Alguien con un mínimo de afecto a María Jesús Montero debería sugerirle que para ser vicepresidenta de un gobierno democrático debería saber, al menos por encima, cómo funciona el Estado de derecho en una democracia como la española. Sostener que un testimonio de parte, por muy mujer que sea quien lo sostiene, debe prevalecer siempre sobre un principio esencial como la presunción de inocencia de otra persona es algo propio de una dictadura política sin jueces, o de una autocracia ideológica enfermiza. Si además la vicepresidenta añade ya en frío, pasados los días de su patada a la Constitución, que agradecería a las asociaciones judiciales que criticasen con idéntica contundencia a quienes cuestionan las sentencias del Tribunal Constitucional, entonces Montero sólo demuestra un desconocimiento cósmico del Estado sonrojante para cualquier estudiante de primero de Derecho.

El Tribunal Constitucional no es un órgano judicial ni jurisdiccional aunque Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero y Cándido Conde-Pumpido, esa trilogía de la ideación paralegal, se hayan confabulado para hacer creer que es así. El TC no está compuesto por jueces y las asociaciones nunca han criticado sus sentencias. No tienen por qué. En el TC hay jueces, que no es lo mismo. Y catedráticos. Y juristas. Y comisarios políticos. Pero el TC no juzga, señora, por más que este socialismo iletrado se haya empeñado en promover una involución antidemocrática para que el TC corrija toda sentencia que le venga en gana, incurriendo en vendettas que ninguna ley, ninguna, le reconoce. Más aún, el TC no solo no tiene la potestad de simular ser un juzgado ordinario más, sino que tiene la obligación legal de proteger la presunción de inocencia que Montero ha apaleado de forma tan virulenta.

La suya no fue una salida de tono disculpable, ni un error de percepción. Ni siquiera fue la arrogancia del ignorante. Dijo que se pasa por el forro la presunción de inocencia en un arranque de sinceridad. Lo preocupante, la cuestión de fondo, es que Montero piensa así y que esa simple frase con la que arrastró por el barro un derecho sustancial solo refleja el epítome del sanchismo. La pregunta que surge es sencilla: ¿qué le está pasando al Partido Socialista con los derechos?

«Montero dijo que se pasa por el forro la presunción de inocencia en un arranque de sinceridad»

Te dice el Gobierno que no presenta los Presupuestos por no hacer perder el tiempo al Congreso y a los ciudadanos, y se cisca en una obligación legal. Te dice que hay que vetar cualquier consulta a Europa de los jueces si un fallo del TC es arbitrario, abusivo o contrario a la legalidad. Te dice que las universidades privadas no tienen derecho a competir con las públicas, que son chiringuitos (en los que se ha formado medio Gobierno), y que son “malas”, así a secas. Te dicen que hay que despenalizar la ofensa a los sentimientos religiosos para que dejen de ser un derecho protegido del odio. Te dicen también que el derecho de las autonomías a eliminar impuestos debe ser anulado. Igual que derecho a la igualdad de esas mismas comunidades para participar en las decisiones estatales sobre los flujos migratorios. Y te dicen que, si quieren, el Gobierno se arroga el derecho a suprimir la deuda de un ayuntamiento que el PSOE quiere comprarse por decreto. Véase Jaén.

Te eliminan como ciudadano el derecho a que el Senado, una Cámara legítima y autónoma que has votado en las urnas, vea debatidas en el Congreso sus enmiendas a cualquier ley. Y la Mesa del Congreso decide por primera vez en 45 años la fulminación fáctica de todo un Senado. Te dicen que el derecho de cualquier ciudadano al juez predeterminado por la ley va por barrios. Si afecta a un robagallinas, que reviente con el togado que le toque. Pero si afecta a un amigo de la causa sanchista, ya no sirve cualquier magistrado predeterminado por la ley. Si no le gusta al PSOE, lo procedente es sustituirlo, acosarlo o estigmatizarlo hasta que renuncie porque es un ultra, o porque está ideologizado, o porque no es bueno para el convento.

«Después te quieren convencer de que un fiscal tiene todo el derecho a destruir pruebas delante de la Guardia Civil»

Y te dicen que el fiscal tiene derecho a ser autónomo, pero si después no se somete y guarda silencio, queda señalado y condenado a la leprosería de la Fiscalía. Y su carrera se acaba por no entender del todo que la Fiscalía depende de Sánchez. “Pues ya está”. Y después te quieren convencer de que un fiscal tiene todo el derecho a destruir pruebas delante de la Guardia Civil, pero el derecho que tienes tú a proteger tus datos confidenciales puede ser literalmente violado en aras del bien común, la libertad y el combate de los bulos.

Te han consagrado el derecho a que no funcionen los trenes, a que ‘okupen’ tu casa, y a que te digan que tu derecho a una vivienda sea una quimera si tienes 20 años. Y te inculcan que para que te informes correctamente hay que ahogar a los medios de comunicación críticos y que el derecho a la libertad de expresión lo va a fiscalizar Moncloa para censurar lo que no debe publicarse. Y te añaden que la cogobernanza es buena cosa, un derecho de todos. Pero si se trata de universidades privadas, por ahí ya no pasan. Ahí lo conveniente es recentralizar competencias, y olvidan su ficción del Estado federal para plantear exactamente lo que hacía el franquismo, el control férreo de las aulas y la endogamia universitaria. Te quitan el derecho a titularte donde te venga en gana, pero a cambio te lo conceden si eres ‘mujer de’ para disponer de una cátedra postiza sin los méritos y requisitos legales para ello.

«Todo el mundo entiende muy bien que no se puede colocar a putas enchufadas en empresas del Estado con dinero público»

Montero y un ministro juez como Grande Marlaska exigen que los jueces expliquen “mejor” sus sentencias. Pero a ver… si cuando les hacen caso y las explican, los llaman prevaricadores, los acosan, los tildan de fachas o sugieren que están locos. Los jueces de los ERE se explicaron muy bien. Tanto, que todo el mundo pudo entender la magnitud del mayor fraude de corrupción en democracia. Y Peinado se explica bien. Y Hurtado. Y Puente. Todo el mundo entiende muy bien que no se puede colocar a putas enchufadas en empresas del Estado con dinero público, previa petición expresa de que no las atosiguen además con trabajitos de oficina. El PSOE consintió un derecho erradicado como el de pernada, con sobrinitas de pega y catálogos en lencería, pero te cercena a ti la presunción de inocencia, la propiedad privada, la libertad de cátedra, la libertad de información…

¿En eso está el PSOE? ¿En arrasar los derechos consagrados e imponer nuevos pseudoderechos fraudulentos mediante la sumisión química del poder legislativo y del judicial? ¿Pero qué le está pasando al PSOE con los derechos democráticos? La pregunta no es fácil de contestar. Quizás cuando el PSOE decida que quiere volver a ser el PSOE, si es que eso llegase a ocurrir porque de momento el nivel del personal no apunta maneras, se dará cuenta del destrozo que está causando a nuestro principio de la legalidad.