El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) acaba de absolver a Dani Alves del delito de agresión sexual por el que fue condenado a cuatro años y medio de cárcel. El tribunal estima el recurso presentado por la defensa del futbolista y desestima otros dos recursos: uno de la Fiscalía, que pedía elevar la pena a los 9 años de prisión, y otro de la acusación particular, que pedía subirla hasta los 12 años. La sentencia argumenta que el testimonio de la denunciante no es fiable. Y, ante «las insuficiencias probatorias», revoca la sentencia anterior. Pero la ministra María Jesús Montero rechaza que sean necesarias pruebas para condenar incluso a un inocente si la denunciante es una mujer; ni que a todo ciudadano se le aplique la presunción de inocencia, una de las bases de nuestro sistema democrático.

La sentencia señala que en la resolución recurrida ya se aludía a la falta de fiabilidad del testimonio de la denunciante en la parte del relato objetivamente comprobable. Además, la Sección de Apelaciones diferencia entre credibilidad y fiabilidad: «La sentencia de instancia utiliza, en su análisis, el término credibilidad como sinónimo de fiabilidad, y no lo es. Credibilidad responde a una creencia subjetiva, que no se puede contrastar, asociado a quien presta la declaración; la fiabilidad, en cambio, afecta en la declaración misma». La sentencia señala que «lo explicado por la denunciante difiere notablemente de lo acontecido según el examen del episodio grabado, el examen de lo que no está registrado tiene que ser particularmente riguroso y estricto conforme a las exigencias de la presunción de inocencia para dar por acreditada la hipótesis acusatoria». Y en este punto, «la divergencia entre lo relatado por la denunciante y lo realmente sucedido compromete gravemente la fiabilidad de su relato». O sea, puede ser creíble pero no es fiable. “La sentencia de instancia presenta déficits valorativos muy relevantes”, concluye la Sección de Apelaciones. Y precisa que “las insuficiencias probatorias que se han expresado conducen a la conclusión que no se ha superado el estándar que exige la presunción de inocencia”.

La presunción de inocencia garantiza que ninguna persona sea considerada culpable hasta que se demuestre, con pruebas suficientes, que efectivamente lo es; es decir, trata de impedir que se condene a un inocente

A María Jesús Montero le parece una vergüenza que la presunción de inocencia esté por delante del testimonio de mujeres jóvenes, un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución, en el Convenio Europeo y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y al decirlo, ataca a la Constitución, al Estado de Derecho y a la propia democracia; y socava la confianza en el sistema judicial español. Porque la presunción de inocencia garantiza que ninguna persona sea considerada culpable hasta que se demuestre, con pruebas suficientes, que efectivamente lo es; es decir, trata de impedir que se condene a un inocente. Pero Montero prefiere ser ella quien dicte quién merece pena de cárcel y quién no, como en las dictaduras. Desde luego, hay que proteger y apoyar a las víctimas de cualquier delito, pero sin que se vulneren los derechos fundamentales de los acusados, todos los cuales, evidentemente, no son culpables. Sin esta garantía, todos estaríamos al albur de cualquier denuncia falsa. Montero pretende la ley de la selva y del más fuerte: y el más fuerte sería quien no tuviera remilgos para acusar a cualquiera de cualquier cosa, como en los tiempos de la Inquisición.

En este caso, bastaría con ser mujer, ya que podría denunciar sin pruebas a quien considerase, salvo que uno sea político e independentista, supongo. Es verdad que todo sería más rápido y más barato, yapuesto que sobrarían los tribunales de justicia. Si es suficiente la acusación de cualquiera para condenar a cualquiera, ¿para qué necesitamos los tribunales, el proceso judicial o los derechos fundamentales si ya tenemos a la caterva socialista presta a mostrar el pulgar hacia abajo? ¿Para qué la Justicia? Las esperpénticas declaraciones de Montero, vicepresidenta del Gobierno de Españas, tienen tintes totalitarios y suponen, en la práctica, una defensa de la violación de los derechos humanos. Del «todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario» pasaríamos al «todos somos inocentes hasta que el PSOE decrete lo contrario».

Montero pretende que sea condenado todo aquel que sea acusado, siempre que quien acuse sea «una mujer joven», y que se elimine todo rastro de presunción de inocencia

Las víctimas ya están protegidas, dado que el Tribunal Supremo ya permite que la declaración de la víctima sirva para condenar incluso sin pruebas claras o definitivas, claro que con tres requisitos imprescindibles que salvaguarden la imparcialidad y la justeza del veredicto: la verosimilitud del relato de la víctima, la ausencia de incredibilidad subjetiva y la persistencia en la incriminación. Y todo ello para garantizar que efectivamente se condena a quien es culpable y para que quien no lo es no pueda ser condenado. Pero Montero pretende que sea condenado todo aquel que sea acusado, siempre que quien acuse sea «una mujer joven», y que se elimine todo rastro de presunción de inocencia. Según esta gente, las mujeres no pueden o saben mentir, lo que no es otra cosa que la infantilización de la mujer que pregona el feminismo más rancio y reaccionario. Si fuera el hombre a quien se le concediese la posibilidad de condenar a un inocente sin pruebas y sin presunción de inocencia, sería un escándalo democrático solo a la altura de los protagonizados por los regímenes teocráticos más infames.

Los más malvados

Esta degradación democrática ya no es cosa que se pueda atribuir personalmente a Sánchez sino que la corrosión afecta al PSOE entero, quien, día a día, podemizado de facto y convertido en una colección degradada de palmeros, muestra tics cada vez más antidemocráticos y totalitarios. Los más mediocres o los más tontos de la organización, que suelen ser los más peligrosos, son ya también los más malvados, crecidos por el poder que atesoran, y dispuestos a casi todo para que su puto amo permanezca en la Moncloa, aunque caigan la democracia misma y el respeto escrupuloso a los derechos humanos.