El 11-M fue un acontecimiento sorprendente porque España estaba en aquel momento mal preparada para combatir el yihadismo y ello le proporcionó a Al Qaeda la oportunidad para cometer los atentados. Éstos ocasionaron 192 muertos y 1.893 heridos, así como unos daños económicos inmediatos que, en euros de 2004, podemos valorar en 384,1 millones. Además, esos ataques produjeron pérdidas en el mercado de valores y tuvieron una repercusión negativa sobre las actividades productivas madrileñas –industria, transportes, servicios de ocio y hostelería, comercio, turismo–. Sin embargo, una reacción casi inmediata de los poderes públicos tras las elecciones que siguieron a la tragedia, condujo a un importante reforzamiento de los servicios policiales y privados de seguridad, en los que en cuatro años se invirtieron 1.954,1 millones de euros –el 0,05 por ciento del PIB de la época–. A ello se añadieron reformas legislativas en el terreno penal que instituyeron los instrumentos legales adecuados para prevenir la realización de nuevas acciones terroristas. Desde entonces se ha detenido a 1.226 terroristas en 521 operaciones que han evitado las correspondientes acciones armadas con las únicas excepciones de los atentados de Barcelona y Cambrils en 2017, y el ataque solitario contra las parroquias de San Isidro y La Palma de Algeciras en 2023.

Con las dos salvedades citadas, lo cierto es que el compromiso del Estado con la seguridad, asumiendo su coste económico y político, ha hecho de España una excepción dentro de una Europa fieramente atacada por este terrorismo de raíz islamista. Toda una lección que actualmente, cuando las amenazas se han multiplicado a raíz de la guerra de Ucrania y del abandono por Estados Unidos del compromiso de seguridad sobre los países europeos, debiera inspirar tanto al gobierno de Sánchez como a la oposición, sea cual sea su signo, para volver a dar la talla en el terreno de la defensa, aun cuando en ella haya que comprometer cuantiosos recursos económicos. En esto no valen disimulos pacifistas ni excusas alusivas al estado del bienestar porque ni la paz ni la protección social caben dentro de una sociedad que puede verse envuelta en un conflicto bélico. El coste de la paz, ahora, equivale al valor de la disuasión basada en la fuerza armada.