“Para los clásicos la cosa estaba clara”, escribía Carlos Martínez Gorriarán en su brillante artículo (“Le Pen: democracia, demagogia y justicia”) aparecido en Vozpópuli este viernes. “El gobierno de la voluntad de la mayoría por encima de las leyes no era democracia, sino demagogia o tiranía de la mayoría y sus arbitrariedades, es decir: injusticia. Más de veinticinco siglos después seguimos enfangados en la confusión entre democracia o gobierno de las leyes, y demagogia o tiranía de la mayoría o del pueblo (…) ¿qué es la justicia democrática, lo que dice la ley, o lo que pida “el pueblo”? Más en concreto, ¿justicia es el Estado de derecho, o la conveniencia de un partido político que aspira a representar al pueblo?”. El discurso viene a cuento del reciente fallo del Tribunal Penal de París condenando a la líder de Reagrupamiento Nacional (RN), Marine Le Pen, a la pena de cuatro años de cárcel, dos de ellos firmes, y cinco de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, además de una multa de 100.000 euros, tras haber sido declarada culpable de la utilización fraudulenta de 4 millones de fondos europeos, en teoría destinados a las actividades de RN en las instituciones comunitarias, para el manejo interno del partido. En la sentencia, de más de 130 páginas, ha quedado plenamente acreditado que la antigua líder del Frente Nacional (los hechos ocurrieron hace diez años) pagó con ese dinero el sueldo de su guardaespaldas personal (al margen de los que le proporciona el Estado), de su secretaria particular e incluso de su hermana. Conviene aclarar que Marine se había mostrado particularmente beligerante en la Asamblea Nacional a la hora de promover legislación para castigar el uso fraudulento de fondos públicos.

De manera que hay poco que discutir sobre la equidad de la sentencia en términos penales, más allá de que la utilización de fondos de la UE para el funcionamiento interno de los partidos se haya convertido en una práctica habitual en los países miembros, práctica conocida y consentida por todos. Marine jugó, hizo trampa y perdió. El que la hace la paga. El problema es que la sentencia de la juez Bénédicte de Perthuis, 63, presidenta de la 11ª Sala Correccional, inhabilitando a Le Pen viene con “regalo” añadido: su ejecución inmediata y sin posibilidad real de apelación, lo que automáticamente priva a la líder de la derecha de presentarse a las elecciones presidenciales de 2027 para las que era clara favorita. El escándalo más allá de los Pirineos es monumental. Un país dividido en dos, como España y como la propia UE. Por una parte, quienes sostienen que no se deben criticar las decisiones de los tribunales, particularmente porque fueron los propios diputados quienes quisieron que la malversación de fondos públicos se castigara con la inelegibilidad automática, de modo que los jueces se han limitado a aplicar la ley, incluso de forma mecánica. La realidad, sin embargo, parece muy distinta, como refleja la tensión vivida en el seno del tribunal parisino a la hora de comunicar su fallo, lo que pone de manifiesto que sus miembros pudieron haber tomado una decisión diferente desestimando la inhabilitación, suspendiéndola provisionalmente o, en todo caso, no ligándola a su ejecución inmediata, como ocurrió en febrero de 2024 con la condena a varios dirigentes del partido centrista MoDem del actual primer ministro, François Bayrou, por la utilización de fondos de la Eurocámara para pagar a trabajadores del partido disfrazados de falsos asistentes.

«Poco que discutir sobre la equidad de la sentencia en términos penales»

La decisión de impedir a Le Pen presentarse a las presidenciales del 27 parece pues una elección deliberada y en modo alguno automática o impuesta por ley. Los jueces se escudan en la necesidad de evitar cualquier trato de favor para la clase política, pero privar a un condenado de la posibilidad de recurrir una sentencia en casación, con sus correspondientes efectos suspensivos, no parece un privilegio sino la violación de un derecho ampliamente reconocido: la posibilidad de apelar y de que el caso sea nuevamente juzgado antes de la ejecución de la sentencia. Es evidente que si esta ya ha sido ejecutada cuando el tribunal de apelación resuelva, estaríamos ante un falso recurso. Conviene aclarar que si bien la ejecución inmediata está justificada en casos de pena de prisión contra delincuentes peligrosos o cuando existe riesgo de fuga, este no parece el caso de Le Pen. El efecto suspensivo del recurso no es pues un privilegio, sino parte esencial del derecho a un juicio justo, al que es merecedor del primero al último de los ciudadanos, sea o no político.

