Como cada vez que cede ante alguna exigencia de sus socios nacionalistas, Pedro Sánchez ha pretendido enmascarar lo que no es sino el cumplimiento de un compromiso adquirido con ERC a cambio de su investidura como una medida de interés general, «beneficiosa para todas las comunidades autónomas».

Oriol Junqueras presumió este lunes un acuerdo con el Gobierno para la quita de un 22% de la deuda de la Generalitat de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), equivalente a 17.104 millones de euros. Después, María Jesús Montero anunciaba que el Ejecutivo llevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles una propuesta para condonar 83.252 millones de euros de deuda pública a las comunidades autónomas.

En lugar de cumplir con el conjunto de los españoles, Sánchez privilegia a Cataluña en detrimento del resto de regiones. Un movimiento que también está pensado para promocionar a Montero como candidata a la Junta de Andalucía, dado que la quita se ejecutaría justo en el arranque de la campaña electoral andaluza del próximo año.

Una vez aprobada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la propuesta tendrá que recabar una mayoría cualificada en el Congreso de los Diputados, porque requiere un proyecto de ley para modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Pero nada permite aventurar que PP y Vox no vayan a votar en contra.

Lo que sí han descartado ya las comunidades del PP es la negociación bilateral con el Estado para la condonación que contempla Montero. Han juzgado atinadamente que la (suculenta) oferta del Gobierno es «una trampa». Algo confirmado por la argumentación sardónica de la ministra de Hacienda, quien ha deslizado que «si alguien no quiere que se le condone su deuda», no es obligatorio, pero que «desde luego es difícil de explicar».

El cebo de esta generalización de lo pactado para Cataluña está en que Andalucía sería la principal beneficiada: se le perdonaría casi la mitad de su deuda. También Valencia se encontraría entre las más favorecidas por la quita-trampa.

Con esta jugada maquiavélica, Sánchez busca sembrar la división interna en el PP, aunque sus presidentes parecen haberse alineado para resistirse a la tentadora oferta y rechazarla en firme como «migajas».

Sánchez recurre nuevamente a una larga cambiada para burlar la reforma pendiente del sistema de financiación autonómica, que no ha sido capaz de afrontar en los siete años que lleva en el Gobierno.

Lo que hay que resolver es la infrafinanciación que ha llevado a regiones a Andalucía o a Valencia a endeudarse tanto. No premiar a quienes han derrochado y dar incentivos perversos para que los ejecutivos autonómicos sigan gastando.

De hecho, Cataluña no está infrafinanciada, como ha sostenido Junqueras. Si es la comunidad más endeudada, es porque los últimos gobiernos de la Generalitat han disparado el gasto político.

Si a Cataluña le interesa tanto esta quita, se debe a que, con el eventual regreso a los mercados de capitales, espera apuntalar el relato nacionalista de que se basta como Estado autónomo para financiarse. Pero si en algún lugar de España hace falta la motosierra, es en Cataluña. Algo que está reñido con el clientelismo nacionalista que Sánchez parece dispuesto a seguir sosteniendo.

Esta condonación establece un precedente nefasto en un modelo autonómico donde se había intentado introducir el principio de responsabilidad fiscal. Al liberar de ella a las CCAA que más se financiaron con el FLA, nada motiva a las regiones a cumplir una senda de reducción del déficit. Y añadir 6.000 millones anuales al déficit en un país con una deuda pública tan desorbitada como el nuestro supone una auténtica temeridad.

Además, la oferta de Montero no pasa de un ejercicio de prestidigitación para disfrazar un juego de suma cero en el que comunidades como Madrid saldrán perdiendo. Porque la deuda no desaparece, sólo cambia de manos. El rescate del Estado implica mutualizar la deuda de los catalanes, endosándosela a todos los españoles.

En lugar de buscar una fórmula de financiación más justa, Sánchez ha optado por seguir debilitando los elementos de la solidaridad interterritorial. Una fórmula destinada a ahondar en la invertebración de España en diecisiete reinos de taifas.