- No es extraño que una hija de los ERE, como la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hoy máxima dirigente del PSOE sureño, se engollipara el miércoles en las Cortes cuando el dirigente del PP y diputado malagueño, Elías Bendodo, le citó ese mandamiento judicial y aludió al TC como «túnel de lavado» de los delitos del sanchismo
Después de que el Tribunal Supremo entreabriera hace semanas el portillo a investigar por prevaricación al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, a raíz del indulto encubierto que prodigó a los reos del mayor escándalo de corrupción de la historia de España, como fue el agio de los ERE, la Audiencia de Sevilla ponía este miércoles una pica en Flandes. Por primera vez desde el nacimiento hace 45 años del Tribunal de Garantías, esta alta instancia judicial proveía llevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la bula dispensada por Conde-Pumpido a los expresidentes andaluces y del PSOE, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, amén de una recua de subordinados, sentenciados por la Audiencia y por el Tribunal Supremo por malversar 679.412.179,09 en una década para sufragar a cuenta del erario la estructura clientelar de casi 40 años de hegemonía socialista.
Tras legalizar el saqueo de Andalucía mediante la mayoría ortopédica de 7 a 4, con una ponente «Maculada» Montalbán, galardonada por Griñán tras su veloz carrera a la sombra del PSOE andaluz, escoltada por un exalto cargo de los dos presidentes convictos, el exministro sanchista Juan Carlos Campo; una magistrada acomodada en esa administración autonómica, María Luisa Balaguer, y una exdirectora general de Presidencia del Gobierno, Laura Díez, la Audiencia hispalense traslada una cuestión prejudicial ante el TJUE antes de tener que ejecutar la medida de gracia del TC. No en vano, los cincos magistrados de su Sección Primera disciernen que ese trato de favor es incompatible con el Derecho de la Unión e infringe lo que ésta estipula contra la corrupción.
No es extraño que una hija de los ERE, como la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hoy máxima dirigente del PSOE sureño, se engollipara el miércoles en las Cortes cuando el dirigente del PP y diputado malagueño, Elías Bendodo, le citó ese mandamiento judicial y aludió al TC como «túnel de lavado» de los delitos del sanchismo, dado que Conde-Pumpido ya había anulado en sus seis primeros meses de mandato más sentencias del Tribunal Supremo que sus predecesores en seis años y siempre en auxilio del Ejecutivo. Hablando de túneles, pero del tiempo, hay que recordar cómo, en febrero de 1994, el otrora portavoz de Jueces para la Democracia y hoy camarlengo de Sánchez se enfrentaba al biministro socialista Belloch con una tesis que ahora él mismo pone del revés. A propósito de los terceros grados a terroristas del Gal, entendía que no procedía autorizarlos porque «la democracia se consolida a través del control judicial». «Cuando los tribunales -argüía- han dictado sentencia condenatoria, si el Ejecutivo vacía de contenido la resolución judicial mediante indultos, quiebra la confianza del ciudadano en que el Estado sea capaz de autodepurar los excesos».
Visto lo visto, no cabe duda de que Conde-Pumpido es un orfebre en «el arte de trepar» secundando el manual del satírico y abogado francés Maurice Joly. Para llegar a ser algo, éste refería que hay que empezar por ser el hombre de alguien y éste lo es de Sánchez como antes de Zapatero sin importarle emporcar su túnica con el barro del uno y del otro. A este fin, el trepador habría de atenerse a dos reglas básicas. Primera, si no se conquista el afecto del protector, éste pasa a ser un descarnado enemigo; segunda, quien no progresa con su benefactor retrocede y se despeña escaleras abajo. En suma, para medrar, mejor poseer ambición que aptitud, como acredita este fámulo del sanchismo al que, aun siendo gato viejo y desvergonzado, nadie había osado colocarle un cascabel como la Audiencia de Sevilla para averiguar por dónde anda y qué urde entre tinieblas.
En su providencia, los magistrados sevillanos inciden en argumentos manejados por el Tribunal Supremo en el auto en el que aparca la imputación por prevaricación a la banda de los siete del TC, pero que puede plasmarse caso de estos amnistíen al prófugo Puigdemont en contra de la máxima instancia judicial. Así, apelan al TJUE por la invasión de las competencias de la jurisdicción penal –y señaladamente al TS– y su suplantación como máximo intérprete de la ley, según el artículo 123 de la Constitución. De esta guisa, un tribunal político desnaturaliza el recurso de amparo erigiéndose por su santa voluntad en sala de casación de la cúspide judicial.
A estos efectos, los pronunciamientos del Constitucional, ya sea para despenalizar a altos dirigentes del PSOE, ya sea a sus socios, no están exentos de ser enjuiciados por ningún órgano jurisdiccional al no gozar de inviolabilidad. Otorgándole carta blanca podrían, sin observar la Constitución y el resto del orden jurídico, convertir en fuente de Derecho sus veleidades. En consecuencia, los magistrados del TC no están libres de ser procesados al no ser intocables ni guiarles los buenos fines de Eliot Ness y sus leales, sino su disciplina partisana en socorro de quienes le auparon a la poltrona.
Es más, además de usurpar atribuciones con interpretaciones alternativas del Derecho, el TC se alza en poder constituyente para modificar la Carta Magna por la puerta falsa sin legitimidad para ello y sin darle una vela en el entierro al soberano pueblo español. Todo ello luego de la zarabanda esgrimida por Sánchez y sus turiferarios al endilgar al anterior presidente, Pedro González-Trevijano, el golpe de Estado togado que, en esencia, él perpetra hoy con la doble vara de medir de su adminículo Conde-Pumpido.
Por eso mueve al sarcasmo que, en el pleno extraordinario que el TC celebró este lunes en el histórico Oratorio de San Felipe Neri, donde las Cortes de Cádiz aprobaron la primera Constitución Española de 1812 bajo el sitio de las tropas napoleónicas, Conde-Pumpido no sólo se adornara conmemorando aquella doceañista Carta Magna que alumbró el Tribunal Supremo cuyas sentencias él hoy deroga, sino también la vigente de 1978 que metamorfosea para provecho de Sánchez y sus socios Frankenstein.
Como gran factótum de la Corte de Garantías, Conde-Pumpido asfalta el camino sancionando la intrusión del Ejecutivo en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial a fin de que Sánchez marche cual César imperator. Para tal menester, avala la estrategia explorada durante los inconstitucionales estados de alarma decretados con el Covid-19 y en los que el magistrado emérito del TC Manuel Aragón Reyes ya percibió los visos de una «dictadura constitucional» en línea con el diseño que obró Carl Schmitt, arquitecto legal del régimen nazi, para que Alemania transitara de la democracia al totalitarismo por la vía del artículo 48 de la Constitución de Weimar.
Si el emérito Aragón urgía entonces tomarse en serio una Ley de Leyes que no consentía tal desafuero, su aviso no hay que echarlo en saco roto con un TC fiado a quien no dudaría un minuto en conferir igualmente a Sánchez esa prerrogativa de «suspender en todo o en parte los derechos fundamentales» con otra ley habilitante que hiciera fosfatina una Constitución cuyas exequias oficiaría gustoso quien justifica en Derecho las tropelías del inquilino de La Moncloa. De momento, hay jueces en Sevilla frente a quien le sirve las sentencias a un Sánchez que adelanta su fallo sin recato como con los ERE en el primer mitin que ofrendó a su mujer, Begoña Gómez, tras su imputación. Aquellas pulseras con la leyenda «Bego free» fueron el presagio de que su «consuerte» saldría tan bien librada como los de los ERE con el gato Conde-Pumpido maullando en el TC.