Ahora que Pedro Sánchez se siente tan cercano a China, es buen momento para proponerle que copie una de las medidas estrella del gobierno Xi Jinping: la pena de muerte por delitos de corrupción. Se trata de una iniciativa con amplio respaldo popular y que se aplica de manera inmisericorde. Casi todas los acusaciones terminan en ejecución o cadena perpetua. Pero, aunque suene extraño, no sería suficiente. Bien lo saben en Acento, la consultora dirigida por el exministro José Blanco, que impulsaron también miembros del PP, cuyos dos principales clientes en la actualidad son Marruecos y Huawei. Ellos han encontrado una manera de traicionar a España sin incurrir en ningún tipo penal, como la empresa de las hijas de Zapatero, que enseguida conectó también con clientes como Huawei y el gobierno de Venezuela. Como nuestros limpísimos eurodiputados investigados en Bruselas por su relación con el gigante tecnológico chino, estos sí imputables porque están en ejercicio.

Tal y como funciona el sistema actual, uno cobra un alto sueldo público durante un buen número de años, soporta en ese período el escrutinio cercano de la prensa y solo se libera realmente una vez que abandona el cargo. Como nuestras leyes de incompatibilidad son todo menos estrictas, una vez que se sale al mercado es cuando comienza la fiesta, vendiendo información y contactos a quien desee pagarlos para poder exprimir mejor sus negocios con España, siempre a costa de los contribuyentes. El Estado se convierte así en una máquina de futuros traidores a comisión, que podríamos llamar corruptos si no fuera por el hecho de que su conducta no está tipificada. Si algún día cae una sentencia desfavorable, siempre queda la baza del indulto de tus compañeros de profesión. Lo peor es que, expuestos a una corrupción intensa desde los años ochenta, los españoles parecemos ya anestesiados, más propensos a llamar ingenuo a quien denuncia que en admirarle por hacer lo correcto.

Mansedumbre ciudadana

Cristina Pardo, siempre tan chispeante, pronunció estos días una frase que explica muchas cosas: «Me parece contraproducente que en plena campaña de la renta tengamos la sensación de que pagamos con nuestros impuestos la vida sexual de algún ministro”.¿”Contraproducente” para qué? ¿Para que nos dejemos esquilmar con mansedumbre? ¿Para que pueda seguir el saqueo como hasta ahora? Lo más inquietante de la frase es cuando habla de «la sensación» porque realmente no es “una sensación”, sino algo más que una sospecha. Todos sabemos que hemos estado pagando la intensa y variada vida sexual de Ábalos, algo que no solo mancha al exministro, sino a unas élites del Estado a las que se mandaba fotos  de sus amantes en camisón cuando se ordenaba que las enchufasen. Ya no es el “caso Ábalos”, sino el «caso Ábalos no puede corromperse tanto tiempo sin un entorno favorable a que lo haga”.

Tener un país eficiente incluye asegurarse de que el Estado no es la mejor escuela de exministros sobornables

Bajo las grandes corrupciones, también seguimos encontrando las pequeñas. Es la que presenta de Pablo Iglesias, que señala en público al alcalde de Madrid por la ofensa de no cederle un local municipal para presentar un libro donde llama fascista a media España. Iglesias aprovecha para victimizarse y pedir a sus fieles que participen en una campaña de micromecenazgo para comprarse una taberna Garibaldi más grande. En el apartado de «recompensas», ofrece desde un agradecimiento escrito por 25 euros hasta cantarnos una canción por 250. ¿Qué español está para hacer esos regalos? El exvicepresidente de la sudadera de Fariña debería saber que este tipo de campañas son ideales para blanquear dinero, camuflado en forma de pequeñas donaciones (como lo es su plataforma informativa Canal Red). Los contactos internacionales de Podemos con Maduro, el kirchenrismo, Cuba, Petro y el Morena mexicano no son el dato más tranquilizador. Tener un país eficiente también incluye asegurarse de que el Estado no es la mejor escuela de exministros sobornables.