Después de más de 25 años predicando en el desierto veo, no con cierto desasosiego, que la defensa importa en España. Importa debido a una guerra, importa debido a las presiones de Bruselas y de los Estados Unidos, importa debido a las amenazas y a los riesgos que no se han querido ver durante años. Sin embargo, en lo más profundo de nuestro ADN no nos importa. Todo se hace bajo presiones. No hay proactividad, pensamiento estratégico, sentido de Estado, debate social ni político. En definitiva, a la fuerza ahorcan. Decía Adam Smith en 1776, en su libro ‘Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones’, que «la defensa es de mayor importancia que la opulencia», capítulo que hemos pasado por alto y que se encuentra en el núcleo de los postulados del crecimiento económico de los países y del comercio internacional, cuya libertad empezamos a echar de menos.

España se encuentra hoy en una encrucijada a la que sucesivos gobiernos nos han llevado. La falta de un debate sosegado y sereno, que ha de venir planteado por la política para que cale en la sociedad y ésta considere la defensa como algo propio, ha sido hurtado constantemente. Y ahora toca vender algo que no se ha querido plantear nunca por ningún partido político debido a los peligros de huida de votos. Se vista como se vista, ha sido una dejación de funciones que pone en riesgo a la sociedad española. Por cierto, una parte de la sociedad no ha querido ver lo que hay en el mundo geopolítico y se ha encontrado –y se encuentra– anestesiada y cuyo buenismo, antimilitarismo e infantilismo, impulsado por los poderes políticos a falta del mencionado debate, hace que aún hoy día, con lo que tenemos encima, siga con planteamientos que son de otro planeta en muchos casos.

Hay que recuperar, al menos, una década de no invertir en defensa, desde los Acuerdos de Cardiff del año 2014, en que nos comprometimos a coronar el 2 por ciento del PIB en defensa, y eso sólo en lo que respecta al dinero. Pero esto lleva aparejada otra situación, cual es la falta de muchos sistemas necesarios para la defensa, de desarrollos de tecnologías, de inversiones en capacidades productivas, de número de efectivos, etcétera. Casualmente todo aquello que hoy es abrumadoramente necesario.

Lo que ha venido ocurriendo en las últimas décadas es que algunos países se mueven en el terreno de la denominada hipótesis de explotación –especialmente en el caso de la Alianza Atlántica, pero no exclusivamente–, la cual muestra que los miembros de la OTAN que más se benefician de la disponibilidad del bien público defensa y tienen los mayores medios para proporcionarlo soportan una parte desproporcionada de los costes (EE.UU.), situación que deriva en que otros países se aprovecharán de este hecho, convirtiéndose en ‘free riders’ (España, por ejemplo). En cuanto a las consecuencias de esta situación se podría mencionar, entre otras, el menor poder de disuasión de la Alianza, lo cual juega en contra de los beneficios del conjunto y de cada uno de los países por separado. En definitiva, se reducen los niveles de seguridad para todos.

Esta situación encaja mal con el declarado europeísmo de muchos países –dado que la mayor parte de los miembros de la OTAN son europeos–, por lo que los impulsos actuales no hacen más que poner en la posición adecuada a Europa, algo que debería haber ocurrido hace, al menos, una década.

Pero el esfuerzo no sólo se mide en términos de gasto en defensa con relación al PIB, ya que también se ha hablado de las tres ces –’cash’, ‘capabilities’ y ‘contributions’–, sobre todo por parte de los países que realizan un menor esfuerzo en gasto en defensa, a fin de mejorar su imagen dentro de la Alianza. Es cierto que cada país trata de poner sobre la mesa aquellas perspectivas de esfuerzo y aportación a la OTAN que más le favorecen. Sin embargo, poner sobre la mesa estos otros factores ha de ir acompañado de un esfuerzo adecuado en términos económicos, ya que una política que no lleva aparejados suficientes recursos económicos tiende a generar resultados pobres. Más aún en un sector en el que el nivel tecnológico es elevado, los costes de los sistemas de armas igualmente altos y, lo más importante, el coste de oportunidad no es en absoluto desdeñable.

Además, es necesario que haya una importante correlación entre el esfuerzo económico, la participación en operaciones y el tamaño de las Fuerzas Armadas. Lamentablemente esto no se ha dado en España ni se da hoy en día. La importancia de este hecho radica en que no hay recursos humanos suficientes para las necesidades de rotación de militares en las operaciones, lo cual conlleva que puede haber recursos materiales infrautilizados, por lo que los recursos económicos invertidos en ellos no se utilizan de manera adecuada, evidenciando importantes ineficiencias en las inversiones realizadas durante años. Es por lo que el equilibrio entre los tres factores es absolutamente necesario.

Por último, hay que considerar la derivada económico-industrial, cuya relevancia es difícil de soslayar. Hay numerosos motivos para tomar la industria de defensa como un activo estratégico para un país. Desde la necesidad de poseer cierta autonomía estratégica –nacional y europea–, la generación de tecnologías propias –muchas de las cuales son de uso dual, civil y militar–, la generación de empleos cualificados de alto valor, la capacidad exportadora, etcétera. Pero, lo más importante es que la industria ha de ser orientada en el largo plazo con estrategias que generen certidumbre, que permitan conocer las necesidades de las Fuerzas Armadas a medio y largo plazos, que sean claras y permitan saber a las compañías qué capacidades de producción, recursos humanos y tecnologías han de movilizar para responder a dichas demandas. Esto en España no ha ocurrido. Lamentablemente las estrategias industriales han sido y son ambiguas, poco claras en la priorización de necesidades y realizadas a fin de que los políticos no se pillen los dedos.

En definitiva, no hacer los deberes lleva a darse el atracón en muy poco tiempo. La industria española posee una capacidad limitada para absorber una parte de los recursos que van a estar a disposición para el sector. Aún no hay una estrategia de cómo y en qué gastarlos, es más aún no se sabe cómo financiarlos. Hoy, más que nunca desde hace décadas, es necesario el consenso político, que todos arrimemos el hombro, que seamos capaces como país de pensar en nuestra seguridad, de anteponer una estrategia de país a las ideologías y estrategias de partidos. En definitiva, debemos pensar en el bien de la sociedad y hacer de la seguridad del país una política de Estado. Ahora es el momento de demostrar que la defensa importa.