Desde la Atenas clásica, la justicia es el centro de todos los grandes debates sobre la democracia, que bien puede definirse como el sistema que se compromete [1] a que la justicia sea igual para todos, y [2] a que la justicia sea lo que la ley dice. Es el gobierno de las leyes, según la famosa definición de Pericles. Para los clásicos la cosa estaba clara: el gobierno de la voluntad de la mayoría por encima de las leyes no era democracia, sino demagogia, o tiranía de la mayoría y sus arbitrariedades, es decir: injusticia. Más de veinticinco siglos después seguimos enfangados en la confusión entre democracia o gobierno de las leyes, y demagogia o tiranía de la mayoría o del pueblo, o mejor de quien dice representarlo.

En Francia saben mucho de eso porque, contra lo que dice la opinión escandalizada, Marine Le Pen es la quinta política de altura condenada e inhabilitada por corrupción

En la vecina república, la inhabilitación de Marine Le Pen por malversación de fondos del Parlamento Europeo (que fue quien presentó la denuncia) ha vuelto a poner la cuestión sobre la mesa: ¿qué es la justicia democrática, lo que dice la ley, o lo que pida “el pueblo”? Más en concreto, ¿justicia es el Estado de derecho, o la conveniencia de un partido político que aspira a representar al pueblo? Parece tan obvio que da cierto reparo contestarla: justicia democrática es que los tribunales apliquen las leyes aprobadas por el legislativo, incluso si perjudican a líderes políticos populares.

Y sobre todo en el segundo caso: la piedra filosofal de una democracia es la capacidad del poder judicial para penalizar los abusos de poder político. En Francia saben mucho de eso porque, contra lo que dice la opinión escandalizada, Marine Le Pen es la quinta política de altura condenada e inhabilitada por corrupción: antes pasaron por el trance dos expresidentes, Jacques Chirac y Sarkozy, el ex primer ministro y cuasi presidente frustrado por la inhabilitación, François Fillon, y otro ex primer ministro, Alain Juppé.

A la justicia francesa, como a cualquiera, se le podrán reprochar cosas, pero no que acepte la impunidad de la malversación por conveniencia política. En Francia la malversación tiene repudio universal, y fue la propia Marine Le Pen la que propuso inhabilitar de por vida a los malversadores… hasta que le ha tocado a ella y ha llamado a rebato al pueblo.

El principio demagógico triunfante liquidó la democracia republicana, sustituida por la dictadura jacobina del Terror, y dejó a Francia la difícil herencia de un culto a la sagrada revolución y a “la voluntad popular” soberana

Los precedentes profundos se remontan a la Primera República Francesa de 1792, salida de la revolución dentro de la revolución que fue la abolición de la efímera monarquía constitucional y la ejecución de Luis XVI y María Antonieta. Fue precisamente en Francia donde la demagogia se impuso por el triunfo del principio de que la “voluntad general” (ese tóxico concepto de Jean Jacques Rousseau) estaba por encima de las leyes. La revolución podía derogar tranquilamente las leyes, incluso las suyas, cuando estuviera en juego “la salvación de la patria”. O sea, a voluntad del gobierno.

Otra consecuencia del principio, tan ajeno al liberalismo, fue la proliferación de leyes. La febril actividad jurídica de lo que no dejó de ser una dictadura de jóvenes periodistas y abogados radicales produjo la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, y cuatro Constituciones de 1791 a 1799; ninguna llegó a entrar plenamente en vigor, como ninguna asamblea tuvo empacho en aprobar leyes anticonstitucionales y tribunales de excepción que conducían a la mayoría de acusados a la guillotina.

El principio demagógico triunfante liquidó la democracia republicana, sustituida por la dictadura jacobina del Terror, y dejó a Francia la difícil herencia de un culto a la sagrada revolución y a “la voluntad popular” soberana que cada cierto tiempo agita el país y resucita el fantasma de la guerra civil. La última fue la del mayo del 68, pero hay elementos activos de esa vieja demagogia en el movimiento populista de derechas de los Chalecos Amarillos y en el propio Frente Nacional, cuya líder acaba de ser condenada, según los paranoicos habituales por una conspiración de Bruselas, y según muchos otros por jueces politizados en la mala dirección: demasiado de izquierdas, o demasiado intransigentes y desde luego demasiado jueces.

La demagogia del pueblo soberano por encima de la ley es transversal y aparece en la extrema derecha y extrema izquierda. Si alguien necesita pruebas, el movimiento comunista hermano de Podemos, la France Insoumise, ha apoyado a Le Pen contra la “intromisión” de la justicia en una cuestión política alegal y popular. Pero por si acaso el pueblo está a otra cosa, y desmintiendo así otro bulo antijudicial, la propia Marine ha comunicado que piensa recurrir la sentencia.

Al instaurar la Voluntad de la Nación por encima de las leyes democráticas, estas pasaron al estado de papel mojado bajo el Estado de excepción permanente que fue el Terror jacobino, anticipando los regímenes totalitarios del siglo XX

Un manifiesto por la república publicado por la Comuna de París la víspera del golpe que derrocó la monarquía sostenía que “el deber más sagrado y la ley más vital consisten en olvidar la ley para salvar a la patria.” Idéntico principio empleó Danton para justificar la matanza en las prisiones de París de septiembre de 1792, con más de 1.400 víctimas asesinadas: “Vox populi, Vox Dei es el lema más válido y republicano que conozco”, dijo. Al instaurar la Voluntad de la Nación por encima de las leyes democráticas, estas pasaron al estado de papel mojado bajo el Estado de excepción permanente que fue el Terror jacobino, anticipando los regímenes totalitarios del siglo XX.

El populismo radical en que degeneró la revolución devoró finalmente a sus partidarios. Tras los depuestos reyes, ejecutados en 1793, en 1794 subieron a la guillotina Hébert, Danton y Desmoulins, aunque el honor de coronar la masacre correspondió meses después al propio Robespierre y a Saint Just, víctimas del golpe de Estado de los termidorianos, depuestos a su vez por el general Napoleón Bonaparte en 1799, comienzo del Imperio derribado en 1815.

La dictadura demagógica

No debe ignorarse la facilidad con la que la democracia puede degenerar a demagogia y por tanto a dictadura de una minoría, sea izquierdista y corrupta como la de Sánchez, o de nacionalistas ultras como el Frente Nacional de Marine Le Pen y algunos de sus aliados europeos (por no hablar de la de Trump). No debemos aceptar nunca el principio “no es el qué, sino el quién”, o el de que la ley es sólo para rivales y enemigos. O se acepta el Estado de derecho con todas las consecuencias, incluso si algún gerifalte acaba condenado (pronto, Sánchez), o se está con la dictadura demagógica: ni en Francia ni aquí caben medias tintas al respecto.