El anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, presentado este martes por Mónica García, ha introducido un cambio en el marco regulatorio de los fármacos que ha soliviantado a todo el sector.
El texto incluye un sistema de precios seleccionados. Es decir, el Ministerio de Sanidad recupera el modelo de las subastas para los medicamentos fuera de patente.
Sanidad prevé habilitar un mecanismo para que las compañías oferten los precios de sus medicamentos para un periodo de seis meses. Y el Ministerio financiaría en su totalidad aquellos con el precio más bajo.
La norma pretende generar competencia entre los productores y fomentar la incorporación de medicamentos genéricos. Con esta reforma, Sanidad dice querer favorecer a las rentas más bajas, pero serían precisamente las clases más desfavorecidas las que verían empeorada su situación con la nueva medida.
Porque la reforma obligaría a los pacientes a complementar la diferencia de precio si el medicamento que prefieren adquirir no es el que ha seleccionado Sanidad. Y sería el colectivo de pacientes más vulnerable (especialmente los polimedicados) el más afectado por la obligación de abonar la diferencia, y por la desestabilización asociada a los cambios en los tratamientos.
Pero el principal problema es que esa competencia que el Gobierno pretende espolear adoptará la forma de una competición a la baja. Porque la financiación pública de los fármacos más baratos incentivará una batalla por minimizar constantemente los costes. Y en ella muchas líneas de producción de medicamentos encontrarán dificultades para competir con otros productores extranjeros.
Resulta incomprensible que el nuevo texto de Sanidad se aparte del espíritu de la Estrategia de la Industria Farmacéutica 2024-28 del propio Gobierno. Un sistema que logró el consenso entre el sector público y el privado que ahora salta por los aires, y que tenía como principal objetivo estimular la industria farmacéutica española.
Este anteproyecto, al favorecer una competencia desleal y comprometer el suministro de medicamentos, va en el sentido justamente contrario al de ese plan. Que era el de dotar a España de una autonomía estratégica gracias a la garantía del abastecimiento.
De aprobarse, la reforma desbaratará todo horizonte de hacer de España un polo de desarrollo industrial en el ámbito farmacéutico, que era hacia donde nuestro país parecía tener potencial de avanzar.
El Ministerio de Mónica García, en cambio, resucita esa visión peyorativa de la industria farmacéutica, como un sector que gozaría de márgenes empresariales excesivos. Olvidando que el tejido industrial ha demostrado su gran capacidad de inversión en innovación.
De hecho, la investigación que permitió el tejido industrial farmacéutico fue crítico para superar la pandemia. Porque fue la rápida producción de vacunas lo que permitió el alto ritmo de vacunación.
Esta denostación del sector farmacéutico se enmarca en la actitud hostil que el Gobierno viene adoptando ante cualquier actividad privada, ya sea la industria energética, la banca o las universidades.
Por eso, lo mejor para los pacientes y para el sector sanitario sería que el texto no pasara de la fase de anteproyecto. Y que, de hacerlo, no superase la votación en el Congreso.