El ministro de Exteriores de Marruecos está inmerso en una gira para recabar apoyos a su plan para el Sáhara, que ha recibido en Rabat el sobrenombre de «8 días, 8 países». El gobierno marroquí se ve alentado por una mayor legitimación internacional, después de que su propuesta de autonomía saharaui bajo soberanía marroquí haya recibido el respaldo de la Administración Trump, y un primer acercamiento de la ONU tras el encuentro mantenido con su enviado el mes pasado.
El último de esos ocho países que ha visitado Nasser Bourita ha sido España, en una reunión con su homólogo José Manuel Albares en pleno Jueves Santo y casi por sorpresa. E indudablemente ha logrado del Gobierno de España lo que esperaba.
Porque el pronunciamiento del ministro de Exteriores español a favor del plan autonomista ha sido de lo más expreso. Albares se ha ratificado en la posición que el Gobierno asumió en 2022, dando un vuelco a la que había mantenido España históricamente: considerar la incorporación del Sáhara a Marruecos como «la base más seria, realista y creíble» para resolver el «diferendo».
Es evidente que el Gobierno se ha prestado por razones de pertinencia diplomática a asumir una postura sobre el Sáhara controvertida e impopular en España, que ni siquiera comparten sus socios de coalición. Es el precio a pagar por obtener en nuestra frontera sur garantías de seguridad de Marruecos.
La incógnita es si ese precio no resultará demasiado alto. Y, sobre todo, cuánto tiempo será capaz de comprar ese pago.
Porque aunque Albares y su homólogo marroquí han insistido en que, después de la «nueva etapa» inaugurada tras el «punto de inflexión» del fin de la crisis por el Sáhara, Madrid y Rabat viven «el mejor momento histórico» de su relación, lo cierto es que Marruecos no se ha destacado por ser un socio siempre fiable.
Empezando por la reiterada renuencia de Rabat a reconocer explícitamente la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. O la suspensión del reconocimiento de los visados de corta duración emitidos por España para entrar en las ciudades autónomas, complicando la circulación de los trabajadores transfronterizos.
Nadie podrá considerar el restablecimiento de la confianza con el régimen de Mohamed VI una mala noticia. Pero aún son varios los compromisos adquiridos por Marruecos en la Reunión de Alto Nivel de 2022 que permanecen sin materializarse.
Aunque Bourita ha presumido de que el cumplimiento de la hoja de ruta hipano-marroquí va a «buen ritmo», después de tres pruebas fallidas y seis años de espera no se han reabierto plenamente las aduanas comerciales en Ceuta y Melilla.
Tampoco han avanzado las negociaciones para definir la delimitación marítima entre Canarias y el litoral marroquí, mientras Marruecos ha ido extendiendo el alcance de sus aguas territoriales hasta interferir con las españolas. Ni se ha restablecido el paso fronterizo terrestre y la actividad comercial normal.
Además, y aunque ha mejorado la cooperación en materia migratoria, con Marruecos impidiendo la llegada de 20.000 inmigrantes, lo cierto es que Rabat ha permitido otros tantos saltos a las vallas de Ceuta y Melilla. Y que España sigue dependiendo de la buena voluntad de nuestros vecinos para controlar los flujos migratorios a conveniencia.
Todos estos factores son los que también deben computar en el cálculo diplomático a la hora de considerar tan entusiastamente a Marruecos como un «aliado».