- La única razón que justifica la desproporción entre el 99% de los terroristas de ETA que consiguen su traslado al País Vasco –solo se ha denegado 1 solicitud de las 106 cursadas– frente al 25% de otros delincuentes, es evidentemente política
El pasado dieciocho de febrero, en el diario de mayor tirada en el País Vasco, leía el siguiente titular «El 99% de los etarras que ha pedido su traslado a las prisiones vascas lo ha logrado». A renglón seguido la noticia indicaba «Sólo uno de cada cuatro delincuentes comunes recibe la autorización del Departamento de Justicia para cumplir condena en Euskadi». No me sorprendió la información, pero dado que al frente del Departamento de Justicia está una Consejera socialista, esperé algún comunicado que la rectificara. Resultaba extraño que un partido que se considera progresista y que además ha sufrido en sus carnes la violencia terrorista, discriminara a ciudadanos con igual arraigo social solo por el hecho de no haber asesinado en nombre de una banda terrorista. La rectificación de la información no se produjo.
La única razón que justifica la desproporción entre el 99% de los terroristas de ETA que consiguen su traslado al País Vasco –solo se ha denegado 1 solicitud de las 106 cursadas- frente al 25% de otros delincuentes, es evidentemente política. De igual modo es una decisión política que la administración penitenciaria vasca otorgue terceros grados de manera recurrente a los reclusos de la banda terrorista. Una concesión que es una prevaricación como la copa de un pino pues incumple el artículo 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria que exige para obtenerlo a este tipo de penados, colaborar con la Justicia para el esclarecimiento de los asesinatos de la banda que todavía continúan sin ser resueltos, por cierto, más del 40% de los 856 cometidos.
Es también una decisión política que la Fiscalía no recurra ya estas progresiones de grado ilegales, requisito indispensable para la excarcelación mediante la concesión de la libertad condicional prevista en el artículo 90 del Código Penal. Igual de política que facilitar permisos para ir al dentista o al médico a los presos de la banda terrorista sin ningún tipo de custodia policial, tal y como han denunciado reiteradamente los sindicatos de la Ertzaintza. Como política es la decisión del Gobierno Vasco de crear en el año 2021 una agencia de reinserción social –Aukerak- cuya finalidad es «la inclusión socio-laboral de los presos internos en los establecimientos penitenciarios de Euskadi». Una agencia de colocación de la que se benefician los presos de la banda terrorista y que ha pasado de estar dotada con 15 millones de euros en 2022 a disponer de un presupuesto de más de 17 en el presente año.
Como fue también una decisión política humillante la que en 2011 adoptó el Tribunal Constitucional devolviendo a la legalidad a un partido político que el Tribunal Supremo había declarado parte de la banda terrorista ETA en 2003. Y son por último decisiones políticas, las que cada día se adoptan en nuestras instituciones blanqueando a líderes de EH-Bildu condenados por delitos terroristas o apología de los mismos, como el coordinador general de la coalición, Arnaldo Otegi, o su portavoz en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua. Por tanto, sí, los que ahora mandan han decidido que los presos de una banda que asesinó a 856 compatriotas no sean presos terroristas sino presos políticos y conforme a esa calificación así son tratados. Apenas queda un centenar de ellos entre rejas y a nadie importa ya lo que hicieron ni el trato ilegal y privilegiado que reciben, especialmente desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno y del antiguo Magistrado Fernando Grande Marlaska al Ministerio del Interior. Este es el oprobio que tenemos que soportar cada día los españoles y especialmente las víctimas del terrorismo.
- Carlos de Urquijo fue delegado del Gobierno en el País Vasco