Cuando alguien se sienta en un Consejo de Ministros ha de saber que las decisiones allí adoptadas le conciernen a todos los efectos políticos y jurídicos. Que son suyas al margen de que esté o no de acuerdo con ellas. Que en un órgano colegiado todos sus componentes aceptan el mismo grado de responsabilidad solidaria. Y si alguien disiente o se queda en minoría durante la deliberación (en el supuesto de que la haya) sólo tiene un modo de manifestar su discrepancia, que es dimitir, aunque la renuncia tampoco le exima de su aval a la resolución una vez tomada. De modo que Yolanda Díaz y sus ‘yolanditos’ han dado consentimiento, les guste o no, al gasto en defensa, como lo dieron al volantazo sobre la posición española en el Sahara. Y Sánchez les hace un favor al no llevar ninguno de los dos asuntos al Congreso, porque así les exime de la contradicción que supondría votar en contra de lo que ya han aprobado… o hacerlo a favor tragándose oficialmente y en público sus reparos. Por eso no protestan demasiado ante el escamoteo flagrante del control parlamentario, que les permite exhibir su falso disenso para conformar a unos seguidores poco familiarizados con el funcionamiento del sistema democrático.

Otro tanto sucede con Podemos, aunque sus dirigentes se sientan con las manos más libres por no formar parte del Gobierno. Pero sí gestionaban cinco carteras cuando se produjeron los hechos que ahora acorralan al Ejecutivo. Cuando Ábalos compraba mascarillas truchas y colocaba amantes mercenarias en empresas estatales. Cuando Begoña Gómez trapicheaba en la Moncloa con sus másteres de la Universidad Complutense. Cuando el comisionista Aldama tenía vara alta en los pasillos ministeriales. Cuando el Gabinete en pleno, con Pablo Iglesias de vicepresidente e Irene Montero de titular de Igualdad, aprobó –colegiadamente– el rescate de Air Europa.