Editorial-El Español
Pedro Sánchez anunció ayer martes un incremento de 10.471 millones de euros en el gasto de Defensa, hasta alcanzar el 2% del PIB este mismo año.
El presidente lo hará, sin embargo, sin someter el plan a la aprobación del Parlamento, aunque sí de la OTAN y Bruselas.
El intento de Sánchez de sustituir la legitimidad del Parlamento por el aval de la Alianza y de la UE es difícilmente justificable y confirma la transición del gobierno desde el parlamentarismo al patrimonialismo.
De acuerdo con Pedro Sánchez, el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa «revitalizará la economía española, generará un crecimiento del PIB de entre 0,4 y 0,7 puntos y creará hasta 100.000 empleos».
Una prioridad ineludible
La financiación de la iniciativa, que combinará los fondos europeos, la utilización de «remanentes» presupuestarios y las «reasignaciones» de partidas desde algunos ministerios a otros, plantea serias dudas.
EL ESPAÑOL apoya sin reservas el aumento del gasto en Defensa, una prioridad ineludible en un contexto geopolítico marcado por la amenaza rusa y los recientes cambios en la OTAN tras las decisiones de Donald Trump.
Pero este esfuerzo debe sustentarse en una mayoría parlamentaria sólida, no en maniobras que soslayan el debate democrático. El plan, además, debe ser negociado y aprobado por el PP, el líder de la oposición. Porque el gasto anunciado por Sánchez es estructural, no coyuntural, y deberá mantenerse en el tiempo, sea cual sea el signo político del gobierno que ocupe la Moncloa tras las próximas elecciones.
Es decir, el plan de Sánchez compromete la acción política, fiscal y presupuestaria de los futuros gobiernos.
En cambio, el presidente ha optado por una vía opaca, manejando las arcas públicas como si estas fueran su patrimonio personal y sin someter sus decisiones al escrutinio parlamentario, pero sí al de organismos supranacionales. Una estrategia que priva al Parlamento de una de sus principales funciones: la del control del gasto público.
El de Sánchez es, además, el único gobierno de la UE que no someterá el aumento del gasto de defensa a la aprobación de su Parlamento.
A ello se suma que la disponibilidad de los fondos europeos es incierta, dado que el quinto pago de los Fondos Next Generation se encuentra paralizado por incumplimientos como el de la no aprobación del impuesto al diésel.
Un regate coherente
Sánchez, que hasta hace poco criticaba a los gobiernos conservadores por priorizar la Defensa sobre el gasto social, presenta ahora como virtud lo que antes consideraba un defecto, y acusa al PP de no haber incrementado ese gasto en el pasado.
El regate al Parlamento es coherente, en cualquier caso, con la voluntad de Sánchez de gobernar hasta 2027 sin Presupuestos. Es decir, sin una mayoría parlamentaria estable.
Pero la Defensa no es un asunto trivial. Constituye el núcleo mismo de la soberanía nacional. El Estado moderno nace para proteger la vida, la hacienda y el bien común de sus ciudadanos. Y la Defensa es su expresión más tangible.
Precisamente por su trascendencia, cualquier decisión en este ámbito debe pasar por el Parlamento, que actúa como garante de la voluntad popular. Por el Parlamento, y por el diálogo y el acuerdo con el principal partido de la oposición. Sin atajos.