El Gobierno no puede correr el riesgo de perder otra votación en el Congreso -aunque se vaya acostumbrando a ello-, lo que sucedería si siguieran adelante las propuestas de Sumar, Podemos o el PP, que incluso podrían apoyarse entre sí y que, con toda seguridad contarían con el voto encantado de Junts y el obligado de Bildu y ERC. No sé si el Gobierno podría vetar la propuesta, por aquello de que afecta a los ingresos o si esa cautela solo es posible en la tramitación de los Presupuestos. ¿Por cierto, se acuerda alguien de que hubo un tiempo en el que había Presupuestos? Pero aplicar esa norma al IRPF del SMI cuando se acaba de abortar el impuesto del diésel y el de las empresas energéticas, me parece muy fuerte.

Para mayor complejidad y dado el elevado grado de fraccionamiento territorial alcanzado por Hacienda, el impacto de la retención es muy variable y va desde el mínimo de los 287,1 euros en Madrid (parece que allí no benefician solo a los ricos) hasta los 357,4 de Cataluña (¿exageran los que hablan del rigor fiscal catalán?), pasando por todo tipo de estadios intermedios en virtud de las diferentes situaciones familiares.

Así que el Gobierno deberá dar marcha atrás en su propuesta, la vicepresidenta Montero tendrá que incorporar un nuevo plato de sapo a su menú diario y poner luego al ‘equipo de opinión sincronizada’ a trabajar duro en una explicación que justifique la aparatosa ciaboga. Siempre podrá resaltar su clara intencionalidad progresista. Menudo papelón…