que el Estado garantice una estructura educativa de doble línea que permita el ejercicio de ese derecho constitucional.
Una estructura que, por otro lado, asegure un correcto conocimiento de ambas lenguas en las regiones que cuentan con una lengua local cooficial. Algo que la iniciativa del gobierno valenciano garantiza al decretar un mínimo de un 30% de las clases en la lengua no preferida por los padres frente a un 50% de la preferida.
La posición de este diario deriva de una evidencia jurídica, pero también política. La de que las lenguas no tienen derechos, y ni siquiera el derecho a «ser salvadas» de su hipotética desaparición. Los únicos que tienen derechos son los ciudadanos.
La reiterada desobediencia por parte del gobierno autonómico catalán de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que exigen un mínimo de un 25% de clases en español ha sido tácita o explícitamente tolerada por los distintos gobiernos centrales por cálculos electorales cortoplacistas.
Los padres han visto así pisoteado una y otra vez su derecho constitucional a que sus hijos sean educados en la lengua común de todos, única oficial en toda España.
Carlos Mazón se convierte por tanto en el primer barón popular de una comunidad con lengua cooficial que ha dado un paso real, y no meramente declarativo, en la dirección del respeto de ese derecho constitucional.
Lo ha hecho poniendo el peso de la decisión en los padres y aceptando lo que estos decidan en libertad. Es decir, desde postulados liberales y no estatalistas.
«Se acabó la imposición», ha dicho Mazón hoy miércoles durante la presentación de su consulta. «Llega la convivencia entre idiomas», ha rematado luego.
En la Comunidad Valenciana, el anterior Ejecutivo de PSPV-PSOE y Compromís vetó la posibilidad de que en un mismo colegio convivieran dos líneas educativas distintas, una en español y otra en valenciano, y obligó a los centros a optar por una línea única. Algo que, en la práctica, garantiza la creación de guetos y un distanciamiento cada vez mayor del sistema educativo respecto a la sociedad a la que aspira a servir.
Y no deja de ser irónico que estos dos partidos, siempre tan favorables a la participación democrática (y, en el caso del nacionalismo, partidario del recurso al referéndum para otras cuestiones), hayan protestado por una iniciativa que sólo pretende dar voz a las familias.
La decisión de Mazón tendrá además la virtud de comprobar la veracidad de uno de los más arraigados mitos del nacionalismo vasco y catalán, pero también de la extrema izquierda valenciana: la de que no existe una demanda real de educación en español.
La consulta se llevará a cabo desde el 25 de febrero hasta el 4 de marzo y en ella participarán todos los padres con hijos en edad escolar.
El 4 de marzo los españoles sabremos al fin si ese mantra nacionalista, el de inexistencia de una demanda de educación en español, es cierto o es sólo el bulo con el que el independentismo justifica la imposición por la fuerza de una lengua única y el calvario judicial y personal al que se condena a quienes sólo aspiran a que se respeten sus derechos constitucionales y los de sus hijos.