- El reparto de menas no puede ser decidido por un prófugo xenófobo que le impone a España sus delirios
No contento con pactar la cesión de las competencias migratorias a Cataluña por la presión de un partido de corte xenófobo, con los extranjeros y también con el resto de los españoles, Pedro Sánchez cometió ayer la iniquidad de dejarle a Junts decidir cómo se reparten en España los más de 4.000 menores no acompañados concentrados ahora en las Canarias y Ceuta.
Resulta simplemente inaceptable que el Gobierno cambie la Ley de Extranjería por decreto, tras negociar a escondidas el apoyo de Puigdemont a una medida que coloca la gestión de la inmigración, un asunto de Estado en grado ya alarmante, en las manos de un prófugo de la Justicia que lo decide todo desde el extranjero y sin pensar en nada más allá de su propio interés.
Pedro Sánchez no tiene ningún derecho a convertir una materia tan delicada en un objeto de cambalache, y mucho menos a hacer según los parámetros xenófobos aprobados, que liberan a Cataluña de la cuota de solidaridad que se impone al resto de España, con criterios peregrinos que no engañan a nadie.
El Gobierno, sin más, profundiza en la renuncia de Sánchez a gestionar la inmigración desde el Estado, iniciada con la sonrojante cesión a Puigdemont de las competencias y el control de las inexistentes fronteras catalanas, y además le concede el poder de decidir para el conjunto de España: que Cataluña vaya a acoger a apenas 30 menas mientras a Madrid le tocarán 700 resume el abuso, uno más, y obliga a revelarse.
Porque es intolerable que el Gobierno haya hecho del «efecto llamada» su única política migratoria, alentando el negocio de las mafias y elevando la mortalidad en el mar, para luego carecer de plan alguno, más allá de saturar los lugares de primer destino, generar un llamativo negocio a los gestores del fenómeno, tensionar a la sociedad de acogida y no ofrecer una hoja de ruta a los recién llegados, con derechos y obligaciones, que les alejen de la marginalidad.
Si a esto se le añade ahora la imposición de cuotas a la fuerza, diseñadas por el mismo político que no quiere asumir ninguna y exige el derecho a decidir quién puede quedarse o debe marcharse de Cataluña, el despropósito es sideral.
El remate a la nueva fechoría es acusar a Madrid de insolidaria y racista, tildando de tal a Isabel Díaz Ayuso, o descalificar por esa misma razón el acuerdo entre el PP y VOX en la Comunidad Valenciana; mientras blanquea el discurso excluyente de Puigdemont, una vez más, a cambio de un puñado de votos.