Una nueva rectificación se añade al copioso historial de cambios de opinión del Gobierno de Pedro Sánchez. Hasta hoy, Fernando Grande-Marlaska había negado reiteradamente que el Ejecutivo fuese a ceder la gestión de la inmigración a Cataluña.
El ministro del Interior sostuvo que «el control de fronteras y los flujos de migración irregular son competencia exclusiva del Estado y el Gobierno central». Y que por eso ambas competencias «no son susceptibles de ser transferidas ni delegadas».
Pero, al igual que ocurrió con la Ley de Amnistía, esta cesión parece haberse vuelto, por arte de birlibirloque, constitucional, una vez que Carles Puigdemont se lo ha impuesto a Sánchez.
La proposición de ley orgánica registrada este martes por PSOE y Junts, que contempla el traspaso de la seguridad de puertos y aeropuertos a los Mossos, y el de la gestión de los permisos de residencia, la devolución de los irregulares y el control de los CIE a la Generalitat, supone, como han señalado policías y guardias civiles en conversación con EL ESPAÑOL, la expulsión de estos cuerpos de Cataluña.
Hasta el punto de que Puigdemont ha podido presumir este martes de que Cataluña comenzará a «gestionar competencias que normalmente son de los Estados«.
Pero el tratamiento preferencial a la comunidad autónoma catalana como un Estado dentro del Estado no constituye, lamentablemente, una novedad en el insensato proceso de invertebración nacional que han alentado las alianzas de Sánchez con los independentistas.
Lo que resulta realmente escandaloso es la justificación aducida por Junts, y rubricada por el PSOE, para motivar la delegación de las competencias migratorias.
En el preámbulo de la proposición de ley, se lee que Cataluña «siempre ha sido un territorio fronterizo que ha acogido a mucha población procedente de fuera», y que debe tenerse en cuenta «el impacto que representa para la lengua catalana».
«El 18% de la población catalana tiene nacionalidad extranjera y si nos fijamos en el lugar de nacimiento, este porcentaje se eleva hasta el 25,1%», reza la exposición de motivos.
Es decir, que el PSOE iguala a los inmigrantes extranjeros con los españoles «nacidos fuera» de Cataluña. Y esto es tanto como considerar a los españoles extranjeros en su propio país.
Es decir, exactamente la comprensión nativista y supremacista que el nacionalismo más excluyente tiene de la identidad catalana.
El PSOE extiende a los residentes no nacidos en Cataluña la condición de amenaza para la lengua y la cultura catalanas. Algo que se ha encargado de corroborar Puigdemont en su comparecencia, en la que ha reivindicado la gestión «integral» de la inmigración por la necesidad de «asegurar el futuro de la identidad nacional catalana».
Es cierto que el texto, que menciona la «catalanidad», no hace referencia, como sí ha hecho Puigdemont, a que «una persona que no conoce el catalán en Cataluña no está integrada». Ni tampoco ha explicitado, como el prófugo, que hablar esta lengua será un «requisito» para conseguir los papeles.
Pero, al equiparar a los extranjeros sin nacionalidad española con los españoles nacidos fuera de Cataluña, la proposición destila un espíritu idéntico al de este racismo lingüístico. Y el mismo ideario xenófobo y antiinmigración que enarbolan abiertamente Puigdemont o Silvia Orriols.
Estas tesis conspiranoicas, sostenidas por la extrema derecha nacionalista, afirman que se está fomentando una sustitución masiva de los nativos por inmigrantes para disolver la identidad nacional de los pueblos. Quién nos iba a decir que veríamos al Partido Socialista Obrero Español asumir la teoría ultra del «gran reemplazo».