Lo peor de la proposición de ley firmada por el PSOE y Junts per Catalunya para «delegar» las competencias de inmigración en la Generalitat y los Mossos de Esquadra no es la letra –el papel lo aguanta todo- sino ese inconfundible aroma a «racismo» independentista -no lo digo yo, lo dice Podemos- que emana del texto con una exposición de motivos (?) que bien podría haber suscrito Donald Trump so pretexto de acabar con la decadencia estadounidense cerrando fronteras bajo el lema Make América Great Again (MAGA).

Nos encontramos ante una suerte de Make Catalonia Great Again que hasta este lunes moraba solo en la cabeza de un Carles Puigdemont decidido a combatir ese carlismo 3.0 racista y amenazante para Junts que representan Silvia Orriols y su Alianza Catalana en muchos feudos comarcales; pero, hete aquí que Pedro Sánchez se lo ha comprado enterito para seguir un tiempo más en La Moncloa después de mucho golpe de pecho en plan no, nunca, never, igual que ocurriera con la Ley de Amnistía.

El papelón de Marlaska

Cierto que la cesión del PSOE va envuelta en un celofán vistoso de mucha palabrería y loas a «los beneficios» que ha reportado la inmigración a la convivencia en Cataluña… pero para cerrar la puerta al modo Santiago Abascal, si me apuran; tanta palabrería busca un efecto placebo en la conciencia socialista, intuyo, un disimular el trago de tener que desdecirse, una vez más, todo el partido empezando por el presidente y su ministro del a interior, Fernando Grande Marlaska, que menudo toro le va a tocar lidiar al ex juez si antes no hace mutis por el foro con un «ahí os quedáis».

¿Cómo es posible que un partido y un líder que se definen a sí mismos progresistas, hayan firmado una proposición de ley donde se dice, textualmente, que, según datos del Instituto de Estadística de Cataluña, el 18% por ciento de los allí residentes tiene nacionalidad extranjera  «y si nos fijamos en el lugar de nacimiento, ese porcentaje se eleva al 25,1%» … ¿Perdón? ¿Qué quieren decir con eso del «lugar de nacimiento», que un catalán nacido en Soria, Murcia o Lugo, toda una vida viviendo y trabajando allí, no es catalán? ¿Eso lo ha firmado alguien en nombre del Partido Socialista Obrero ESPAÑOL, fundado hace 150 años por un tipógrafo, Pablo Iglesias, en defensa de la clase obrera?

¿Si los barones populares Juan Manuel Moreno Bonilla, Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Rueda, Jorge Azcón, Carlos Mazón o el socialista Emiliano García-Page llegarán a exigir en los próximos meses un pacto similar para decidir -ellos también- cuantos y quienes se quedan de los que expulse Cataluña, y así controlar «el impacto que supone en el colapso de los servicios sanitarios y en la educación pública» de sus regiones, también lo firmaría el Gobierno?

¿Puede ese mismo partido socialista, que ha gobernado y gobierna España 27 de sus 47 años de democracia, admitir que hace todo esto, conceder a la a Generalitat poder decisorio sobre los cupos migratorios y expulsiones -se supone que a algún otro rincón de España- de gentes que llegan para labrarse un futuro mejor, únicamente por «el impacto que representa para la lengua catalana» y/o la pureza etnicista que propugna el mismo independentismo catalán que ha empobrecido Cataluña y ha contaminado todo el debate político español del peor modo y manera?

Si la respuesta es no, propongo a nuestro Gobierno, el de todos, que se responda a esta otra cuestión: ¿Si los barones populares Juan Manuel Moreno Bonilla, Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Rueda, Jorge Azcón Carlos Mazón o el socialista Emiliano García-Page llegarán a proponer en los próximos meses un pacto similar para decidir -ellos también- cuantos y quienes se quedan de los que expulse Cataluña y así controlar «el impacto que supone en el colapso de los servicios sanitarios y en la educación pública» de sus regiones, también lo firmaría el Gobierno?

Sé que es política ficción porque ninguno de ellos tiene el poder que tiene Puigdemont, la llave de La Moncloa, pero apuesto doble contra sencillo a que la respuesta del Ejecutivo de coaliciòn de izquierdas, y más que de ninguno de ellos, de Yolanda Díez, sería no. Porque, como se dice en la misma exposiciòn de motivos, «la vocación de la sociedad catalana de gestionar por sí misma el fenómeno migratorio viene de lejos», nadie lo pone en duda, pero la ambición del resto de territorios por tener unos servicios de calidad que no estén al albur de las necesidades lingüísticas de Cataluña, tampoco.

¿Resulta digno y decente que Patxi López, ex lendakari Vasco, un hombre que durante décadas portó sobre sus hombros los féretros de decenas de compañeros socialistas Vascos y asistió a otros tantos funerales de policías y guardias civiles asesinados por ETA, comparta con la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, una nota explicativa donde se habla de Mossos de Esquadra en letra bien grande, mientras que la Policía y Guardia Civil quedan reducidas a las siglas «PN» y «GC», no le vaya a dar urticaria a los independentistas?

Sigo: ¿Resulta digno y decente que el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, ex lendakari, un hombre que durante décadas portó sobre sus hombros los féretros de decenas de compañeros socialistas vascos y asistió a otros tantos funerales de policías y guardias civiles asesinados por ETA, comparta con la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, una nota explicativa donde se menciona a los «Mossos de Esquadra» en letra bien grande, mientras que la Policía y Guardia Civil queda reducidas a las siglas «PN» y «GC»… no les vaya a dar urticaria a los independentistas al mencionar por su nombre a los dos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad?

En resumen: ¿Se leen el Gobierno, el PSOE y Patxi López lo que firman? Y si la respuesta es afirmativa, ¿Merece la pena todo esto solo por unos meses o un año más en La Moncloa, ya que Junts ni siquiera garantiza su apoyo a los presupuestos 2025? ¿Tiene sentido ceder así una competencia tan compleja y «exclusiva» del Estado, como señala la Constitución, algo que no había pedido ni el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, porque sabe que hoy no hay plantilla suficiente en los Mossos de Esquadra para hacer frente a semejante reto? ¿Cuántos años tendrán que pasar hasta que la plantilla de los Mossos pasen de 16.000 a los 25.000 ahora acordados y, sobre todo, para que estén en disposición de garantizar su operatividad en un asunto tan serio para un Estado como es el control de fronteras?

¿Puede un Gobierno que se tenga respeto a sí mismo aceptar que, en la rueda de prensa de presentación de este pacto PSOE/Junts, Puigdemont se mofará de Policía y Guardia Civil por no haber sido capaces de detenerle en los seis años que lleva huido en Waterloo (Bélgica) ni cuando vino a la toma de posesión de Illa como nuevo presidente de la Generalitat, en agosto pasado? ¿Así pretenden los firmantes empezar la «colaboración» entre cuerpos que proclama el pacto?

Demasiadas preguntas para tan pocas respuestas, me temo.