No hablemos de números, de las cifras de barbaridades provocadas a conciencia, sino de su repercusión personal. En absoluta diferencia con respecto a las víctimas de ETA, una gran mayoría de los familiares de las del GRAPO pudieron saber el nombre de quiénes les hicieron un daño insondable. Para garantizar alguna reparación a las víctimas es imprescindible la investigación judicial. No hay que dejar de insistir en los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, estrechamente ligados, a los que no se hace suficiente caso.

Bajo la coordinación y dirección de Consuelo Ordóñez, Ni justicia ni verdad es un informe de COVITE sobre la realidad judicial de los casos de terrorismo sin esclarecer, compuesto por Pablo P. Cid, Irene Muñoz Escandell y María Teresa Morán. Se ofrecen detalles nuevos, de modo que cada cual puede reconstruir mejor la verdad de esta historia y aportar conciencia para reconstruir el tejido social abrasado. Asombra conocer el cúmulo de escandalosas irregularidades, errores y negligencias de los responsables públicos que, a lo largo de los años, han permitido a los criminales impunidad.

¿Cómo es posible que lleguen a pasar veinticinco años de la perpetración de unos crímenes sin que se hayan celebrado sus juicios correspondientes? ¿Cómo pueden darse absoluciones porque la responsabilidad penal de los procesados haya prescrito? Este informe concluye que se precisó “la falta de voluntad de quienes tenían la obligación de impartir justicia y no cumplieron o estuvieron a la altura de la alta función que tenían encomendada”.

Falta de voluntad, falta de interés, falta de profesionalidad. Pésima coordinación, carencia de rigor y de eficacia. Omisión de diligencias elementales. Lentitud y torpeza. Un desastre. No generalicemos, pero son muchas las chapuzas y claman al cielo, una tras otra, y en este informe quedan detalladas:

-Sumarios desaparecidos o extraviados. Pérdida de pruebas.

-No recoger huellas dactilares.

-Asesinatos ‘despachados’ en veinticuatro horas. Absoluta falta de celo en la investigación del instructor y de los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional.

-Autopsias con informes deficientísimos.

-Informes de balística que no constan y que no fueron reclamados.

-Responsables identificados a quienes no se persiguió.

-Alguna documentación judicial que contenía el trabajo realizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Administración de Justicia en torno a un asesinato fue destruida por un expurgo llevado a cabo sin que el expediente llegara a la Audiencia Nacional. Incluso se llegó a ocultar expedientes policiales declarados ‘material sensible’, porque se estaba negociando con ETA y se temía la ira de la bestia.

-Casos tramitados por órganos judiciales incompetentes o en los que el órgano competente se inhibió para que la causa la tramitase quien no podía. O el crimen del que la Audiencia Nacional tuvo constancia, ya prescrito, sólo 33 años después de que se produjese.

Una vergüenza añadida, también impune, la de una complicidad necesaria al servicio de asesinos desalmados y en perjuicio de los aterrorizados. ¿Alguien intenta reparar la limpieza ideológica que la banda ultranacionalista ETA efectuó en el País Vasco y que tantos réditos dio al nacionalismo? Muchos debieron marcharse de allí y empezar de cero sin ayuda de ningún tipo, ni institucional ni social.

Aparte de la tragedia personal y familiar (una tristeza y soledad enormes), son sistemáticamente calumniados con insidia. Se les declaró ‘enemigos de Euskadi’, y a quienes se etiqueta de apestosos -bien lo saben Trump y Putin- se les puede hacer cualquier cosa, también eliminarlos, puesto que no son ‘humanos’. Para esta tarea, como digo, hacen falta cómplices que, como en los acosos escolares y laborales, jaleen o miren a otro lado, guardando un silencio que asiente.

“En 2017 COVITE alertó a la Audiencia Nacional de que al menos veintisiete víctimas no tenían ni siquiera sumario abierto en el órgano competente”. Reabrir mucho después estos procedimientos, ahora en manos de las víctimas, supone para éstas un calvario ‘infinito’ para establecer la verdad. Y la mayoría desiste, hastiada, abrumada.

Con respecto a los crímenes en la central nuclear de Lemóniz, ETA supo apropiarse del movimiento ecologista y, “aunque éste se inició de forma pacífica, desde que la organización terrorista puso en él sus manos, lo pervirtió por completo. El problema fue que no hubo tampoco una respuesta rotunda desde el movimiento ecologista contra ETA”.

Y salvo contadas excepciones, qué decir de los clérigos y de su complicidad (abierta o mal disimulada) con la banda criminal.