Casi medio siglo después, se ha asumido que su reforma no será posible si no participan en ella las tres grandes tradiciones políticas del país -jeltzales, socialistas y EH Bildu-, entre otras cosas porque, con Pedro Sánchez en La Moncloa y el PSE como socio del PNV en la práctica totalidad de las instituciones vascas, el acuerdo es inviable sin la sensibilidad que en Euskadi encabeza Eneko Andueza. Aunque Sabin Etxea se esfuerza en esgrimir ante el líder del PSE el acuerdo de investidura firmado con Sánchez en noviembre de 2023 -que contempla como ámbitos de negociación el reconocimiento nacional de Euskadi, la «salvaguarda» de las competencias vascas y un sistema de garantías basado «en la bilateralidad y la foralidad»-, consciente de que el presidente del Gobierno tendrá la última palabra, ambos asumen que el derecho a decidir se ha erigido en una especie de tótem que impide cualquier consenso. «El derecho a decidir no es un fin en sí mismo, es un medio», conceden en el PNV. Los socialistas trazan con nitidez la línea roja en ese concepto. Y Bildu admite que es «básico» en su ideario pero también que lo que se acuerde con Moncloa puede no recogerlo como tal. De hecho, lo que se pacte en Madrid debe pasar el filtro previo del Constitucional, un asunto que han tenido muy presente los partidos vascos en sus conversaciones.

Y por eso se manejan fórmulas -aún en una fase incipiente, casi de tormenta de ideas, y sin nada por escrito- para vadear el obstáculo. Por ejemplo, sacarlo de la reforma del Estatuto propiamente dicha y debatirlo en una mesa política que impulsarían por su cuenta las fuerzas abertzales, que defienden, además de actualizar el autogobierno, un «nuevo estatus» de relación con el Estado. El matiz cuenta. La solución no es nueva y ya la planteó Podemos en 2017 para acelerar la aprobación de un nuevo texto que blindase los derechos sociales -la gran laguna del actual Estatuto y la prioridad del PSE- mientras en una negociación paralela se buscaría un «pacto de claridad» a la canadiense para encauzar la soberanía y la territorialidad. Entonces no prosperó, pero hoy, una vez que todos los partidos han puesto ya negro sobre blanco sus posiciones de máximos, podría cobrar vigencia.

Votos particulares

El derecho a decidir fue, de hecho, el elefante en la habitación en los trabajos que los juristas expertos designados por los partidos culminaron en diciembre de 2019: un texto exhaustivo con un 98% de acuerdo pero votos particulares en asuntos troncales como éste. No sólo: también en la posibilidad de asumir nuevas competencias y en torno a la famosa bilateralidad, que el jurista designado por el PNV, el diputado Mikel Legarda, pretendía resolver con un Concierto Político calcado del sistema privativo fiscal de Euskadi y con una junta arbitral paritaria que sustituyera al Constitucional, un extremo que desestimaron los expertos propuestos por PSE y Podemos -Alberto López Basaguren y Aranxa Elizondo-, que abogaban por la creación de una comisión mixta para resolver las desavenencias entre las partes. El jurista nombrado por Bildu, Iñigo Urrutia, elaboró su propio texto, inspirado en las bases soberanistas que el PNV -empujado por Joseba Egibar- y los de Arnaldo Otegi habían acordado meses atrás en el Parlamento vasco.

Un lustro después, las discrepancias de fondo se mantienen. Pero las circunstancias externas han cambiado y el debate ha pasado de estar al ralentí a ponerse a todo gas esta semana. ¿Por qué? Bildu no es la misma de entonces y su guiño al PSE al reconocerle como «actor fundamental» en cualquier acuerdo sobre autogobierno así lo demuestra. Acarician el ‘sorpasso’ al PNV y se han propuesto lograrlo a base de mano tendida y de no bloquear ninguno de los grandes acuerdos de país. Su reenganche a las negociaciones sobre la reforma fiscal, forzado por las contradicciones sobre la tributación del salario mínimo, apunta en esa dirección.

Además, las conversaciones iniciadas por Andoni Ortuzar con el resto de fuerzas vascas el pasado otoño con vistas a reforzar su legitimación, ahora frustrada, para seguir cuatro años más al frente del PNV han permitido avanzar en la idea de un acuerdo a tres bandas «en un plazo no muy largo de tiempo». Al menos así lo aseguraron fuentes cercanas al todavía presidente del PNV cuando se postuló para ser reelegido en enero; los mismos medios garantizan ahora que su sucesor, Aitor Esteban, hará suyo sin matices todo lo avanzado en esa ronda discreta de contactos.

Lo de la premura que apuntaba entonces Sabin Etxea no parece, sin embargo, tan claro. El debate va para largo y en eso coinciden las tres fuerzas implicadas, mientras el PP vasco observa sus evoluciones con manifiesto escepticismo. El PSE-EE pretende incluso acometer una «revisión» previa del acuerdo de 2019, lo que en la práctica volvería a echar el freno al debate y le permitiría ganar tiempo frente a un Sánchez proclive a dar luz verde a acuerdos en su propio beneficio, pero de difícil venta para el electorado de Andueza. Los nacionalistas, en cambio, tienen prisa porque el pacto tiene fecha de caducidad, lo que dure Sánchez en Moncloa.

Reescribir el artículo 1

Hasta el momento, en lo único que hay acuerdo es en la viabilidad de reconocer a Euskadi como nación en el nuevo Estatuto, sea en el preámbulo o en el articulado. Para alborozo de Bildu, el propio Andueza, que ha sopesado y sometido a contraste cada coma de su posición antes de empezar a enseñar sus cartas, ha concedido esta semana la posibilidad de reescribir el artículo 1 -que da carta de naturaleza a la constitución del «pueblo vasco o Euskal Herria» en comunidad autónoma como «expresión de su nacionalidad»- para que todos puedan sentirse «representados». Se trataría, explican fuentes al tanto del planteamiento de Andueza, de reconocer el fuerte sentimiento vasco de pertenencia desde la diversidad y la pluralidad de Euskadi, pero sin que sirva de percha jurídica para ir más allá.

Eso choca, no obstante, con el otro vector que el PNV y el lehendakari Pradales -que así lo expresó en septiembre- consideran irrenunciable, el blindaje de lo acordado mediante un sistema de garantías mutuas que impida que «como hasta ahora, se incumpla la ley». «¿Es tanto pedir?», se preguntan los nacionalistas. Si no lo es, responden los socialistas, al menos es técnicamente complejo. El PSE teme, entre otras cosas, que se pretenda acometer una reforma constitucional «por la puerta de atrás». En su día, Basaguren, experto en sistemas federales, ya rechazó el concepto de Concierto Político -que ahora ha asumido Bildu en un alarde de pragmatismo por su enganche en los derechos históricos amparados por la Constitución- al considerar que se había convertido en un «talismán».

Las preguntas que quedan sin responder son, sobre todo, políticas. ¿Podrá Bildu realmente firmar un acuerdo que desnaturalizaría buena parte de sus posiciones históricas? Si Sánchez sabe que sus socios nacionalistas no le dejarán caer, ¿qué incentivos tiene para abrir el melón? ¿Cuándo se daría el paso si el acuerdo de investidura establece como paso previo las complejas negociaciones para transferir el régimen económico de la Seguridad Social y las prestaciones por desempleo? Todo son incertidumbres pero de lo que no hay duda es que los partidos han sacado la carpeta del cajón.