El escándalo está servido, porque no se trata aquí de discutir el fallo condenatorio por el uso fraudulento de fondos públicos, plenamente justificado, sino la decisión del tribunal de privar a Le Pen de sus derechos políticos con efectos inmediatos. Un terremoto político. Y llueve sobre mojado tras el episodio que apartó a François Fillon de la carrera a las presidenciales de 2017 o el más reciente de Nicolas Sarkozy y su pleito a cuenta de la supuesta financiación libia de su campaña electoral. Es la severidad de los tribunales de justicia galos con los líderes políticos, casi una tradición desde los tiempos de la Revolución, pero que en los últimos tiempos se ha acrecentado sobre todo cuando se trata de enjuiciar a políticos de la derecha. Es el tufo izquierdista que desprenden no pocas sentencias “políticas”. La firmada por la juez Bénédicte de Perthuis, contiene párrafos en sus considerandos de una intencionalidad tan clara como devastadora para la imagen de la justicia “ciega” por definición: “El Tribunal toma en consideración la importante perturbación del orden público democrático que provocaría en este caso el hecho de que una persona que ya ha sido condenada en primera instancia, en particular a una pena adicional de inhabilitación, por actos de malversación de fondos públicos y que podría ser después condenada definitivamente, sea candidata, por ejemplo y en particular, a las elecciones presidenciales o incluso elegida”.

«El efecto suspensivo del recurso no es un privilegio, sino parte esencial del derecho a un juicio justo»

De modo que a la jueza De Perthuis le escandaliza la posibilidad de que Marine Le Pen, que lleva años jugando la carta de la respetabilidad, se convierta en la primera mujer en ocupar la presidencia de la República Francesa. Ocurre que cuando un juez viene a decir a sus conciudadanos quién puede presentarse a las elecciones y quién no, no está haciendo justicia sino torciendo el derecho de la ciudadanía a elegir a sus representantes, está haciendo política. Se entiende la indignación de los representantes del RN, que hoy domingo se manifestarán en las calles de París, que han hablado de “golpe de Estado judicial”. La campaña para las próximas presidenciales galas ha comenzado pues con la voladura deliberada del candidato más popular. Más allá de Le Pen, es la propia definición de democracia la que hoy divide a Francia en dos bandos radicalizados. El escritor y político francés Henri Guaino señalaba ayer en Le Figaro que “en el vacío dejado por el déficit de autoridad, está surgiendo una tendencia hacia un Gobierno de los jueces. Es el juego natural de la lógica del poder: cuando uno se debilita, el otro busca devorarlo. Enarbolar la separación de poderes y la independencia de la institución judicial para impedir cualquier debate sobre los excesos inducidos por este movimiento pendular es ignorar la complejidad de la vida que obliga a todos los poderes, sean cuales sean, a dialogar con la sociedad so pena de ser derrocados y a cooperar entre so pena de autodestruirse”.

Esta tentación hacia el abuso de poder viene retroalimentada por la pulsión de una judicatura tradicionalmente de izquierdas como es la francesa, de izquierdas y muy arrogante, en línea con la famosa recomendación del Sindicato de Magistrados a sus afiliados: “Sean parciales”. La propia De Perthuis es calificada por la derecha gala como una jueza “roja”. El citado Sindicato de Magistrados (USM), que ganó las últimas elecciones al Consejo Superior de la Magistratura (CSM), órgano de gobierno de los jueces, con el 62% de los votos, asume abiertamente su condición de sindicato izquierdista. Llueve sobre mojado. El presidente Macron y el líder de La Francia Insumisa (LFI), el comunista Jean-Luc Mélenchon, sellaron el año pasado una alianza entre el centrismo y la extrema izquierda para evitar el triunfo del RN de Le Pen de cara a la segunda vuelta de las legislativas «ante los ojos asombrados de millones de franceses». El acuerdo, propulsado por El Eliseo, consistió en retirar a los candidatos de ambas formaciones que hubieran quedado en tercer lugar en la primera vuelta para concentrar así el voto y poder derrotar al candidato derechista. Un mecanismo tan legal como artero que privó del triunfo a la formación de Le Pen. Pero, ¿podrá la corrupta elite política francesa marginar ad aeternum del poder a más de un tercio de los franceses con derecho a voto? ¿Podrán las elites globalistas seguir ignorando la protesta de unas clases medias que aspiran simplemente a recuperar su dignidad y no ser humillados en la tierra que les vio nacer?

