El Congreso ha vivido este jueves un espectáculo lamentable con la comparecencia de Mohamed Houli Chemlal, uno de los miembros de la célula terrorista que atentó el 17-A en Cataluña, en la comisión de investigación de dichos ataques.
Houli es el único superviviente de la explosión del chalé de Alcanar (Tarragona) que mató a varios terroristas de la célula liderada por el imán de Ripoll y que derivó en los atentados de Las Ramblas de Barcelona y de Cambrils.
El objetivo de la comparecencia de Houli, solicitada por Junts y aprobada por el PSOE y Sumar, ha sido el de permitirle alentar una de las más disparatadas conjeturas defendidas por el nacionalismo catalán: la de que el CNI estuvo implicado en los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona.
«El CNI sabía que el imán de Ripoll iba a atentar» ha dicho el yihadista. «El CNI tenía conocimiento de las intenciones que tenía el imán. Lo digo ahora y no antes por el temor que tenía a las represalias, pero estoy en la cárcel y no tengo nada que perder».
A respuesta de las preguntas del portavoz de EH Bildu, Jon Iñarritu, Houli sólo ha dado una prueba de sus afirmaciones. La de que «a veces», cuando los miembros de la célula se reunían con el imán, este les pedía que se fueran «porque tienen que venir agentes del CNI». Luego ha respondido desafiante que no es él el que tiene que buscar pruebas.
La comparecencia del terrorista en el Congreso, custodiado por policías armados vestidos de civil, es la segunda de las concesiones que Pedro Sánchez le hizo a Junts a cambio de la elección de Francina Armengol como presidente de la Cámara Baja.
La primera fue la propia creación de la comisión, que no tiene otro objetivo que propulsar las teorías revisionistas y conspiranoicas del independentismo catalán sobre unos atentados ya juzgados y por los que Houli fue condenado a 43 años de cárcel. Unas teorías sin base fáctica alguna y descartadas hace tiempo por la Justicia, pero con arraigo entre los sectores más radicales y fanatizados del nacionalismo catalán.
Como explica hoy EL ESPAÑOL, un dato permite sospechar que en la declaración de Houli no ha pesado únicamente la voluntad de torpedear nuestra democracia: el de que la hermana de Houli cobra una beca aprobada por un exconsejero de Carles Puigdemont.
No parece por tanto aventurado suponer que la concesión de esa beca, y la consiguiente expectativa de futuras ayudas, haya podido contribuir a convencer a Houli para que defienda el bulo conspiracionista que más le conviene a Junts.
La connivencia del PSOE, indiferente al daño que este tipo de sabotajes propagandísticos pueden provocar en la confianza de los ciudadanos en nuestro Estado de derecho, contrasta con el empeño que ha puesto el socialismo en desacreditar y despreciar las incógnitas, estas sí razonables, planteadas durante el juicio de los atentados del 11-M.
Recordemos, por ejemplo, que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no permitió que los confidentes de la policía declararan en el juicio de los atentados de Atocha, mientras el PSOE de hoy sí ha aceptado que un terrorista condenado haga conjeturas sin pruebas sobre un organismo clave del Estado como el CNI en el Congreso.
Si el PSOE o Junts tienen o creen tener pruebas de la implicación del CNI en los atentados del 17-A, lo que deben hacer es acudir a los tribunales de Justicia.
La organización de un espectáculo como el de ayer degrada nuestra democracia, la convierte en un circo de conspiraciones paranoicas, acusaciones sin pruebas y veneno propagandístico, y alienta la fantasía de «juicios políticos» paralelos de los que surgiría, presuntamente, la verdad «encubierta» por el Poder Judicial y las cloacas del Estado.