El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, declaró hace poco en el Congreso de los Diputados que ‘las competencias del Estado en materia de migración y control de fronteras no se pueden transferir ni delegar’ porque son de ‘exclusiva titularidad’ del Estado y por lo tanto no se les pueden entregar a Cataluña.

Junto lo contrario de lo anunciado por el presidente Gobierno del presidente Pedro Sánchez y el prófugo de la Justicia y líder de Junts Carles Puigdemont con el doble objetivo de: favorecer el avance hacia la independencia de Cataluña (que ahora lo llaman ‘normalidad’); y que Pedro Sánchez pueda permanecer en el poder hasta 2027. Esta es la vía para evitar un adelanto electoral que incluiría, tanto su desalojo de la Moncloa como el riesgo de una eventual imputación ante el Tribunal Supremo por presuntos delitos de tráfico de influencias en relación con actividades de su esposa Begoña Gómez y su hermano David Sánchez.

En otras instancias, incluso, se le podrían añadir los delitos de ‘revelación de secretos y corrupción’ por los que ahora está siendo investigado el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, así como las andanzas del ‘novio’ de Jésica, el otrora ex poderoso ministro y dirigente del PSOE José Luis Ábalos, como jefe de una trama a la que se están sumando inidicios que también señalan al actual secretario de organización del PSOE Santos Cerdán y al jefe de gabinete de María Jesús Montero -que se ha quemado la mano-, Carlos Moreno.

Factor que se suma a la ruptura -en Cataluña- de la unidad fiscal española, las quitas masivas de deuda y los indultos a los golpistas para pagar los chantajes de ERC y Junts a Sánchez (quien había prometido que no haría nada de esto), al objeto de evitar un posible adelanto electoral

En este singular escenario se produjo la patética comparecencia, en la rueda del Consejo de Ministros, de la ministra de Inclusión (más bien de exclusión de Cataluña), Seguridad Social y Migración, Elma Saiz, en la que no se cansó de repetir hasta la saciedad el binomio de ‘delegación de competencias’ (para no tener que hablar de ‘transferencia’) como algo constitucional y legal, extremo que negó Marlaska y se convierte ahora en un aval en favor de quienes colaboran con el ataque de Sánchez a los establecido en la Carta Magna. Una iniciativa que marcha en línea con la inconstitucional Ley de Amnistía (que no es igual para todos los españoles), con la ruptura -en Cataluña- de la unidad fiscal de España, las quitas masivas de deuda catalana y con los indultos a los golpistas, para pagar con ello los chantajes de ERC y Junts a Sánchez (el que había prometido que no haría nada de esto), impidiendo con ello un adelanto electoral.

Si a este penoso y alarmante panorama le añadimos la connivencia latente del inefable presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y de los magistrados ‘sanchistas’ del TC, para validar la constitucionalidad de todos estos desafueros -que no pasarán el tamiz de la Justicia europea- veremos que en nuestro país se está zarandeando de manera alarmante el ‘orden constitucional’ del que es el primer guardián el Rey y Jefe del Estado, Felipe VI.

El encuentro con Puigdemont

El monarca, en su memorable discurso del 3 de octubre de 2017, exigió al entonces presidente Mariano Rajoy, defender y salvaguardar el ‘orden constitucional’, tras acordar el Parlamento de Cataluña la ‘desconexión’ del Estado español en las vísperas de la ‘declaración unilateral de la independencia’ de Cataluña, abortada luego con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Fue entonces cuando Puigdemont (con el que Sánchez está dispuesto a reunirse en fecha próxima) huyó de España escondido en el maletero de un coche.

Estamos convencidos de la creciente preocupación que estos recientes acuerdos sobre migración y control de las fronteras del Estado en Cataluña producen en la Zarzuela. Puede que haya llegado la hora -él decidirá al respecto- en la que el Rey deba pronunciarse sobre esta situación, por más que ello le sirva a Sánchez y a sus aliados nacionalistas y de la extrema izquierda para amenazar con una consulta nacional ‘no vinculante’ sobre la Monarquía y la opción de una Republica confederal.

La posición del Rey, en este panorama, resulta trementamente difícil y particularmente delicada. La pérdida del control estatal de las competencias de las fronteras y la migración (lo que ya empieza a reclamar el PNV para el País Vasco) en pos de una España de corte confederal, son cuestiones de la mayor gravedad que claramente amenazan la unidad del país y el ‘orden constitucional’, todo ello ejecutado a cambio de unos votos para que Sánchez pueda permanecer al frente del Gobierno.

Que se prepare el presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, porque será dinamitado por el propio Sánchez con la ayuda del resto de accionistas de las ‘élites’ (cobardes y cómplices) de este país

Sánchez, mientras tanrto, prosigue en su línea de  fustigar a los jueces independientes y a los medios democráticos de comunicación, mientras se entromete o ‘interviene’ en las primeras empresas de este país como ha hecho con Telefónica, donde ha colocado al frente de Movistar (¡ojo con la seguridad de tus datos si eres cliente!) a Javier de Paz, el representante de Zapatero. Y que se prepare el presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, porque será dinamitado por el propio Sánchez al que desafió, con la ayuda del resto de accionistas de la empresa, de las ‘élites’ (cobardes y cómplices) de este país ahora sometidas servilmente al sanchismo.

Bloqueo a las ayudas

Y, para que no falte de nada, en nuestro entorno europeo ya estamos asistiendo a la ruptura de la histórica relación y alianza de más de 80 años entre los EE.UU. y Europa por causa del vuelco ‘iliberal’ del presidente Donald Trump, que ha bloqueado  las ayudas militares y de información estratégica al gobierno de Ucrania, para doblegar Volodimir Zelenski, luego de la escena de humillación que le infligió en la Casa Blanca. Trump pretende hacerse con los ‘minerales raros’ de ese país  mientras favorece militarmente las posiciones de Vladimir Putin.

Motivos suficientes para que Sánchez y Feijóo establecieran una línea unitaria de colaboración en política exterior, bajo los auspicios de Felipe VI. Lamentablemente, en las actuales circunstancias, en las que el Gobierno de Sánchez vulnera el ‘orden constitucional’, se hace muy difícil o imposible de imaginar.