«La propia De Perthuis es calificada por la derecha gala como una jueza ‘roja'»

Las consecuencias de lo ocurrido son difíciles de prever. El temor a la radicalización de un sector de la opinión pública gala es real. Es ahora cuando el “riesgo importante de perturbar el orden público” esgrimido por los jueces es más real que nunca. El peligro de “trumpización» de la extrema derecha es grande. A última hora del martes, el Tribunal de Apelaciones de París, presionado por un alarmado ministro de Justicia, Gérald Darmanin, anunció haber recibido hasta tres recursos de apelación, asegurando que emitirá un fallo al respecto en el verano de 2026, lo que deja abierta la posibilidad de que la líder derechista pueda aún participar en la carrera al Elíseo. Ocurre con frecuencia que las decisiones de los jueces producen efectos contrario al perseguido. En Estados Unidos, los múltiples procesos puestos en marcha para eliminar a Donald Trump de la carrera a la presidencia terminaron fortaleciendo su candidatura. El ascenso de RN forma parte de una ola «populista» que va más allá de Le Pen e incluso de las fronteras de Francia. Es un maremoto que se alimenta del despojo económico, cultural y democrático de las clases trabajadoras y de su deseo de preservar su soberanía y su identidad. RN ha sabido poner de relieve estos problemas y seguirá creciendo mientras no sean abordados en profundidad por otros partidos, mientras la elite política progre, de izquierdas y de derechas, que dirige el continente, siga ignorando las demandas de los de abajo, acostumbrada como está a vivir en la corrupción galopante, corrupción económica pero también de esos valores de raíz cristiana que hicieron grande a Europa.

Las elites podridas refugiadas en Bruselas, las Von der Leyen de turno y sus patrocinadores tienen un serio problema con los partidos de extrema derecha a los que pretende marginar con cordones sanitarios utilizando para ello a la propia Justicia. La neutralización electoral de Le Pen en Francia no detendrá la revuelta de las clases medias y trabajadoras galas, como la marginación de la extrema derecha alemana, holandesa, húngara, polaca, etc., etc. no detendrá la indignación de los millones de europeos que se consideran ignorados por una clase política que ha puesto en peligro su bienestar, que legisla contra su industria, que permite un tsunami migratorio que les impide salir a la calle, que se ríe de su tradicional modo de vida, y que ahora corre asustada cual pollo sin cabeza sin saber qué hacer ante la arremetida arancelaria de Trump. El acoso de esas elites, ya sea mediático, cultural o judicial, es el fertilizante más eficaz para el crecimiento de esa insurrección cívica. Lo ha verbalizado con acierto Éric Ciotti, antiguo líder de Los Republicanos y ahora aliado de RN desde las legislativas del año pasado: «El destino democrático de Francia está siendo confiscado. No se trata de un simple fallo de funcionamiento, sino de un sistema de captura del poder que excluye sistemáticamente a cualquier candidato demasiado derechista y capaz de alcanzar el éxito».

«La neutralización electoral de Le Pen no detendrá la revuelta de las clases medias y trabajadoras»

Las concomitancias judiciales entre Francia y España son tan asombrosas como difíciles de anunciar aquí por falta de espacio. También llamativas las diferencias. La derecha francesa cree que su justicia es de izquierdas. El izquierdismo patrio considera que la justicia española es “de derechas de toda la vida”. La derecha gala considera que puesto que Marine no usó las arcas del Estado para enriquecerse personalmente, no se metió el dinero en su bolsillo, tenía que haber sido absuelta. Lo mismo opina el sinvergüenza de Pedro Sánchez a la hora de amnistiar la malversación a sus socios separatistas. Lo escribía con gracia Juan Soto Ibars en El Confidencial: “Señora Marine Le Pen, sabemos que ha sido usted condenada e inhabilitada por un tribunal francés. Es una lástima. Que si fondos europeos, que si malversación… En España dimos un paso de gigante cuando eliminamos la malversación si no hay enriquecimiento personal. Lo hicimos para adecuarnos a Europa, entendiendo “Europa” como lo que le sale del sufragio a nuestro Amado Líder. Aquí no la habrían condenado a usted, y de ocurrir, porque los jueces son unos liantes, estaría indultada al día siguiente a cambio de apoyar un decreto o dos. Tenía usted que haber nacido española, doña Marine Le Pen”.